PACHUCA (apro).-La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) presentó tres denuncias contra la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (CDHEH) por presuntos “delitos de revelación del secreto agravado, infidelidad de la custodia de documentos, abuso de autoridad y violación de secretos”.

Lo anterior, por la recomendación que el organismo le dirigió el pasado lunes, como consecuencia de los sucesos violentos del 19 de septiembre de 2023, cuando alumnado del Instituto de Artes (IA) que se manifestaba fue atacado en la antigua sede de rectoría por un grupo de choque en el que, por grabaciones, fue identificado personal de la UAEH y miembros de su Consejo Estudiantil Universitario (CEUEH).

Asimismo, la casa de estudios consideró un exceso de atribuciones que la CDHEH pidiera al rector Octavio Acosta Castillo una disculpa pública hacia su comunidad. Según la resolución del ente encargado de la defensa de Derechos Humanos, por violentar la libertad de expresión y la debida diligencia, así como las garantías a no ser sometido a violencia institucional, a la verdad, a la suficiente protección de personas y a una educación libre de violencia.

Por ello, en la recomendación R-VG-00012-24 también solicitó al Consejo Universitario instaurar un protocolo de seguridad para salvaguardar la integridad y los derechos de las personas manifestantes, fortalecer su Defensoría Universitaria y diseñar un mecanismo idóneo basado en estándares internacionales que garantice que su comunidad no será víctima de represalia por expresarse.

En voz de la titular de la Defensoría Universitaria, Elsa Ángeles Vera, la institución educativa igualmente acusó a la comisión estatal de actuar políticamente con el presunto objetivo de “manchar” la edición 2024 de su Feria Universitaria del Libro (FUL).

En conferencia de prensa, Ángeles Vera y el director jurídico de la UAEH, Rafael Hernández Hernández, señalaron que la CDHEH, presidida por Ana Karen Parra Bonilla, vulneró el debido proceso y trasgredió su propia normatividad al dar a conocer la recomendación antes de los diez días que, remarcaron, tiene la universidad para contestar si la acepta o la rechaza; con ello, afirmaron, se pasó por alto el acuerdo de confidencialidad.

Argumentaron indebida diligencia, ya que sostuvieron que no se les notificó en tiempo y forma ni les mostraron expedientes, a decir de Hernández Hernández, quien comentó que el rector sí rindió informes; no obstante, el ente local aseguró que la universidad no atendió los requerimientos y que las personas llamadas a comparecer durante la descarga de pruebas –en las que identificó en los hechos violentos a personal de la UAEH mediante viodeograbaciones– no acudieron.

La titular de la Defensoría Universitaria expuso que en 2015 la Ley Orgánica de la universidad fue reformada y con ello se le otorgó el estatus de autoridad a la persona que desempeñe el cargo que ella ahora ostenta: “Somos pares, fuimos nombradas bajo las mismas atribuciones (…) Yo dentro de la comunidad universitaria y tú dentro de nuestra entidad”, dijo, en referencia a Parra Bonilla. Por ello, consideró que no era necesaria la intervención de CDHEH, porque en la casa de estudios hay una instancia para atender quejas en esta materia, y que, por un convenio de colaboración que existe entre ambas, tienen el acuerdo de que cualquier controversia se resolvería de común entendimiento y en amigable composición.

Tras emitir su postura institucional, la universidad solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), como “medida cautelar”, suspender de su cargo a la ombudsperson Ana Karen Parra; a la visitadora general, Briseida Martínez Rosales, y al director de Análisis y Contexto de la CDHEH, Óscar Chargoy Rodríguez.

Además, pidió a la presidenta del organismo una “disculpa pública” a la comunidad universitaria, por, a criterio de los representantes de la casa de estudios, violar su propia normativa y haberse excedido en funciones al solicitar al rector que se disculpara por las agresiones del 19 de septiembre del año anterior.