La incineración del albañil Alberto Flores Morales y su sobrino Ricardo en un poblado de la mixteca poblana es uno más de los numerosos linchamientos que ocurren con frecuencia en el país, los cuales agudizan la descomposición social. Las autoridades no sólo se muestran incapaces de brindar seguridad a la ciudadanía, sino para controlar a las turbas enardecidas; poco hicieron para evitar que el ataque se grabara con celulares y se difundiera en tiempo real. PUEBLA, Pue. (Proceso).- A sus 22 años Ricardo Flores Rodríguez era un joven como muchos: le gustaban el futbol, el hip hop y el rap; cursaba la carrera de derecho en Xalapa y en su tiempo libre vendía chips para celulares. Su tío Alberto Flores Morales, de 43 años, era albañil pero también aprovechaba cada temporal para sembrar su parcela y esperar las cosechas. Hacía poco que había rehabilitado un pozo de agua para regar sus plantíos.  La mañana del pasado 29 de agosto don Alberto se subió a su camioneta Explorer y junto con su sobrino recorrió los 10 kilómetros que separan a las localidades de Tianguistengo y San Vicente Boquerón, municipio de Acatlán, en la mixteca poblana. Iban a comprar un camión de arena para construir una barda; en el camino decidieron visitar a un familiar para pedirle unos guajolotes y llevarlos a su casa. El albañil y el estudiante no sabían que dos días antes en las redes sociales comenzaron a circular innumerables mensajes sobre el presunto robo de niños, lo que provocó una paranoia colectiva en la población a la que llegaron. Ambos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública cuando fueron detenidos por uniformados municipales y llevados a la comisaría, donde fueron encerrados. Sin embargo, poco después comenzaron a llegar al lugar decenas de lugareños, quienes acusaron a los detenidos de intentar robarse a dos niños y los sacaron a la calle.  Ahí, a grito de “¡El pueblo, unido, jamás será vencido!”, la muchedumbre congregada en las inmediaciones de la comandancia municipal de Acatlán de Osorio atacó a don Alberto y su sobrino. Mientras eran golpeados por decenas de indignados pobladores, otros, como Francisco Martínez Díaz, comenzaron a grabar la escena con sus celulares. Los más enardecidos les prendieron fuego. La grabación continuó; incluso registró el momento en que don Alberto, casi casi carbonizado, se incorporó e intentó sentarse. Uno de los lugareños le lanzó gasolina para avivar las llamas. Otros organizaron una cooperación de cinco pesos para pagar el perifoneo e invitar a más pobladores al lugar del linchamiento y para recompensar a quienes se encargaron de golpear y calcinar a los presuntos robachicos. En Baltimore, Maryland, donde trabaja limpiando casas, la madre de Ricardo, María del Rosario Rodríguez, vio parte del linchamiento de su hijo y de su cuñado Alberto en una de las transmisiones difundidas en vivo a través de Facebook. De inmediato envió mensajes por esa misma vía en los que decía que Ricardo era gente de bien en Tianguistengo. Nadie le puso atención.  Cuando los cuerpos de don Alberto y su sobrino quedaron completamente calcinados, la turba prendió fuego a la camioneta del albañil y luego se fueron a sus casas.  Barbarie anunciada  El 27 de agosto –dos días antes de que don Alberto y su sobrino fueran incinerados–, el mismo poblador que transmitió en vivo el linchamiento y otros usuarios de las redes sociales de Acatlán reprodujeron mensajes de alerta sobre la presencia de presuntos robachicos en la región.  Uno de ellos decía textualmente: “Comunicado importante: si tiene hijos en la escuela me pidieron de favor que yo informara, vaya por ellos, mande por ellos, pida por favor, de paso, se los traigan por ahí, hay que prevenir si ven algo sospechoso suban a las redes para apoyarnos, de preferencia en las áreas más marginadas se puede prestar esto de robo, secuestro y hasta para comercializar sus órganos de antemano gracias cuidemos de nuestros hijos y a nuestra sociedad, donde vivimos, gracias su amigo tecuanito en vivacho cuídense”.  Antonio Fuentes Díaz, estudioso de los linchamientos en México, comenta que el del 29 de agosto en Acatlán de Osorio –cabecera municipal de Acatlán– es uno de los primeros casos que se transmite en vivo por las redes sociales. Eso habla de “la creciente convicción” en muchas comunidades de “asumir la violencia social” como forma legítima para resolver sus conflictos.  Según el académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), es probable que ese linchamiento sea resultado de los actos de barbarie cometidos por las bandas del crimen organizado, los que habrían detonado la insensibilidad ante la violencia. Peor aún, puntualiza, en el caso de Acatlán de Osorio, cuatro familiares de las víctimas presenciaron el linchamiento: la abuela y el hermano de Ricardo, Petra Elia García y José Guadalupe Flores, respectivamente; así como la esposa de don Alberto, Jazmín Sánchez Toribio, y Martha Flores, hermana del albañil. De nada sirvieron los gritos ni el desesperado intento de José Guadalupe de buscar al alcalde Guillermo Martínez Rodríguez. La enardecida turba le dijo: “Si no se van, también a ustedes los vamos a quemar”. Solapamiento y omisiones La Fiscalía General de Puebla ya ubicó a 29 pobladores de San Vicente Boquerón y Acatlán de Osorio que participaron en el linchamiento y es probable que les imputen los delitos de homicidio tumultuario y daño en propiedad ajena. En cuanto a los policías municipales, sólo se les solicitó su declaración en calidad de testigos. Hasta el cierre de edición únicamente había dos detenidos: Manuel “N”, quien poco después de su arresto murió a causa de cirrosis hepática, y Petronilo “N”, el encargado del perifoneo, quien en una audiencia, el jueves 6, fue vinculado a proceso por homicidio tumultuario.  Víctor Alonso Tadeo Solano, asesor jurídico de la familia de Ricardo y don Alberto, advierte que llegará a fondo y que se responsabilizará de los hechos al alcalde Martínez Rodríguez y a los policías municipales que fueron omisos para salvaguardar la integridad de los detenidos.  Y expone: “El gobierno del estado de Puebla y del municipio de Acatlán no pueden eximir responsabilidad, aunque digan que fueron los pobladores los que cometieron el asesinato. Ellos tuvieron mucha culpa en no garantizar la vida de estas personas”. En su declaración, el alcalde admite que fue notificado cuando los lugareños llegaron a la comisaría para exigir la entrega de los detenidos. Comentó que se encontraba en el Centro de Desarrollo Comunitario de la localidad, pero decidió no acudir al lugar de los hechos porque “eso podría desencadenar más consecuencias de la multitud enardecida”.  Tadeo Solano –quien participó en el caso del menor de seis años Cristopher “N”, asesinado por sus compañeros de escuela en Chihuahua en mayo de 2015– sostiene que los uniformados estaban armados, pero decidieron no dispersar a la muchedumbre; además, dice, la reja de la celda donde estaban don Alberto y su sobrino Ricardo no fue forzada. Eso está confirmado, puntualiza, lo que hace presumir que los uniformados la abrieron. Además, debe corroborarse si los policías municipales realmente pidieron el apoyo a sus pares estatales. Si lo hicieron, la pregunta es por qué no llegaron, comenta el abogado. El objetivo de la demanda, adelanta, es sentar un precedente en el hecho de levantar cargos a los pobladores que estuvieron en el linchamiento, que son entre 100 y 150, como copartícipes del asesinato. El miércoles 5, el abogado pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos medidas cautelares para la familia de las víctimas. Las autoridades municipales de Acatlán la acosa; incluso le ofrecen 16 mil pesos “para que ya no le muevan”. Números rojos De 2013 a la fecha, Puebla se convirtió en la entidad con mayor incidencia de linchamientos en el país. De 2016 al pasado agosto, 47 personas han sido ejecutadas por los pobladores que hicieron justicia por sus propias manos. Ocho de esos casos ocurrieron en 2016; 23 en 2017, y ya suman 16 en lo que va del año. En ese mismo periodo también ha habido 340 intentos de linchamiento, la mayoría en comunidades rurales de la entidad. Para Fuentes Díaz, autor del libro Linchamientos: Fragmentación y respuesta en el México neoliberal, el aumento de linchamientos en México coincide con el crecimiento de la pobreza y la desestructuración de las comunidades rurales que generaron los gobiernos neoliberales.  En el caso particular de Puebla, este fenómeno ha tenido un crecimiento exponencial: en 2014 hubo 18 intentos de linchamiento; en 2017 se elevó a 111 y en los primeros ocho meses de este año van 146. El año pasado, considerado el de mayor violencia de las últimas tres décadas, hubo 333 linchamientos en todo el país, de los cuales la tercera parte ocurrió en Puebla. Es un hecho, dice el investigador de la BUAP, que el crecimiento de este fenómeno se da a partir del gobierno del panista Rafael Moreno Valle. De hecho, una de las hipótesis de su investigación actual es saber si las reformas aprobadas por él agravaron los altos índices de impunidad en esas comunidades.  Su inquietud tiene sentido, toda vez que durante el sexenio morenovallista las oficinas de Ministerio Público que operaban en los 217 municipios poblanos se redujeron de 669 a 59. Es probable, dice Fuentes Díaz, que esa drástica disminución haya generado “una especie de apropiación comunitaria de la seguridad y de la justicia en un entorno en el cual el estado sustrajo instituciones de procuración (de justicia)”. Las reformas aprobadas por Moreno Valle durante su gestión incluyeron la desaparición de los jueces de paz como figuras conciliatorias que operaban en las 453 juntas auxiliares, la mayoría de población indígena; también se minó la autoridad de los presidentes auxiliares, así como de las autoridades electas por usos y costumbres.  A ello hay que agregar otros factores fundamentales que abonan a este clima de crispación de las comunidades poblanas, como la extrema pobreza y la creciente inseguridad generada por la aparición de grupos de la delincuencia organizada, en especial la dedicada al robo de combustibles a Pemex, comenta el investigador. La diputada Socorro Quezada Tiempo asegura que el morenovallismo usó las instituciones de procuración de justicia con fines políticos, en vez de atender los requerimientos reales de la población. Antecedentes El linchamiento de don Alberto y su sobrino Ricardo en Acatlán de Osorio es muy similar al de los hermanos José Abraham y Rey David Copado, dos jóvenes encuestadores que fueron incinerados el 19 de octubre de 2015 en el municipio poblano de Ajalpan, porque fueron confundidos también con robachicos. En esa ocasión ni la policía ni las autoridades detuvieron a la muchedumbre. En enero pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en la que censuró la omisión de las autoridades estatales y municipales en el caso de los hermanos Copado y recomendó el estudio, actualización y publicación de un protocolo sobre cómo actuar ante una eventual sublevación popular. Semanas después, el 11 de febrero en San Gabriel Ometoxtla, los vecinos confundieron a un taxista con un ladrón y lo mataron a golpes.  El pasado lunes 3, dos mujeres fueron rescatadas por sus familiares en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, luego de que un grupo de personas intentó lincharlas, pues les resultó sospechoso que preguntaran por algunos domicilios. Hechos como los anteriores se multiplican en Puebla justo a 50 años del linchamiento de un grupo de trabajadores universitarios en el pueblo de San Miguel Canoa instigado por el párroco de la localidad.  Este reportaje se publicó el 16 de septiembre de 2018 en la edición 2185 de la revista Proceso.