CULIACÁN, Sin (apro). – No somos criminales, salvamos vidas. Esa fue la consigna. Decenas de médicos marcharon por la principal avenida de la capital de Sinaloa en protesta por lo que consideran una arbitrariedad y una injusticia cometida por la autoridad en contra de Gustavo Aguirre, anestesiólogo radicado en Los Cabos, Baja California Sur, y a quien la Marina le incautara su domicilio por la presunta posesión ilegal de fentanilo.

Desde hace un mes el domicilio del médico anestesiólogo y quien es originario de esta ciudad, está ocupada por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de un cateo en el que reportaron el hallazgo de cuatro cajas con ampolletas de fentanilo, medicamento utilizado por estos especialistas.

El caso se volvió público luego de que el mismo médico lo diera a conocer en redes sociales, pidiendo el apoyo tanto del gremio como de la sociedad. En Sinaloa, el Colegio Médico y el Colegio de Anestesiólogos del Estado salieron a las calles a solidarizarse y exigir el cese al hostigamiento.

En marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la prohibición del uso médico del fentanilo, para buscar reducir su circulación y controlar las adicciones provocadas por la droga que circula en las calles.

El presidente del Colegio de Médicos de Sinaloa, Yoshio Ramírez, lamentó que el uso de este fármaco esté siendo estigmatizado desde el mismo gobierno, lamentando la situación de su colega.

“Probablemente yo desconozco y sé de alguna manera que no es lo mismo, que el fármaco que nosotros administramos de alguna manera con fines analgésicos para quitar el dolor y ayudarnos en nuestras sedaciones que son procedimientos que nosotros hacemos como profesionistas de la salud y que realmente confundan la droga, el mal uso de esa droga con el fármaco que nosotros utilicemos y que además el uso de fentanilo sea un crimen para nosotros”, dijo.

La versión de Gustavo Aguirre señala que adquirió el fármaco de manera legal a través de un permiso de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), los cuales le fueron enviados por paquetería a su domicilio.

Días más tarde mediante un operativo de la Marina Armada y la FGR incautaron el inmueble asegurando todo en su interior, y según la defensa de Gustavo Aguirre, violando sus derechos y la presunción de inocencia.

Actualmente el médico anestesiólogo tiene un amparo para evitar ser detenido, según explico su padre a Proceso, además de que cuenta con todos los permisos para adquirir el fármaco al tratarse de un personal de la salud.

“Él está realizando su carrera, su profesión legalmente y con toda su documentación, es un anestesiólogo certificado y los medicamentos controlados todos están autorizados por COFEPRIS”, dijo.