CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Han pasado 11 años, han tratado con tres presidentes de la República, tres fiscales especiales y dos subsecretarios de Gobernación; les han informado sobre decenas de detenidos y de búsquedas, pero la vida para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, sigue igual que entonces, sin saber qué ocurrió con sus hijos, quién y por qué se los llevaron. 

Del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, bajo el que ocurrió la desaparición forzada, los familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos sólo recibieron maltratos y “la verdad histórica”, que, a fuerza de su lucha incansable, fue desmentida gracias a la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). 

Con la elección de Andrés Manuel López Obrador se avivó la esperanza de encontrar a sus hijos, tras las promesas hechas por el tabasqueño en campaña y las primeras acciones de búsqueda e investigación, que después se atoraron por la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar información, opacidad que se mantiene en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien se han reunido en cinco ocasiones en Palacio Nacional. 

“Desafortunadamente no hay absolutamente nada, estamos jugando otra vez al gato y al ratón; para nosotros llegó el momento de decir ya basta”, dice Mario González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, uno de los jóvenes desaparecidos.

En entrevista, González Contreras lamenta que en lo que va del gobierno de Sheinbaum los mayores avances se hayan reducido al cambio de titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), de Rosendo Gómez Piedra a Mauricio Pazarán, y la promesa de la creación de un grupo de expertos, que no será de índole internacional. 

“No tenemos ningún avance en esas líneas que dejó tan recomendadas el GIEI _apunta González– Nomás están dándole vuelta y vuelta y vuelta a la ‘verdad histórica’, eso es lo que nosotros estamos viendo y por eso es el descontento de los padres”. 

Desde el sexenio de López Obrador, la exigencia de los padres de los 43 normalistas ha sido firme: que la Sedena les entregue 800 folios relacionados con la desaparición de sus hijos que fueron ubicados por los expertos independientes en los archivos de inteligencia militar, así como el esclarecimiento de la retención de 17 estudiantes en la barandilla de la policía municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, el análisis de dispositivos celulares de estudiantes que permanecieron activos después de los hechos, las extradiciones de Tomás Zerón de Lucio, escondido en Israel, y de quien fuera juez de barandilla José Ulises Bernabé, asilado en Estados Unidos; además de que se investigue al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y al exprocurador del estado Iñaki Blanco Cabrera, entre otrosex funcionarios. 

Con la llegada de Sheinbaum Pardo, la propuesta gubernamental fue echar mano de la tecnología para fortalecer los señalamientos de testigos protegidos que sustentan la indagatoria, fundamentalmente en el análisis de las señales de telefonía celular, de los dispositivos de los estudiantes que siguieron activos después del 26 de septiembre, sin que hasta ahora se les haya dado información relevante. 

La última reunión con la presidenta, el 4 de septiembre último, fue “un poquito ríspida”, no hubo “más que reclamos” porque no se les entregó información sobre las llamadas que hizo el estudiante Julio César López Patolzin, quien ha sido identificado en documentos de inteligencia militar como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), un soldado infiltrado en la Normal. 

“Lo que verdaderamente nos importa saber es con quién se estuvo comunicando Patolzin desde que salieron de la escuela, con quién de sus superiores, porque él tendría que informar qué estaban haciendo los muchachos o por dónde iban, cuántos iban, a la hora de que los estaban atacando. Sabemos que llevaba un teléfono iPhone, y esa información debe existir, la debe tener el Ejército, pero nada de eso nos han presentado”, explica. 

Don Mario agrega que otro punto de molestia durante ese encuentro fue la presentación que hizo el fiscal especial Mauricio Pazarán, quien habló de avances y enlistó el mismo número de detenciones derivadas de la “verdad histórica”.

Regla de encubrimiento

Recientemente la UEILCA no pudo sustentar ante un juzgado federal la detención de un presunto integrante de Guerreros Unidos, Pedro Segura Valladares, realizada por la FGR en agosto último, acusado de ser integrante del grupo delictivo y de haber participado en la desaparición de los jóvenes.  

“Cuando el fiscal nos dice ‘ya vamos avanzando’, yo le dije que no estaba avanzando en nada, si su primera detención (la de Pedro Segura) fue un fracaso; respondió, entonces, que habían sido el juez quien lo puso en libertad, lo interrumpí para decirle que siempre era lo mismo, echarle la culpa de la incompetencia de uno a otros”.

A 11 años de la desaparición de los muchachos, para el papá de César Manuel González, detrás de la falta de resultados estaría “una regla de encubrimiento” gubernamental de la que no se han librado los presidentes López Obrador y Sheinbaum Pardo, un elemento contra lo que tienen que luchar los padres de los estudiantes desaparecidos. 

“No es por falta de voluntad política ni el pacto de silencio, es algo más fuerte que el mismo gobierno ahora lo está encubriendo; llegó Obrador y nos dio esos años, que en verdad sí fueron muy valiosos porque nos abrió puertas y se hicieron varios movimientos, pero cuando se topó con el Ejército definitivamente nos cerraron la puerta. 

“Se llegó a donde se tenía que llegar para encubrir todo de nuevo, a tapar todo de nuevo; creo que tiene mucho que ver el Ejército, pero también la Marina. ¿Qué fue hacer al basurero Cocula? O sea, hay pruebas, hay videos, hay todo eso. ¿Por qué no se investiga? No lo entiendo, es una regla de encubrimiento que tenemos que romper los padres, no sabemos cómo, pero es lo que nos hace falta”, dice Mario González. 

Facilidades para los militares

Directora del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que acompaña a los familiares de los jóvenes desaparecidos, María Luisa Aguilar Rodríguez admite que el abordaje del caso Ayotzinapa en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum ha sido complicado, en parte por el rompimiento de diálogo de los padres de los estudiantes con el expresidente López Obrador, precisamente por allanarse a la decisión de la Sedena de no entregar el lote de 800 folios de inteligencia militar, e imponer a Rosendo Gómez Piedra como fiscal especial, pese a la oposición de los padres. 

Aun cuando en su discurso de toma de posesión, Sheinbaum sostuvo que la resolución del caso Ayotzinapa sería una de sus prioridades, “las familias han sido muy claras con la presidenta en decir que no podían dar cheques en blanco, que por muchos años han visto que va y viene gente que está a cargo de la investigación, y que se requiere de avances concretos para poder dar una confianza y el poder decir que se está avanzando, cosa que hasta el momento no hemos visto”, dice la defensora. 

Apunta que, en un principio, a los padres les pareció “buena noticia” que Sheinbaum propusiera, “como sello de la casa”, involucrar a un equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para hacer uso de tecnología en la búsqueda de los estudiantes y en el fortalecimiento de las investigaciones ministeriales, sin que esa intervención se haya traducido en avances concretos. 

Por otra parte, “en los últimos meses la Fiscalía General de la República, a decir de las familias, va en retroceso en las investigaciones referentes a qué sucedió con los estudiantes, en la lógica de que han estado presentando acusaciones que tienen tintes de regresar a la ‘verdad histórica’ y que para las familias, que conocen muy bien sus casos, pues es de la mayor preocupación”, expone Aguilar Rodríguez, quien ha acompañado a las familias desde que ocurrieron los hechos en Guerrero. 

Si bien es cierto que ha habido operativos para localizar a los jóvenes, la defensora puntualiza que un motivo de inconformidad para las familias es que “no han visto un plan de búsqueda que tenga una explicación en sí misma de cómo se llega a cada uno de los puntos, de dónde viene esta información, de si viene de algún relato de algún testigo, cómo se puede probar, qué otro tipo de pruebas objetivas podría dar señas de que es un lugar adecuado para buscar.

“Pareciera que esas búsquedas en realidad nos están llevando a decir hay mucha acción de parte de la Fiscalía y de la Comisión de Acceso a la Justicia, pero en realidad tampoco están siendo sostenidas en información muy objetiva”

Resalta que la negativa del Ejército a entregar información ha trastocado la relación con la presidenta, porque “si bien no hay forma de saber qué hay en esos folios de inteligencia que no se entregaron al GIEI, si es posible deducir que hay información valiosa porque lo que sí se ha conocido es relevante, como transcripciones parciales de comunicaciones entre elementos del Estado, es decir, policía municipal con grupos del crimen organizado durante la noche del 26  de septiembre, que hablan claramente de la detención de los estudiantes y que el Ejército se niega a reconocer que habría más información de inteligencia militar, más interferencias de comunicaciones, etcétera, que no se han entregado y que podrían revelarnos  qué sucedió esa noche”. 

A ello se suma el trato privilegiado que los jueces le han dado al personal militar procesado por el caso Ayotzinapa, modificando las medidas cautelares. 

De 21 elementos de las Fuerzas Armadas contra quienes el primer fiscal de la UEILCA consiguió órdenes de aprehensión, sólo 16 soldados y un marino están siendo procesados por delincuencia organizada y desaparición forzada, y de ellos, sólo tres se encuentran en prisión preventiva en un penal militar. 

La gran mayoría de los elementos castrenses presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa “está o en prisión domiciliaria o con algunos tipos de restricciones de movilidad, pero no llevan su proceso en detención”, derivado de una actuación deficiente de la FGR. 

Para Aguilar Rodríguez, el caso Ayotzinapa ha puesto en evidencia que buena parte de los problemas de justicia en México “están centrados en las fiscalías (...) que no han logrado construir capacidades para investigar casos complejos que requieren de poder también limpiar las propias instituciones”.

Asimismo la directora del Centro Prodh reflexiona sobre cómo, siendo un punto de quiebre que colocó las desapariciones en la agenda nacional, en los hechos no generó una reacción del Estado para desarrollar políticas públicas para detener la crisis. 

Aguilar Rodríguez alerta:

En 2014 estábamos hablando de alrededor de 25 mil personas desaparecidas en los registros oficiales, que, siendo dudosos, ya eran muy preocupante, pero que no estaba en la dimensión de lo que estamos viendo el día de hoy, que estamos registrando alrededor de 130 mil casos, considerando que, en los seis años de la administración pasada (de López Obrador), hubo alrededor de más de 50 mil desaparecidos. 

Agrega que “el incremento en las desapariciones ha sido muy representativo del tipo de violencia que vive el país y de la falta de atención al tema que han dado las administraciones en los últimos 20 años, y el caso Ayotzinapa fue un punto de inflexión, fue el reconocimiento de la crisis”, que afectaba a todo tipo de personas, porque “en ese momento prevalecía la idea de que los desaparecidos ‘andaban en algo’ o porque estaban relacionadas con algún delito”. 

María Luisa Aguilar lamentó que otra situación alarmante, el hallazgo de restos calcinados en Teuchitlán, Jalisco. 

“Las imágenes tan dolorosas que vimos no sólo del rancho Izaguirre sino también después de esa visita que anunció el fiscal general (Alejandro Gertz)  y que mostraba la indolencia de todas las autoridades ante las víctimas, creo que generó una necesidad de parte de las víctimas de decir ‘estamos aquí, somos visibles, se requiere de una atención que no está puesta por parte de esta administración’ y forzó a la administración actual a dar al menos un reconocimiento de que la crisis de desaparición es algo que tiene que tener una respuesta”, concluye la directora del Centro Prodh .