PUEBLA, Pue. (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno de Miguel Barbosa Huerta y a la Guardia Nacional, implementar medidas cautelares para salvaguardar la integridad de pobladores del municipio de Coyomeapan que han recibido amenazas de ataques violentos.

La CNDH hace referencia a lo ocurrido el 14 de diciembre cuando habitantes de esa localidad, ubicada en la Sierra Negra de Puebla, detuvieron a cuatro personas armadas que ingresaron a la comunidad con la supuesta intención de asesinar a 11 líderes indígenas del movimiento Unidad por Coyomeapan.

“Sin embargo, tres de los cuatro detenidos lograron escapar, quedando una persona bajo custodia de los pobladores. Posteriormente habitantes del municipio recibieron amenazas, a través del teléfono celular de la persona detenida, en las que se asegura que, de no liberarla, personas armadas volverán “a terminar el trabajo para el que fueron contratados””, explicó en un comunicado.

Indicó que el Colectivo Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos solicitó la intervención de la CNDH pues a pesar de que las autoridades estatales tienen conocimiento de estos hechos, no han realizado acción alguna, aun cuando se teme que en las próximas horas pueda ocurrir un atentado.

El organismo nacional recuerda que estos hechos de violencia, ocurren en un contexto de conflicto político emanado de las pasadas elecciones del 6 de junio, así como de la detención de un grupo de defensores indígenas de ese municipio.

“Por lo anterior, la CNDH solicita al gobernador constitucional de Puebla, así como a las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, y al comandante de la Guardia Nacional, que realicen las acciones pertinentes y eficaces que garanticen la vida, integridad personal, patrimonio y seguridad individual y colectiva de los habitantes del municipio de Coyomeapan”.

Entre las medidas cautelares, la CNDH pide a las instituciones, dependencias y a la Guardia Nacional que instalen módulos de vigilancia en las inmediaciones y al interior de Coyomeapan al menos por 30 días y que se garantice, a través de mecanismos y protocolos aplicables, máxima protección a las 11 personas que defienden los derechos humanos de su comunidad indígena.

También, solicitó coordinar mesas de diálogo y concertación que permitan los consensos para garantizar la paz y estabilidad social en el municipio, “con respeto irrestricto a los derechos humanos y desde un enfoque de interculturalidad y de género”.

A la Fiscalía General del Estado, le solicita que investigue sin dilación los hechos ocurridos el 14 de diciembre, por tratarse de probables delitos, para determinar la responsabilidad de los involucrados.