BOGOTÁ (Proceso).- La política antidrogas militarista del mandatario estadunidense Donald Trump está supeditada al proyecto geopolítico del gobernante republicano y lo que busca es “reordenar América Latina a su medida”, afirma la investigadora de temas de seguridad y economía de la coca, Estefanía Ciro.

En entrevista con Proceso, la doctora en sociología de la UNAM y estudiosa del vínculo entre la lucha antidrogas y geopolítica sostiene que lo que Trump ha puesto en marcha con el despliegue militar frente a costas de Venezuela y ataques a embarcaciones supuestamente cargadas con drogas en el Caribe y el Pacífico es “una intervención” en la región.

Y los ataques, agrega, van a escalar en su intensidad y van a ampliar su teatro de operaciones.

Ciro afirma que la región está en presencia de “la doctrina Trump”, la cual no sólo significa el regreso al lema de la Doctrina Monroe de hace un siglo, “América para los americanos", sino a un concepto más personalista: “América para Trump”.

Los bombardeos a lanchas en el Caribe y en el Pacífico, que habían dejado 70 muertos hasta el jueves último, “son un primer paso para una intervención militar, territorial”, en la que puede haber operaciones quirúrgicas contra posiciones de cárteles de la droga en México, Colombia y Venezuela, asegura la académica radicada entre México y Colombia.

De hecho, Trump ha dejado abierta la posibilidad de realizar bombardeos en Venezuela y nunca ha descartado hacerlo también en Colombia y México.

El lunes pasado, NBC News aseguró que el mandatario ha comenzado a planificar en detalle el envío de tropas y agentes de inteligencia a México para dirigir ataques con drones contra laboratorios de drogas y miembros de los cárteles.

El pasado jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó una intervención de Estados Unidos en México porque hay “un marco de entendimiento” con ese país en el que no figura el injerencismo.

Pero el 27 de octubre último Estados Unidos destruyó en el Pacífico tres lanchas supuestamente cargadas con drogas. Una de esas embarcaciones fue atacada en un punto marítimo ubicado 830 kilómetros al suroeste de Acapulco, según las coordenadas que dio la Guardia Costera de Estados Unidos a la Armada de México para auxiliar a un sobreviviente.

Sheinbaum dijo que aunque esa operación tuvo lugar en aguas internacionales, “fue en la ubicación en latitud y longitud de nuestro país”.

Por primera vez, la presidenta condenó esos ataques que realiza desde septiembre pasado la administración Trump contra embarcaciones que según el mandatario transportan drogas cerca de Venezuela, de Colombia y, ahora, de México.

Realineamiento geopolítico

Ciro sostiene que lo que ya existe, en los hechos, es una “intervención ya en marcha”, que incluye a México.

La misma Sheinbaum aseguró la semana pasada: “Nosotros no estamos de acuerdo con estas intervenciones”.

Lo que está en duda es cuántos de los seis ataques ocurridos en el Pacífico hasta el miércoles 29 de octubre han ocurrido frente a costas mexicanas y cuántos en el Pacífico ecuatorial, frente al litoral colombiano. Además, aeronaves del Pentágono han destruido ocho embarcaciones en el Caribe, en inmediaciones de aguas venezolanas.

Esta ofensiva ha dejado hasta ahora 17 embarcaciones destruidas y 70 de sus tripulantes muertos, entre los cuales hay venezolanos, colombianos y, probablemente, ecuatorianos y mexicanos. Esto último es algo que el gobierno de Sheinbaum aún intenta averiguar con Washington.

El alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, dijo la semana pasada que las muertes de supuestos traficantes de drogas en los ataques del Pentágono son “ejecuciones extrajudiciales” y llamó al gobierno de Trump a cesar de inmediato esas acciones.

Estefanía Ciro considera que, en el caso de Venezuela, parece “inevitable” que se produzcan ataques terrestres para orillar la salida del poder al chavista Nicolás Maduro, mientras que en México y en Colombia las acciones militares podrían estar orientadas a propiciar una negociación.

Trump, afirma Ciro, no tiene una posición prohibicionista frente a las drogas ni su objetivo real es atacar a los cárteles, sino lograr posiciones de ventaja en la renegociación del T-MEC, en evitar la expansión de China en la región, en prohibir los autos chinos y las plantas chinas en México, y en atacar la migración hacia Estados Unidos.

“Antes que nada –plantea– Trump es un negociador y lo que está haciendo es poner a todo el mundo a administrarle esa intervención a través de imponer una política antidrogas militarista, de fuerza, de obligar al gobierno mexicano a enviar más policías a detener la migración “y de hacer que todo mundo haga lo que él diga”.

Dice que Sheinbaum y el mandatario colombiano Gustavo Petro son, de alguna manera, “administradores de esa intervención, Trump los está poniendo en ese lugar, porque los dos están respondiendo con la política antidrogas punitiva que quiere Washington”.

Para Ciro, autora de una amplia obra sobre la relación entre la lucha antidrogas y los conflictos que viven sociedades latinoamericanas, el objetivo de Trump es geopolítico y tiene que ver, más que con las drogas, con el petróleo venezolano, con el alineamiento de México a la concepción de seguridad nacional de Estados Unidos y con levantar un muro a China en la región.

Lo que habrá que ver, señala la socióloga, economista e historiadora, es hasta qué punto los gobernantes de izquierda latinoamericanos “se van a volver administradores de esta invasión” que, además, tiene un fuerte trasfondo político e ideológico, porque es evidente que detrás del mandatario está “la ultraderecha republicana de Miami y de Estados Unidos”.

Las ultraderechas unidas

Ciro recuerda que desde el secretario de Estado, Marco Rubio, hasta los congresistas de la Florida Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, y el senador colomboamericano Bernie Moreno, son viejos enemigos de todas las izquierdas latinoamericanas.

Los une, también, su aversión a la 4T mexicana, a los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gabriel Boric, de Chile, y Gustavo Petro, de Colombia, así como a los regímenes totalitarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Esto no es sólo una agenda de Trump, sino una agenda de la derecha latinoamericana y estadunidense que tiene como objeto romper el bloque más fuerte de la izquierda latinoamericana”, asegura.

Esto tiene réditos políticos internos para los republicanos de ultraderecha de apellidos latinos y para Trump, quien busca subordinar a Latinoamérica “con la doctrina Trump”, sostiene la académica colombomexicana.

Algunos mandatarios de la región ya están claramente subordinados a Trump, como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el ecuatoriano Daniel Noboa. Este último impulsó un referéndum, a realizarse el próximo 16 de noviembre, en el que una de las preguntas será si se permite de nuevo la instalación de bases militares estadunidenses en Ecuador.

Ciro indica que el pretexto de las bases es el combate al narcotráfico, pero en realidad es parte del plan de Washington de reforzar su presencia militar en la región y de responder por esa vía al avance de China como socio estratégico de los países sudamericanos.

La académica plantea que el debate sobre la ilegalidad de los operativos contra supuestos objetivos “narcoterroristas” también se produce en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos y en el Congreso, donde sectores demócratas han calificado la destrucción de lanchas y el asesinato de sus tripulantes como violaciones flagrantes al derecho internacional.

Y ésta es una discusión que no se ha dirimido ni siquiera al interior de un país que, aunque en ocasiones no parezca, es muy heterogéneo, señala.

El pasado jueves, por ejemplo, el Senado estadunidense, controlado por los republicanos, rechazó por 51 votos contra 49 una resolución bipartidista para prohibir a Trump emprender una acción militar en territorio venezolano sin el visto bueno del Congreso.

El presidente se libró de ese control legislativo, pero fue llamativo que incluso dos senadores republicanos votaran a favor de la propuesta.