CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, los alcaldes removidos de Epazoyucan y Huautla, Fidel Arce Santander y Felipe Juárez Ramírez, buscan, mediante amparos, revertir la imputación por los delitos de peculado agravado y uso indebido de atribuciones agravado, y la posterior vinculación a proceso que los tiene en prisión preventiva.

Ambos exediles, que junto a Elías Sanjuán Sánchez, destituido de la alcaldía de Yahualica, fueron detenidos el 23 de noviembre por el esquema de presunta simulación de servicios y transferencias a empresas fantasma conocido como la “estafa siniestra”, requirieron la protección del Poder Judicial de la Federación al acusar supuestas irregularidades cometidas por el juez de control adscrito al Primer Circuito Judicial de Pachuca, que, tras considerar que hay elementos de posible responsabilidad en los delitos que les imputó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), determinó mantenerlos en prisión mientras dura la investigación complementaria, al argumentar riesgo de fuga.  

De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, procurador interino, la “estafa siniestra” es un presunto desvío de 522 millones 824 mil 955 pesos en la que, con base en el rastreo realizado por la Agencias de Investigación Criminal (AIC), participaron 13 ayuntamientos y dos secretarías del gobierno del estado, durante la administración del priista Omar Fayad Meneses.

Del monto total, al removido munícipe de Huautla le fincan posible responsabilidad por 26 millones 615 mil 780 pesos que, según la indagatoria, obtuvo mediante recursos extraordinarios para rehabilitación de caminos rurales e insumos para la contingencia por Covid-19, mientras que a su similar de Epazoyucan las autoridades demandan 14 millones 215 mil 780 pesos facturados en pavimentación y reencarpetamiento de vialidades.

Asimismo, al tercer detenido, Elías Sanjuán, de Yahualica, quien igualmente perdió el cargo tras la solicitud de la PGJEH y resolutivo del Congreso local, le imputan peculado por 29 millones 224 mil 727 pesos. En todos los casos, el ministerio público asegura que las obras no se realizaron, aunque se presentaron facturas con las que las Secretarías de Finanzas y Contraloría validaron operaciones que, insisten, son inexistentes.

Por este caso de posible corrupción, el Poder Judicial ha declarado dos prófugos: los alcaldes de Nopala, Luis Enrique Cadena García, y de Pisaflores, Luis Francisco González Garay. El primero, que había sido detenido también el 23 de noviembre, evadió la prisión preventiva justificada por un amparo, y aunque había comprometido seguir su proceso ante la autoridad, no se presentó a la audiencia en la que se definiría su situación jurídica.

González Garay, buscado por las autoridades desde que agentes de la AIC ingresaron al municipio rural de Pisaflores a cumplir una orden de aprehensión y no fue localizado en las propiedades donde tenía movilidad, tampoco en la sede del ayuntamiento ni el territorio estatal, también promovió un amparo para que se le respeten sus derechos políticos y su cargo, los cuales perdió con la declaratoria de fuga y la remoción de la asamblea.

Además de ellos, el alcalde de Huazalingo, Julio César González García, quien ha sido señalado por peculado de 18.5 millones de pesos, promovió dos amparos ante posibles órdenes de aprehensión.

Acusados de participar en este esquema para triangular recursos a empresas fantasma y facturar servicios simulados, el alcalde priista de Zacualtipán, Edgar Josué Moreno Gayosso (14 millones de pesos), así como sus pares de Singuilucan, Marcos Miguel Taboada Vargas (109 millones 645 mil 325 pesos, el mayor monto de este esquema de desvíos), y de Atotonilco el Grande, Hugo Ramírez López (19 millones 920 mil 400 pesos), también promovieron amparos para evitar aprehensiones.

Taboada Vargas fue postulado por Nueva Alianza, en tanto que Ramírez López por el extinto partido local Podemos –ligado a exdirigentes locales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) allegados a la exlideresa Elba Esther Gordillo Morales–.

Asimismo, dos exfuncionarios del gobierno anterior, miembros del grupo político de Fayad, pretenden evitar detenciones por la “estafa siniestra” a través de amparos: César Román Mora Velázquez, que ocupó el cargo de secretario de la Contraloría, y Martiniano Vega Orozco, otrora Oficial Mayor.

Nieto Castillo afirmó que las detenciones realizadas son “la punta del iceberg” del esquema de corrupción, y que a través de criterios de oportunidad y las investigaciones complementarias pretender identificar al autor intelectual, que, presumen, está en el primer círculo político de Omar Fayad, con un exintegrante de su gabinete.