PACHUCA, Hidalgo (apro).- La imputación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) contra Martiniano Vega Orozco, el oficial mayor en el gobierno de Omar Fayad Meneses detenido este 21 de julio por probable peculado agravado, se basa en dos contratos que fueron pagados, pero presuntamente, nunca se entregaron los productos. De tal forma, con base en las líneas de investigación, aunque se emitieron facturas por estos pedidos, se consideran “adquisiciones fantasmas”.

Se trata de un software para el registro y monitoreo de obras de infraestructura, con un costo de 11 millones 998 mil 560 pesos, y el requerimiento de 34 mil 358 litros de crema quirúrgica antiséptica para combatir el síndrome respiratorio agudo del SARS-CoV-2, por los que se erogaron 18 millones 248 mil 606 pesos.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entidad asegura que los productos relacionados con Covid-19 nunca llegaron a bodegas ni fueron distribuidos, en tanto que el sistema informático es inexistente, porque en ningún momento se encontró dentro del patrimonio del estado.

El contrato por la crema antiséptica fue otorgado a Remaco Servicios Empresariales SA de CV, una empresa con actividad comercial de “construcciones de ingeniería civil u obras pesadas” que, entre otros servicios, también acordó con la Secretaría de Finanzas cinco capacitaciones de 90 horas sobre uso de paquetería Office, Java avanzado, calidad en el servicio y servicios inclusivos por 9 millones 899 mil 672 pesos, el 21 de mayo de 2021.

Además, entre otras oficinas gubernamentales con las que se relacionó, a la Agencia de Seguridad Estatal (ASEH) le facturó 393 mil 599.82 pesos en batas, mascarillas, cubrebocas, tanque de oxígeno, cánula nasal, catéter, jeringa, venda elástica y bota para cirujano, y al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH) otros 76 mil 884.80 pesos en productos como batas, guantes, cubrebocas y oxímetros, de acuerdo con los pedidos 203/2022 y 095/2021, respectivamente.

El contrato por los 18.2 millones de pesos que corresponde a la “crema fantasma” fue validado por Vega Orozco y su subalterno Víctor Eloy Porras Oaxaca, exdirector de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, detenido el 13 de junio, precisamente, con un cargo por peculado relacionado con esta transacción.

Esta firma, cuyo representante legal es Luis Alberto Monroy Villalobos, fue fundada el 12 de febrero de 2019, según el acta constitutiva 5,707, pasada ante la fe del notario 3 del Distrito Judicial de Atotonilco el Grande, Alejandro Enrique Soto Rojas.

Su dirección es un predio en San Antonio El Desmonte, bulevar Las Palmas, 101, misma colonia, y a unos metros, de la bodega de Producciones Autica, que también es uno de los domicilios fiscales de Creaciones, Espectáculos y Producciones de México. Estas últimas dos empresas forman parte de una red inicialmente dedicada a los eventos masivos que comparte socios y apoderados legales, que simularon competencia para acceder a contratos en la administración de Fayad y, cuando llegó la contingencia sanitaria, se convirtieron en proveedores de insumos Covid. Ellos, además, arrendaron los lavamanos a donde debía llegar la crema antiséptica facturada por Remaco SA de CV.

El segundo acuerdo comercial que se imputa a Martiniano es con una presunta facturera: Aktaion Digital SA de CV. Con domicilio en avenida Coyoacán 1878, departamento 1405, colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, esta compañía recibió una transferencia bancaria por un sistema que requirió la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones.

Esta oficina dependía de la Secretaría de Contraloría, cuyo titular en ese momento, César Mora Velázquez, está prófugo por presuntos actos de corrupción, con alerta roja emitida por Interpol. Desde que dejó su puesto tras el cambio de gobierno en Hidalgo, este exfuncionario ha promovido amparos para evitar ser aprehendido.

El contrato por el software, validado por el exoficial mayor el 23 de marzo de 2021, dice que este sistema debería permitir una revisión detallada de la documentación sobre las obras, para darles seguimiento, además de programar visitas de inspección; dar permisos a usuarios, designar roles y validar actas de entrega-recepción. No obstante, la AIC sostiene su inexistencia.

Aktaion, con registro cancelado en abril por la Contraloría ante irregularidades en la prestación de servicios, igualmente está asociada con un posible desvío de 144 millones de pesos a través de un software adquirido para recuperar datos de estudiantes de un subsistema educativo, tras un ataque informático.

El requerimiento se hizo a través de la Secretaría de Educación Pública (SEPH); sin embargo, los agentes a cargo de una investigación por la cual está bajo proceso, con prisión preventiva justificada, el exsubsecretario de Finanzas de esta dependencia, Pablo Moreno Calva, aseguran que el hackeo a las boletas del Colegio de Bachilleres del estado nunca existió, y que se simuló una supuesta emergencia para justificar el contrato y transferir los recursos.

Después de dos intentos de captura, el profesor normalista Martiniano Vega, miembro del grupo político del exmandatario Fayad, fue detenido el 21 de julio y recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca. En su audiencia inicial, se acogió a la duplicidad del término, por lo que su situación jurídica se resolverá este jueves.

Las operaciones indebidas con el erario hidalguense que le imputa la PGJEH están asociadas con un esquema para sustraer recursos a través de servicios simulados, que el gobierno de Julio Menchaca Salazar denominó “la estafa siniestra”.

Inicialmente, el rastro llevó a 522 millones de pesos a través de 13 municipios y con la participación de, al menos, dos integrantes del gabinete de Omar Fayad. No obstante, el encargado del despacho de la procuraduría, Santiago Nieto Castillo, actualizó que esta presunta trama de saqueo supera los dos mil millones de pesos y, además de los ediles, que ya sumarían 15, y ahora tres exfuncionarios de primer nivel, hay subsecretarios, integrantes de Cabildos, empleados de municipios, así como dueños y representantes de empresas implicados.