CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de cinco años del violento operativo en el que participaron agentes de la Policía Federal (PF)y el Ejército contra población civil de Nochixtlán, Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió de la existencia de 11 víctimas de tortura y cuatro de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que no habían sido considerados en la recomendación original emitida por esos hechos.

De acuerdo con el documento “Diagnóstico sobre los sucesos de Asunción Nochixtlán 2016: Recomendación 7VG/2017. Un camino para la reparación integral” --dado a conocer este día por el organismo--, del acercamiento con víctimas y organizaciones sociales que acudieron en los primeros momentos de los hechos a la comunidad afectada se pudo identificar que, en el panteón de Nochixtlán, donde hubo “golpes, vejaciones y agresiones psicológicas” contra las personas detenidas, ocho fueron víctimas de tortura cometida por personal de la Policía Federal.

Igualmente refiere que en otro punto de los actos de represión en San Pablo Huitzo, siete personas sufrieron tratos crueles, inhumanos y degradantes, registrándose en tres de ellas evidencias de tortura, actos también atribuidos a agentes de la PF.

La CNDH resaltó que en la recomendación original esas víctimas no estaban clasificadas como sobrevivientes de tortura, aunque sí por otros abusos menos graves.

Es más, en la recomendación original no se reportó la existencia de alguna persona torturada. La recomendación 7VG/2017 considera como agraviadas a siete personas fallecidas, 174 lesionadas, 171 afectadas por gas lacrimógenos, 108 con daños psicológicos, 43 con afectaciones patrimoniales, 106 policías lesionados y seis dependencias públicas con daños patrimoniales.

El diagnóstico incluye un análisis del número de recomendaciones emitidas por la CNDH de 2006 a 2018, en las que se documentaron casos de tortura. De acuerdo con el estudio, durante ese periodo la CNDH emitió 177 recomendaciones por tortura, de las cuales en 92 las autoridades señaladas formaban parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que ha dejado 295 víctimas; 52 emitidas contra agentes que pertenecían a corporaciones policiacas, municipales, estatales y federal, hechos que provocaron 211 víctimas, y 33 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Marina por quejas relacionadas con 122 víctimas de tortura.

El organismo cuestiona que, a cinco años de los hechos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) “no ha elaborado un plan de atención Integral que atienda las causas particulares más urgentes que se relacionan al hecho victimizante del 19 de junio de 2016”; tampoco existe un plan para que las personas afectadas recuperen su proyecto de vida o fuente de ingresos económicos.

Identificó que “muchas de las personas que no se encontraban presentes el día del enfrentamiento se hicieron pasar por víctimas, con el objetivo de recibir apoyos en materia de alojamiento y vivienda”, por lo que recomendó a la CEAV realizar “un estudio minucioso de aquellos casos en los que se haya falseado información o por prácticas de corrupción relacionadas con la entrega indebida de apoyos económicos”.

Asimismo, urgió a la CEAV a atender a las víctimas en materia de educación, atención médica y psicológica, así como en asesoría jurídica, temas en los que “no han existido las condiciones ni la política pública adecuada”, como tampoco el personal de la CEAV para atender estos derechos.

La CNDH describió reuniones llevadas a cabo con organizaciones de la sociedad civil: Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), que representa a 44 víctimas; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHPI), y el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), que representa a 130 víctimas

En el documento exhorta a la CEAV “a la deuda que mantiene con todas las personas en situación de víctimas de los hechos ocurridos en la población de Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo y Tlaxiaco, Oaxaca, y sus familias”.

Al sostener que “aún se observa una grave falta de acciones que impiden el acceso a la verdad, justicia y reparación a las personas en situación de víctimas”, el organismo también exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) a realizar “todas las diligencias necesarias” para acabar con la impunidad en el caso, con la finalidad de reparar integralmente el daño y dar garantías de no repetición, compartiendo el plan e investigación con las víctimas.

A las instituciones involucradas, la CNDH les pidió proporcionar la información necesaria para acceder a la reparación integral, y llamó a cumplir la recomendación.