CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Nacional de Nueva Derecha acusó a la llamada “Cuarta Transformación” de promover una aplicación discriminatoria de la ley a través de la Secretaría de las Mujeres, al considerar que los posicionamientos públicos de su titular, Citlalli Hernández, buscan deslegitimar procesos judiciales cuando las imputadas son mujeres y excluir a los hombres como posibles víctimas del delito de violencia vicaria.

El señalamiento fue difundido por la organización de corte político-religioso mediante un comunicado emitido el 2 de febrero, en el que sostuvo que la Secretaría ha ejercido presión política en un proceso penal en curso, lo que —afirmó— vulnera la división de poderes y el Estado de derecho, al pronunciarse públicamente sobre la culpabilidad o injusticia de una vinculación a proceso ya determinada por una autoridad judicial.

La acusación del Consejo se dio menos de tres días después de que Hernández calificó como “injusta” la vinculación a proceso de Stella “N”, en el estado de Coahuila, por el delito de violencia vicaria, derivada de la denuncia presentada por su exesposo.?

En ese posicionamiento, la funcionaria de Morena sostuvo que la imputación obedecía a una “definición errónea” del tipo penal y afirmó que esta forma de violencia “sólo se ejerce contra las mujeres”.?

También explicó que la vinculación a proceso de una mujer por el delito de violencia vicaria constituye una contradicción técnica, al argumentar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define este tipo de violencia como aquella que se ejerce con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres a través de un tercero. En ese sentido, puntualizó que la propia ley obliga a todas las autoridades a realizar una homologación normativa basada en ese principio, el cual —señaló— reconoce la desigualdad histórica.

En cambio, para el Consejo Nacional de Nueva Derecha, estos pronunciamientos constituyen “una discriminación jurídica abierta” al excluir a los hombres como posibles víctimas del delito de violencia vicaria.

La organización afirmó que minimizar los casos en los que hombres resultan afectados, al señalar que representan una minoría, implica negarles protección efectiva, ya que “una víctima no vale menos por ser minoría”.

Añadió que este enfoque desconoce la igualdad ante la ley y envía el mensaje de que “la igualdad ante la ley es aplicable según el sexo al que se pertenece”.

El Consejo advirtió además que los posicionamientos públicos de la titular de la Secretaría constituyen una intromisión en asuntos judiciales, al señalar que “la presión política de la Secretaría de Mujeres en procesos estrictamente judiciales vulnera la división de poderes y el Estado de derecho”.

En el mismo escrito, exigió que Citlalli Hernández “detenga de inmediato toda gestión, presión o pronunciamiento orientado a torcer el curso del proceso jurídico ya abierto” y que se abstenga de intervenir, “directa o indirectamente, en decisiones que corresponden exclusivamente al Poder Judicial”.?

En caso de confirmarse conductas de presión o intervención indebida por parte de la morenista, pidió a las autoridades que sean investigadas para determinar responsabilidades.?

La controversia se da en el marco de las funciones de la Secretaría de las Mujeres, dependencia que sustituyó al Instituto Nacional de las Mujeres a partir del 1 de enero de 2025 y cuya misión institucional es diseñar y ejecutar políticas públicas para alcanzar la igualdad sustantiva y garantizar que las mujeres vivan libres de violencia.