PACHUCA, Hgo. (apro).- El presidente municipal de Tula de Allende, Manuel Hernández Badillo, fue detenido esta tarde por su presunta responsabilidad en uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, debido al maxiproceso que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) sigue por el mecanismo de simulación de servicios y transferencias de recursos extraordinarios a empresas falsas, denominado “la estafa siniestra”.

La operación, a cargo de la Policía Ministerial, ocurrió a las 4:20 de la tarde en la colonia El Cielito, entre la calle Tula-Refinería, frente al lugar conocido como El Conchal. Posteriormente, el munícipe fue puesto a disposición del juez local en las oficinas del ministerio público de Tula. Su estatus, de acuerdo con la información del Registro Nacional de Detenciones, es “en traslado”.

Todos los procesos por la “estafa siniestra” se han desahogado en Pachuca, debido a que la PGJEH ha considerado que de mantenerse en los distritos judiciales de los que los alcaldes presuntamente implicados en esta red de corrupción son originarios, podrían usar sus relaciones políticas y recursos para evadir la acción de la justicia.  

Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la PGJEH, confirmó el cumplimiento de la orden de aprehensión contra el edil y el delito que se le imputa, sin ahondar al respecto.

Hernández Badillo no fue incluido entre los 13 primeros alcaldes que el gobierno del estado refirió como presuntos implicados en la “estafa siniestra”, cuando pormenorizó sobre este mecanismo de desvíos tras las detenciones iniciales de cuatro presidentes en noviembre de 2022: Fidel Arce Santander, de Epazoyucan; Elías Sanjuan Sánchez, de Yahualica; Felipe Juárez Ramírez, de Huautla, y Fidel Arce Santander, de Epazoyucan. Este último, el único de ellos que libró la prisión por un recurso legal y posteriormente, tras no presentarse a enfrentar su proceso, declarado prófugo.

No obstante, en mayo, tras la formalización de una denuncia por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), la Procuraduría inició un procedimiento en contra el gobierno de Tula y su presidente municipal por su presunta responsabilidad en peculado y desvío de recursos por 60 millones 940 mil pesos, que corresponden a presupuesto extraordinario que recibió la administración para atender los daños ocasionados por la inundación a causa del desbordamiento de ríos en septiembre de 2021.  

El monto corresponde a irregularidades en la cuenta pública de aquel año detectadas por la ASEH, que incluye un millón 74 mil 497 pesos por colchones adquiridos que no cumplieron con la calidad y la características contratadas, los cuales fueron rotos y quemados como protesta por damnificados. 

Se trata de 763 colchones reconstruidos –aunque facturados a precio de nuevos– que, según la denuncia de pobladores, tenían chinches, pulgas y otros insectos que provocaron ronchas, alergias y otros problemas de salud.

El ente fiscalizador también observó omisiones en el proceso de adjudicaciones para medicamentos y productos farmacéuticos, así como la entrega de ayudas sociales.

Las inconsistencias no solventadas tras el plazo legal que atribuye la ASEH incluyen 21 millones 322 mil 963 pesos que correspondieron a la entrega de paquetes de personas beneficiadas por las inundaciones, pero los auditores detectaron que no había documentación fehaciente que ampara adquisiciones y entregas.

Aunque parte de las observaciones se centran en acciones tras el desbordamiento de los ríos, el órgano estatal igualmente encontró que no hubo justificación para que se entregara por adjudicación directa un contrato para modernizar la carretera Tula-Refinería, por 13 millones 557 mil 707 pesos, en lugar de someterlo a un proceso de licitación, entre otros, como falta de evidencia de pólizas de egresos, transferencias bancarias, comprobantes fiscales digitales por internet, contrato, expediente técnico, memoria fotográfica y bitácoras a la partida de servicios de jardinería y fumigación.

Desde julio, la asamblea de Tula requirió al titular del ayuntamiento informar sobre la no solventación de inconsistencias y el inicio de un proceso penal contra él y el municipio; no obstante, no atendió los requerimientos.  

Recientemente, el presidente de la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso local, Octavio Magaña Soto, declaró que tenía conocimiento que la integración de la carpeta contra el edil había avanzado, después de que se habían recabado posibles evidencias de que el recurso fue malversado.