TEPIC (apro).- Desde su arraigo domiciliario, el activista Isaac Cárdenas Valdez, conocido como “Chakín”, aseguró que la Fiscalía de Nayarit le está fabricando delitos y advirtió que el proceso penal que enfrenta —que califica como una persecución en represalia por su activismo contra la construcción de un estadio en los terrenos de Ciudad de las Artes— no lo detendrá en la defensa del proyecto cultural.

“Esto es una intimidación clara para que me calle”, dijo.

La Fiscalía de Nayarit informó el 12 de noviembre que tanto Chakín como Edgar Iván fueron detenidos por el delito de ultraje a la moral en flagrancia, y horas después les agregaron el delito de cohecho. Sin embargo, familiares y videos difundidos en redes sociales desmintieron la versión oficial al mostrar que ambos fueron detenidos de manera arbitraria y por separado.

En entrevista con Proceso, el activista relató que todo comenzó la noche del martes 11 de noviembre cuando acudió al cerro de San Juan, en Tepic, para recoger a Iván, a quien conoció por primera vez en persona después de meses de comunicación por redes sociales.

Estaban dentro de su camioneta cuando varias patrullas llegaron al lugar. Según su testimonio, los agentes interpretaron que realizaban actos sexuales. “Me preguntaron: ‘¿Qué estaban haciendo?’ Les dije: ‘Nada’. Levanté las manos y mi pantalón estaba cerrado”, afirmó. Explicó que se encontraba orinando afuera del vehículo y que no cometía ninguna falta.

La situación escaló cuando se identificó como activista. “Les dije: ‘Soy una persona de bien… no tengo por qué hacer eso en la vía pública’”, relató. Aun así, fue trasladado a los juzgados cívicos, donde pasó la noche. La jueza lo absolvió al no existir pruebas. No recibió ningún documento sobre ese procedimiento.

Lo sacaron de su casa con engaños para detenerlo

Ya en su casa, mientras cenaba, recibió un mensaje de Facebook presuntamente enviado por Iván, quien se disculpó por lo ocurrido e insistió en verlo. Ante su temor por salir, Chakín le pidió que acudiera a su domicilio. Minutos después, Iván le avisó que estaba afuera y le pidió dinero para completar un gasto.

En cuanto salió, hombres encapuchados y armados lo interceptaron. “Pensé que me estaban secuestrando. Me metieron a un carro, grité, me resistí; ahí fue cuando me golpearon y me pusieron una capucha”, narró. Durante el trayecto temió por su vida.

Fue llevado a la Fiscalía de Nayarit, donde —asegura— le presentaron documentos ya redactados con imputaciones falsas. “Me encañonaron con armas de fuego para que firmara. Firmé bajo presión, intimidación y amenazas”, denunció.

Pidió comunicarse con su familia y abogado, pero se lo negaron por “órdenes superiores”. Intentaron imponerle un defensor de oficio, pero no aceptó. Hasta el día siguiente pudo ver a su madre, quien gestionó su representación legal por el abogado Joel Alejandro Fernández Pérez.

Posteriormente fue trasladado al penal Venustiano Carranza, donde fue ubicado en un área para personas acusadas de delitos graves. Algunos custodios lo reconocieron por su activismo y le expresaron apoyo.

El activista afirmó que no tuvo una audiencia en las primeras 72 horas como exige la ley. “Mi audiencia no fue dentro de las 72 horas reglamentarias”, señaló. Permaneció incomunicado y sin explicación sobre la dilación.

El sábado 15 se tenían programadas dos audiencias: una por cohecho y otra por ultraje a la moral. Minutos antes de iniciar la primera, la Fiscalía desestimó el cohecho tras la difusión de videos que exhibieron inconsistencias en el actuar policial y la forma en que se llevaron a Iván.

La Fiscalía anunció que los agentes involucrados serían investigados y sancionados, aunque él consideró esa decisión una medida para “calmar las aguas”. Ese mismo día se celebró la audiencia por ultraje a la moral, pero la defensa solicitó ampliación de plazo. La jueza modificó la medida cautelar y ordenó arraigo domiciliario.

Chakín señaló que la autoridad aseguró falsamente que había “niños y adultos mayores” en la zona, lo que él niega. También relató contradicciones en la versión policial: primero dijeron que hubo una denuncia vecinal; luego, que se trataba de un operativo de rutina.

El trasfondo: su activismo por Ciudad de las Artes 

Cárdenas sostiene que su detención es una represalia por oponerse a la construcción de un estadio en terrenos de Ciudad de las Artes, un espacio con infraestructura cultural abandonada pero recuperable. El gobierno estatal impulsa un proyecto para edificar ahí un estadio financiado con recursos públicos y después concesionarlo a particulares.

También afirmó que el hostigamiento se intensificó porque él convocó y organizó una marcha el sábado 15, como parte de la movilización nacional de la Generación Z, y para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan.

Según dijo, su proceso penal inició justo en días clave: la entrega de una respuesta en el juicio de amparo -ya que es uno de los firmantes del amparo y principal impulsor de la lucha social y jurídica- contra el estadio y la preparación de la manifestación ciudadana.

Durante su estancia en el penal Venustiano Carranza, Chakín —activista comunitario “24/7”— dijo que pudo observar de primera mano la precariedad, el hacinamiento y el abandono en el que viven las personas privadas de la libertad. Afirmó que esa experiencia lo marcó profundamente y que, una vez que concluya su proceso, impulsará acciones y redes de apoyo para quienes se encuentran en situación de cárcel, porque “nadie merece enfrentar un sistema así, sin defensa ni dignidad”.

Chakín adelantó que presentará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos “en contra de la Fiscalía, porque son ellos los que armaron todo”.

A unas horas de su próxima audiencia, aseguró que seguirá en la defensa legal y social del proyecto. “Yo quiero seguir luchando porque es mi convicción… No puedo fallarles a todas las personas que confiaron en mí y a quiénes me están apoyando”, expresó.

Desde el pasado jueves, Proceso solicitó una entrevista con el fiscal estatal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, tanto directamente por WhatsApp como vía telefónica y mediante el área de Comunicación Social, para conocer su postura sobre este caso.

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