HIDALGO (apro).- De la revisión de la cuenta pública 2022, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo detectó un importe pendiente de solventar de 255 millones 87 mil 117 pesos, entre ayuntamientos, entidades del sector paraestatal y organismos autónomos.

Cinco municipios implicados en el esquema de dispersión de recursos a empresas fantasma y simulación de servicios durante la emergencia sanitaria por Covid-19, así como de obra pública no comprobada en zonas rurales, que las autoridades locales denominan “la estafa siniestra”, concentran más de 80 por ciento del monto no justificado.

Se trata de Singuilucan, con 84 millones 516 mil 632 pesos; Tepeji del Río de Ocampo, con 41 millones 124 mil 986 pesos; Tlahuelilpan, con 39 millones 377 mil 552 pesos; Yahualica, con 29 millones 662 mil 57 pesos, y Acaxochitlán, con 18 millones 710 mil 150 pesos. 

Todas estas demarcaciones, de acuerdo con el rastreo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del estado, participaron en la posible malversación de recursos a través de “la estafa siniestra”, que se llevó a cabo durante la etapa de confinamiento: Singuilucan, a cargo de Marcos Miguel Taboada Vargas, postulado por Nueva Alianza, con una imputación de 109 millones 645 mil 325 pesos.

Tepeji, con el priista Salvador Jiménez Calzadilla, de Tepeji del Río, a quien la Procuraduría General de Justicia de la entidad demanda 98 millones –aunque él refirió que había reintegrado casi 58 millones que había recibido como recursos extraordinarios por la pandemia–, y Tlahuelilpan, cuyo edil José Alfredo Díaz Moreno fue vinculado a proceso por peculado de 18 millones 380 mil 890 pesos asociados a este esquema de desvíos, pero que enfrenta su proceso en libertad.

En Acaxochitlán, a cargo del morenista Erik Carbajal Romo, el presunto desfalco asciende a 32.9 millones, mientras que, en Yahualica, con faltante de 29.2 millones de pesos, el munícipe Elías Sanjuán Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, enfrenta los cargos de peculado y uso de atribuciones agravados en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, donde fue recluido desde el 24 de noviembre de 2022.

El ente fiscalizador informó que practicó 110 auditorías, 45 auditorías financieras, 45 de cumplimiento, 18 de inversiones físicas y dos al desempeño, tras las cuales fueron emitidas 515 recomendaciones y se generaron 222 pliegos de observaciones, que los sujetos obligados deben solventar. 

No obstante, el titular de la ASEH, Jorge Valverde Islas, acotó que esta primera entrega de informes individuales de la cuenta pública 2022, que fiscalizan a 12 entidades del sector paraestatal y organismos autónomos, 20 municipios y 15 organismos descentralizados municipales, no necesariamente implican un daño a la hacienda pública, hasta el momento.

Del monto de 255 millones que se reclama, 7 millones 570 mil 91 pesos corresponden a entidades del sector paraestatal y organismos autónomos; 243 millones 788 mil 303 pesos a municipios, y 3 millones 728 mil 722 pesos a organismos descentralizados municipales. 

De los importes mencionados, las cinco entidades del sector paraestatal y organismos autónomos que presentaron el mayor importe por solventar son el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, con 6 millones 928 mil 483 pesos; el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, con 392 mil 433 pesos; el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, con 178 mil 992 pesos; la Agencia Estatal de Energía de Hidalgo, con 42 mil 45 pesos, y el Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo, con 28 mil 135 pesos. 

De los organismos descentralizados municipales, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, con 723 mil 585 pesos; el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huazalingo, con 500 mil 737 pesos; el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Huichapan, con 440 mil 254 pesos; el Sistema de Agua Potable Chapantongo, con 424 mil 125 pesos, y el Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca, con 420 mil 469 pesos fueron las que más observaciones acumularon.

Asimismo, con relación a las observaciones vigentes de los informes individuales de auditoría que corresponden a los ejercicios 2021 y 2022, el auditor informó que ha realizado seis denuncias de hechos contra el mismo número de municipios –también señalados por la PGJEH por presuntamente participar en la “estafa siniestra” –:Nopala de Villagrán, por 71 millones 960 mil 890 pesos; Epazoyucan, por 14 millones 215 mil 780 pesos; Pisaflores, por 30 millones 960 mil 890 pesos; Tula de Allende, por 60 millones 579 mil 460; Huautla, por 26 millones 615 mil 778 pesos, y Atitalaquia, por 27 millones 412 mil 183 pesos.

Estos casos, añadió, tendrán el seguimiento correspondiente por parte de las autoridades de procuración de justicia.