PUEBLA, Pue. (apro).- Los familiares de Ricardo Flores Rodríguez y Alberto Flores Morales, quienes el 29 de agosto de 2018 fueron linchados por pobladores del municipio de Acatlán de Osorio, ganaron un juicio que obliga al ayuntamiento de esa localidad a pagar una indemnización por el daño patrimonial causado.  

Víctor Alonso Tadeo Solano, abogado de las familias afectadas, informó que, aunque aún no existe un fallo, igual esperan una sentencia condenatoria contra el gobierno de Puebla, pues la autoridad estatal contestó de manera extemporánea, con lo que precluyó su derecho dentro el juicio que se lleva en la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAEP).  

Estas resoluciones, explicó, marcarán un precedente en el país, pues hasta ahora ninguna autoridad ha sido condenada a pagar una indemnización a familiares de víctimas de linchamiento conforme a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado por haber incurrido en “actividad administrativa irregular”.   

Cabe recordar que estas demandas, interpuestas desde agosto de 2019 contra el gobierno de Puebla y el Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, reclaman un pago de 100 millones de pesos por los daños patrimoniales, morales y psicológicos causados a los familiares de Ricardo y Alberto, quienes fueron quemados vivos por los pobladores al confundirlos con robachicos.  

De acuerdo con los juicios, el ayuntamiento y el gobierno estatal son acusados por “actividad administrativa irregular” debido a que ambas víctimas, quienes eran sobrino y tío, fueron sustraídas por los pobladores de la cárcel donde estaban bajo custodia de la autoridad y ésta no hizo uso de la fuerza pública para garantizar su integridad.  

En diciembre de 2020, la Sala Tercera del TJAEP resolvió el expediente 315/2019, en el que reconoce el interés jurídico y legítimo de las víctimas indirectas María Rosario Rodríguez García, mamá de Ricardo, y Guadalupe Flores Morales, hermana de Alberto.  

La resolución admite el daño causado a los familiares y deja sin efecto los oficios MAP/PM//207/2019 y MAP/PM/210/2019 del Ayuntamiento de Acatlán donde declara improcedente el reclamo de indemnización. La magistrada Luz María Aguirre Barbosa ordena además que se abra el procedimiento de reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado para pagar la indemnización a las víctimas.  

Sin embargo, no fijó el monto a pagar por lo que deja al municipio en libertad de establecerlo.   

Por ello, el abogado aclaró que iniciaron un juicio de amparo directo, que está en trámite en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para pedir que interprete los Artículos 20 y 109 Constitucional, así como el 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el Artículo 4º de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.   

“Le pedimos al Tribunal Colegiado que interprete si la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado puede reasumir competencia para cuantificar y declarar la responsabilidad administrativa irregular del Ayuntamiento de Acatlán, para que ellos fijen y no el municipio, cuánto se va a pagar a los familiares”, explicó. 

Tadeo Solano recordó que Ricardo y Alberto, de 21 y 53 años de edad, fueron quemados vivos frente a varios de sus familiares que no recibieron el apoyo de las autoridades para impedir el acto de barbarie.  

Indicó que la indemnización por este daño material e inmaterial causado tendrá que ser fijado de acuerdo a estándares internacionales, a la vez tendrá que dejar un precedente que obligue a las autoridades estatales y municipales a tomar medidas efectivas para poner un alto a los linchamientos en Puebla y en el país.  

Refirió que el caso también avanza en la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) donde han solicitado una condena contra las autoridades mexicanas.  

Al mismo tiempo se llevan otros juicios para pedir que se dicte orden de aprehensión contra quien era en ese entonces alcalde de Acatlán, Guillermo Martínez, quien reconoció haber estado cerca, pero evitó presentarse en el lugar de los hechos y no aplicó el “Protocolo de Actuación para Casos de Linchamiento en el Estado de Puebla”.  

Igual, está vigente el juicio 352/2020 interpuesto ante la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa contra la Fiscalía General del Estado de Puebla, a la cual se reclama una indemnización de 50 millones de pesos por haber realizado una “deficiente investigación” del caso de acuerdo al principio de “debida diligencia”.