PUEBLA, Pue. (apro).- Familiares de Ricardo Flores Rodríguez y Alberto Flores Morales, quemados vivos por pobladores del municipio de Acatlán de Osorio, solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que, a dos años de ocurrido, el caso sigue impune. El abogado Víctor Alonso Tadeo dijo que la petición, firmada por María del Rosario Rodríguez García y Guadalupe Flores Morales, padres de Ricardo –quien contaba con 21 años de edad al momento de ser asesinado– fue presentada el 30 de julio de este año y registrada bajo el número 0000055232.

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En Acatlán, linchamiento difundido en tiempo real En la misma se hace referencia que el 29 de agosto de 2018, pobladores de San Vicente Boquerón y de Acatlán de Osorio ejercieron justicia por propia mano contra de Flores Rodriguez y Flores Morales, quienes fueron sacados de las celdas de la policía municipal para golpearlos y quemarlos vivos, sin que fueran auxiliados por las autoridades de Gobierno del Estado de Puebla y del Municipio de Acatlán. Cabe recordar que, en el momento del linchamiento, algunos pobladores transmitieron por Facebook Live la escena de los cuerpos aún con vida retorciéndose por las llamas. Después de los hechos, quedó confirmado que las dos personas linchadas, que eran tío y sobrino, realmente fueron detenidas por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, pero algunos habitantes de esa localidad promovieron el rumor que habían intentado robar a un niño. Los pobladores acudieron a la comandancia y sacaron a los detenidos, que ya estaban resguardados en una celda, sin que las autoridades locales o estatales instrumentaran protocolos para custodiar su seguridad, lo cual quedó confirmado en una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El abogado indicó que en estos hechos se violentaron los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, garantías judiciales, de protección judicial y además se cometió tortura. Como autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos son señalados el Gobierno Municipal de Acatlán de Osorio, el Gobierno del Estado de Puebla, el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el Poder Judicial de la Federación, entre otras autoridades. Cabe recordar que, en 2019, la familia de ambas víctimas acudió ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla para pedir al gobierno estatal y al municipal de Acatlán de Osorio una indemnización por 200 millones de pesos conforme la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En la demanda se acusa a ambas autoridades de incurrir en “actividad administrativa irregular” por no activar el “Protocolo de Actuación para Casos de Linchamiento en el Estado de Puebla” y no salvaguardar la integridad personal de los dos detenidos. Igual, a mediados de julio de este año, presentaron ante la Fiscalía General del Estado otra “reclamación de responsabilidad patrimonial” por un monto de 50 millones de pesos al acusar que no ha realizado “una investigación efectiva” para el esclarecimiento del caso. De acuerdo a la Fiscalía, hasta ahora han sido detenidas cinco personas en torno a este caso: Petronilo “N”, Lizandro “N”, Pedro “N”, Silvia o Agustina “N” y Osiel “N”. Sin embargo, el abogado Alonso Tadeo aclaró que no se ha pedido fincar responsabilidades contra todos los implicados, tanto los que instigaron a los lugareños y corrieron el falso rumor, como quienes participaron de manera directa y hasta quienes fueron espectadores y no evitaron el acto de barbarie, incluso grabaron con sus celulares y transmitieron por sus redes sociales. Igual, indica que debe haber cargos contra las autoridades que no cumplieron con la responsabilidad que les confieren las leyes para garantizar el estado de derecho. El abogado mencionó que los numerosos casos de linchamientos en México están precisamente relacionados con el grado de impunidad que prevalece tanto a favor de los que participan en estos homicidios colectivos, como de las autoridades que abandonan su responsabilidad de ser garantes del orden y de la legalidad.