Hidalgo
Procesan a exoficial mayor de Fayad por presunto fraude de seguro y venta ilegal de helicópteros
En una jornada en la que se llevaron a cabo dos audiencias con el mismo imputado, el exfuncionario fue acusado, primero, de peculado agravado y, posteriormente, de uso ilícito de atribuciones agravado.HIDALGO (apro) .- Martiniano Vega Orozco, oficial mayor de Hidalgo durante el gobierno de Omar Fayad Meneses (2016-2022), fue vinculado a proceso en dos causas penales: un posible fraude en el cobro del seguro catastrófico por los daños del huracán Grace en 2021 y por la venta ilegal de tres helicópteros, sin avalúo y a un precio por debajo de su valor real.
En una jornada en la que se llevaron a cabo dos audiencias con el mismo imputado, el exfuncionario fue acusado, primero, de peculado agravado y, posteriormente, de uso ilícito de atribuciones agravado.
Estos cargos se suman a los dos procesos activos por los que Martiniano espera juicio; ambos, por probablemente simular la compra de dos softwares inexistentes. Además, ya fue sentenciado por otra adquisición fantasma a 12 años de prisión.
En la primera audiencia, por la mañana, Vega Orozco fue responsabilizado de la dispersión ilegal de 116 millones 62 mil pesos a una cuenta bancaria de la empresa Logcom Trading Company S.A. de C.V. –presuntamente, una comercializadora creada exprofeso para transacciones como ésta–.
La transferencia la hizo Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V. por el contrato 303/2021, que había firmado con el gobierno de Hidalgo por una póliza de seguro catastrófico.
Esa póliza se hizo efectiva por los daños que el huracán Grace causó en la entidad entre el 21 y 22 de agosto de 2021.
Previamente, Vega Orozco había solicitado recursos extraordinarios por 60 millones de pesos para la renovación de esa póliza, el 30 de abril del 2021.
La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) afirma que no existe evidencia de que los 116 millones de pesos cobrados como seguro de daños ingresaran al Gobierno de Hidalgo, después de su dispersión en la cuenta de Logcom Trading Company.
Al dictar la vinculación a proceso, el juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva y estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Por la noche, Martiniano Vega fue imputado por uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, en perjuicio de la administración pública del estado, por la venta ilegal de tres aeronaves.
La procuraduría lo acusó de hacer la operación sin avalúo, a un costo inferior al precio comercial que los helicópteros tenían en ese momento. Esa venta la cerró la administración de Fayad en 116 millones 401 mil pesos.
Por este caso, Martiniano también fue vinculado a proceso, con un periodo de seis meses para el cierre de la investigación; igualmente, con la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El exoficial mayor se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca desde el 22 de junio de 2023.
En julio pasado, fue condenado a 12 años de prisión, más el pago de una multa por concepto de reparación de daño que asciende a 14 millones 820 mil 904 pesos, por firmar un contrato por 18 millones 249 mil 70 pesos, para la supuesta adquisición de crema quirúrgica antiséptica por la emergencia sanitaria que ocasionó el Covid-19, con la empresa de ingeniería civil y obras pesadas Remaco Servicios Empresariales S.A. de C.V. Sin embargo, el producto no fue localizado.
De igual forma, tiene dos procesos activos por presuntas compras fantasma de dos softwares: un Sistema Integral de Nómina y Recursos Humanos “adquirido” a la empresa Soluciones Empresariales Rodida S.A. de C.V., tras un pago de 11 millones 850 mil 999 pesos, y uno para el monitoreo de obras, por el cual se destinaron 11 millones 998 mil 560 pesos, al amparo de un contrato otorgado a la firma Aktaion Digital.
Con las dos vinculaciones de hoy, Martiniano Vega, durante 29 años ligado a los cargos públicos que desempeñó el exgobernador Omar Fayad, suma cuatro causas penales vigentes por posibles delitos de corrupción.