PUEBLA, Pue. (apro).- Los familiares de Ricardo Flores Rodríguez y Alberto Flores Morales, quienes murieron linchados el 29 de agosto de 2018, interpusieron recursos legales para reclamar al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio y al gobierno estatal de Puebla una indemnización por 100 millones de pesos por cada uno. El abogado Víctor Alonso Tadeo Solano señaló que tanto el ayuntamiento como el gobierno estatal de Puebla son responsables de “actividad administrativa irregular” debido a que Flores Rodríguez y Flores Morales fueron sustraídos de la prisión de Acatlán de Osorio, en donde estaban bajo custodia. “La actividad administrativa irregular de las autoridades se actualizó en no activar el “Protocolo de Actuación para Casos de Linchamiento en el Estado de Puebla”, publicado el 9 de mayo de 2018 en el Periódico Oficial del Estado y no proporcionar seguridad pública para garantizar y salvaguardar la integridad personal de Ricardo Flores Rodríguez y Alberto Flores Morales”, señala el recurso interpuesto por los familiares de ambas víctimas. Tadeo Solano recordó que la reciente resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos confirma la responsabilidad de las autoridades municipales y estatales en este linchamiento y de igual forma se pronuncia para que se cubra una reparación por los daños, no sólo por los materiales, sino por el sufrimiento y aflicciones que estos hechos ocasionaron a los familiares de las víctimas. Cabe recordar que el linchamiento de Flores Rodríguez y Flores Morales ocurrió en Acatlán de Osorio el 29 de agosto de 2018, luego de que corrió el rumor de que eran robachicos, aunque realmente fueron detenidos por consumir bebidas embriagantes y escandalizar en la vía pública. Una turba de pobladores los sacó de la comandancia municipal donde ya estaban en una celda, para golpearlos y quemarlos vivos, hechos que fueron transmitidos en vivo por las redes sociales a través de los celulares de los pobladores participantes. El 8 de julio de este año, la esposa y la madre de las víctimas –que eran tío y sobrino- presentaron un escrito ante la actual Presidenta Municipal de Acatlán, María del Carmen Nava, en la que reclaman la indemnización por 100 millones de pesos para cada una. El 20 de agosto, los familiares acudieron ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla para presentar una demanda por Responsabilidad Patrimonial. En la misma, señalan como responsables al gobernador, al presidente municipal de Acatlán, a la Fiscalía General de Puebla, a las Secretarías de Seguridad y de Gobernación del Estado, a la Dirección de Seguridad del Municipio y al Director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Igual, el 10 de octubre de este año, entregaron un escrito al gobernador Luis Miguel Barbosa, para pedir que el Estado cubra la millonaria cantidad por los daños causados por la falta de actuación de las autoridades que derivó en el linchamiento de sus parientes. El 1 de agosto, a través de los oficios MAP/PM//207/2019 y MAP/PM/210/2019, la alcaldesa de Acatlán contestó la petición de los familiares declarando que era improcedente; sin embargo, ambos recurrieron de nueva cuenta ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla para interponer un juicio de nulidad de este resolutivo. El recurso fue admitido y está en trámite, correspondiéndole el número 315/2019-TJAEP-JCA-03-7. El abogado Tadeo Solano afirmó que las autoridades están obligadas a pagar esta cantidad, que no tiene antecedentes en la historia judicial del país, debido a que no cumplieron con sus obligaciones constitucionales de ser garantes del respeto a la vida e integridad de las personas que se encontraban bajo su custodia. Indicó que esto contraviene lo previsto en los artículos 21 y 115, fracción III, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 4 y 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues no evitaron el linchamiento de ambos. “Ricardo y Alberto no tenían obligación jurídica de soportar tratos crueles, inhumanos, degradantes, azotes por parte de los habitantes del poblado de San Vicente Boquerón y Acatlán de Osorio cuando estaban privados de su libertad en las instalaciones de la policía”, señala en el recurso interpuesto. En el mismo escrito, presentado ante el Tribunal, se señala que las autoridades no adoptaron las medidas de seguridad necesarias y pertinentes para proteger las instalaciones de la comandancia en donde se resguardaba a las víctimas y que, si hubieran actuado conforme a sus atribuciones y al protocolo, las dos personas estarían vivas. De acuerdo a la carpeta de investigación 303/2018/ACATLAN/CNPP que se abrió tras los hechos, no hay indicios que el presidente municipal, Guillermo Martínez, y el titular de Seguridad de esa localidad, se hayan siquiera presentado en el lugar o hayan dado un seguimiento a los hechos. “El presidente municipal, al tener conocimiento del intento de linchamiento debió de apoyarse en los elementos de la policía municipal para resguardar la integridad personal de los detenidos, lo cual no aconteció”, explica el escrito interpuesto en tribunales. Mientras que 11 policías municipales declararon que no fueron llamados a concentrarse en la comandancia a pesar de los hechos, otros cuatro policías, identificados como Joaquín Marcelo Cariño Arzola, Roberto Carlos López Gil, José Gabriel Villa Flores y Jorge Alejandro Castillo Cruz, se quedaron a cargo del cuidado de los detenidos. “(los policías)… se limitaron a poner un candado en los accesos, puntualizándose que sólo el último policía resultó con un moretón de 3 cm. en el muslo, es decir, que nadie hizo nada para evitar que la gente accediera a las instalaciones de la comandancia de policía”, agrega. Tampoco, se indica en la demanda, requirieron a tiempo y de manera inmediata el auxilio de corporaciones de seguridad pública municipal de municipios vecinos, de la estatal, ministerial e inclusive al Ejército Mexicano para dispersar a la multitud que ejercía justicia por propia mano y, por el contrario, permitieron el ingreso de personas ajenas al interior de la cárcel municipal. De hecho, se expone que Rufino Hernández Barbosa, delegado de Gobernación estatal, fue el único en acudir al lugar pero no porque fuera llamado por una autoridad, sino porque una reportera le avisó por teléfono que había una multitud congregada en la comandancia. En la demanda por Responsabilidad Patrimonial, los familiares de los linchados piden aplicar de manera supletoria la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, ya que Puebla apenas en semanas pasadas aprobó una legislación sobre reparación de daños a víctimas del delito. Para sustentar el reclamo de la millonaria cantidad, los demandantes dicen que debe ponderarse el daño físico y mental, la pérdida de oportunidades, daños materiales y pérdida de ingresos, perjuicios morales, gastos de asistencia jurídica, daños inmateriales (sufrimiento causado a la víctima y a sus allegados), entre otros, Además, exponen que debe tomarse en cuenta el grado de responsabilidad de las autoridades en cuanto a “la alta relevancia social de hecho victimizante”, además de hacer referencia a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cuanto a una “justa indemnización”. Para argumentar que las autoridades tienen suficientes recursos económicos para cubrir los 100 millones de pesos por cada una de las víctimas, hacen referencia a que el gobierno de Puebla pudo solventar dos elecciones para gobernador con recursos públicos entre 2018 y 2019.