CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unos días de concluir el 2025, Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., que dirige Gustavo Gutiérrez Galindo, enfrentó un nuevo señalamiento que se sumó a la reciente denuncia en su contra presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. 

La firma es acusada por presuntas irregularidades en una licitación del Gobierno de la Ciudad de México, cuyo contrato alcanzó un monto máximo de 3 mil 591 millones de pesos para la entrega de vales de fin de año a trabajadores capitalinos. 

La acusación se centra en el procedimiento SAF-SARMA-DGRM-LP-10-25, convocado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), en el que se señala una posible coordinación de actos entre esa dependencia, SUPERISSSTE y la empresa Broxel que habría influido en el resultado del fallo. 

Dentro de las bases del proceso se estableció como requisito indispensable que las empresas participantes contaran con un convenio vigente de afiliación con SUPERISSSTE, condición necesaria para permitir el canje de los vales en la red de tiendas del organismo. 

De acuerdo con el acta del fallo publicado por la Secretaría de Finanzas, Previsión del Trabajo, S.A. de C.V. (PREVIVALE), la otra participante, sí acreditó ese requisito mediante un contrato mercantil firmado el 9 de octubre de 2025, es decir, antes de que se emitiera el fallo de la licitación. 

Sin embargo, durante la Junta de Aclaraciones del 30 de octubre, Servicios Broxel planteó observaciones que, bajo la figura de preguntas, buscaban incorporar nuevas exigencias técnicas y documentales que no estaban previstas en las bases originales del procedimiento. 

Aunque la SAF rechazó esas propuestas y reiteró que la licitación debía resolverse conforme a las reglas establecidas, un día después, SUPERISSSTE emitió un oficio dirigido únicamente a PREVIVALE, en el que solicitó información técnica, certificaciones y características de seguridad que coincidían con los planteamientos previamente desechados. 

Posteriormente, SUPERISSSTE rescindió de manera unilateral el convenio de afiliación y notificó esa decisión a la SAF mediante un correo electrónico, acompañado de un archivo en formato PDF. Con base en esa comunicación, el 10 de noviembre, durante el Acto de Fallo, PREVIVALE fue descalificada por no contar con un convenio vigente y el contrato se adjudicó en su totalidad a Servicios Broxel, al quedar como única empresa en competencia. 

La queja sostiene que la autoridad licitante aceptó la rescisión sin un análisis jurídico previo, sin verificación formal y sin otorgar garantía de audiencia a la empresa afectada, lo que impidió controvertir la decisión dentro del propio procedimiento. 

Ante ello, el 25 de noviembre se presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del ISSSTE por hechos que podrían constituir faltas administrativas graves, relacionada con la actuación de servidoras públicas de SUPERISSSTE que intervinieron en los oficios emitidos durante el proceso. 

El señalamiento en la capital se suma a otros procesos recientes en los que la empresa ha concentrado contratos de alto impacto presupuestal. En un periodo de 11 días, Broxel obtuvo dos adjudicaciones federales por un monto conjunto de más de 12,700 millones de pesos, ambos relacionados con el suministro de vales de despensa para dependencias del gobierno federal. 

El primero de esos contratos fue adjudicado el 27 de noviembre, mediante la licitación LA-06-400-006400001-N-1-2026, correspondiente al suministro de vales electrónicos y/o impresos para prestaciones del ejercicio fiscal 2026, por un monto cercano a 2 mil 949 millones de pesos. 

Mientras que el segundo procedimiento federal se resolvió el 8 de diciembre, a través de la licitación LA-06-400-006400001-N-19-2025, para la prestación de fin de año del ejercicio fiscal 2025, con un monto de 10 mil 53 millones de pesos, destinado a trabajadores de 224 dependencias de la Administración Pública Federal. El caso ya lo investiga la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. 

Este nuevo episodio se suma a antecedentes de la empresa en licitaciones de la capital. En un proceso anterior, la Licitación Pública Nacional Consolidada número SAF-DGRMSG-LP-05-24, en la que participaron Broxel, Efectivale y Toka Internacional, se exigió como requisito contar con un convenio de afiliación con la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA). En ese caso, Broxel fue la única empresa que cumplió con la condición. 

Durante el acto de fallo de aquella licitación, la representante legal de Toka Internacional se retiró del evento, señalando inconformidad con los criterios aplicados. La firma descalificada argumentó que no se tomó en cuenta la documentación presentada, incluyendo un testimonio notarial que acreditaba la negativa de la administración de la CEDA para suscribir el convenio requerido. 

Como consecuencia de su descalificación, Toka interpuso una impugnación legal y presentó una denuncia en contra de la administración de la Central de Abasto, procedimientos que, de acuerdo con la información disponible, permanecen pendientes de resolución.