CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con el grito perene de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, entonado por la luchadora social e incansable defensora de los derechos humanos, Tita Radilla Martínez, inició y culminó la presentación pública del informe Fue el Estado, un amplio relato de casi cinco mil cuartillas en las que se describe la política represiva de ocurrida en el país de 1965 a 1990.

El documento coordinado por los comisionados Abel Barrera Hernández, Carlos Pérez Ricart y David Fernández Dávalos, de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las graves violaciones a los derechos humanos, cometidas de 1965 a 1990 (CoVEHJ), fue ampliamente descrito a decenas de familiares de víctimas de desaparición forzada y sobrevivientes de abusos cometidos durante el periodo de referencia, que en esta colección se contabilizaron ocho mil 594 víctimas de 11 tipos de violaciones graves a los derechos humanos, además de que se contabiliza a 123 mil 34 víctimas de desplazamiento forzado.

Familiares de desaparecidos de manera forzada o ejecutados hace 60 años, sobrevivientes de pueblos desaparecidos por bombardeos del Ejército en comunidades indígenas, afromexicanas y campesinas durante la llamada Guerra Sucia o de campañas contra el narcotráfico, víctimas de políticas de desarrollo extractivista, que fueron reprimidas y despojadas de sus territorios, o de la  limpieza social, que actuaban contra poblaciones marginadas y criminalizadas, o perteneciente a grupos LGBTIQ+ o contra movimientos urbano populares, así como familiares de periodistas asesinados, colmaron el auditorio del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) para escuchar, para escucharse en voces de otras víctimas, como Tita Radilla, que leyeron algunos de los mil 139 testimonios recabados por investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), que forma parte de la CoVEHJ.

La exposición de casi cuatro horas contó con la participación del representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, quien consideró la misma conformación de la CoVEHJ, a partir de un decreto presidencial de octubre de 2021, como “un triunfo de los sobrevivientes, de los familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente y de los actores solidarios que los han acompañado”.

Impunidad

Sin dejar de reconocer la voluntad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador “para avanzar en una agenda históricamente soslayada por el Estado, Peña Palacios reconoció que, pese a ello, hubo obstáculos para los integrantes del MEH, responsable tanto de este informe como el coordinado por la comisionada Eugenia Allier, Verdades Innegables.

El funcionario de la ONU-DH reconoció que, en el proceso de investigación de los crímenes del pasado, “es preciso señalar las resistencias para colaborar por parte de las estructuras castrenses y los aparatos de seguridad e inteligencia, así como las limitaciones para hacer realidad que los culpables rindan cuentas ante la justicia y colaboren con la búsqueda de la verdad”.

Sostuvo que en las investigaciones del MEH ha quedado claro que el objetivo ha sido delinear la responsabilidad del Estado sobre las violaciones a los derechos humanos, “mismas que –hay que reiterarlo– perseguían solidificar, encumbrar y perpetuar a un régimen autoritario y de privilegios, someter y controlar a la sociedad, infundir miedo, reprimir el disenso y anular la diversidad”.

Ante la toma de posesión del próximo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, Peña Palacios alentó “a las próximas autoridades a reforzar el compromiso y la alianza con las víctimas”.

Apuntó: “Sólo una voluntad infranqueable (que analice, estudie y retome las pertinentes recomendaciones que hoy y otros informes productos de la Comisión que más adelante se darán a conocer) permitirá que el esfuerzo no haya sido en vano, y que sea la frustración y la desesperanza que embarga a las víctimas y sobrevivientes las que desaparezcan”. 

Acompañante del proceso de construcción de la CoVEHJ, como observador externo, Peña Palacios instó a que los informes del MEH “brindarán en su conjunto un mosaico que se ha de terminar de armar”, en el que se “refleje el elemento faltante para materializar el reencuentro con el ser querido que ha desaparecido forzadamente, que apuntale el castigo a los responsables, que perfile la verdad sobre lo ocurrido, sus causas y sus consecuencias, que dibuje de forma indeleble aquello que no debe olvidarse, y que delinee un mejor futuro a partir de un programa transformador que abone a las respuestas deseadas y a la adopción de medidas efectivas para evitar la reproducción de conductas semejantes”. 

Durante su exposición, David Fernández alertó que “no hay garantías de que no se repita lo que ocurrió” durante los años de la violencia de Estado, toda vez que “no se han desmantelado las estructuras de la violencia, siguen intactas”.

Fernández Dávalos, exrector de la Universidad Iberoamericana, recordó que en el periodo analizado se advierte que la violencia de Estado que se dirigió, en principio, contra grupos guerrilleros y disidentes, se dirigió hacia otras poblaciones que exigían sus derechos o que se encontraban en comunidades impactadas por el combate al narcotráfico, política de seguridad que contó con el respaldo del gobierno de Estados Unidos mediante agencias como el FBI y la CIA.

De ese periodo, dijo, es que “las Fuerzas Armadas y policiales se dedicaron a gestionar el crimen, algo que lleva años, por eso es que vivimos actualmente esta situación de violencia, y la expresión más amplia de esa gestión la vemos en el surgimiento de Los Zetas, un grupo del crimen organizado conformado por miembros de las Fuerzas Armadas”. 

El comisionado destacó que después de 1990 lo que ha prevalecido son “inercias institucionales, pactos de encubrimiento que impiden el esclarecimiento de lo ocurrido”, de ahí que hubo resistencias para acceder a archivos institucionales, así como a los desclasificados en Estados Unidos “porque necesitábamos el respaldo de la Presidencia y de la Cancillería”. 

Al denunciar la falta de respaldo presidencial, Fernández Dávalos explicó a los presentes que por ello es importante: 

Mirar el pasado para entender el presente, por qué no se encuentra a los desaparecidos y porque no se castiga a los culpables. 

Reporte de abusos

El comisionado reconoció a las víctimas de violencia de Estado porque, pese a su dolor, “mantienen la esperanza, por lo que este informe es sólo un paso adelante por la verdad y la justicia. Las heridas tienen que supurar para poder sanar”.

Para ilustrar sobre algunos obstáculos que tuvo el equipo de investigadores, el comisionado Carlos Pérez Ricart reveló que antes de que tomara posesión el gobierno de López Obrador, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) “purgo los archivos del Archivo General de la Nación, saqueando la historia de México”.

Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Pérez Ricart recordó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), institución que sucedió al Cisen, que estuvo encabezado por el general Audomaro Martínez, que “tiene la obligación de entregar esos documentos, que es falso que los archivos ya se hayan entregado como ha declarado el presidente”. 

En la explicación del tomo de la colección dedicado a explicar los obstáculos, titulado Las formas del silencio. Pérez Ricart contó que sus investigadores que ingresaron al Archivo Histórico de la Sedena “fueron maltratados al punto de que no pudimos continuar los trabajos, fuimos una comisión presidencial sin el apoyo presidencial para acceder a los archivos”. 

Pérez Ricart condenó la ineficiencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) porque no pudo dar respuesta a los reclamos de miles de víctimas por reparación integral, en tanto que reclamó a la Fiscalía General de la República (FGR) su falta de interés por resolver los casos de desapariciones forzadas de la llamada Guerra Sucia, periodo para el que sólo ha destinado “cuatro agentes del Ministerio Público y ocho agentes policiales”. 

El investigador contó que documentaron la “existencia de centros clandestinos de la Policía Federal”, de ahí que entre sus exigencias está la de realizar excavaciones en esos lugares en busca de desaparecidos. 

Al desglosar el número de violaciones a los derechos humanos detectados, 11 mil 748, cometidas contra ocho mil 594 víctimas, algunas de ellas con más de un agravio, Pérez Ricart desglosó los abusos encontrados en la investigación:  

Cuatro mil nueve casos de detención arbitraria.

Dos mil 287 presos por motivos políticos.

Dos mil 237 casos de tortura.

Mil 63 ejecuciones extrajudiciales. 

649 desapariciones forzadas.

385 víctimas de masacres.

282 víctimas de tortura sexual.

216 personas exiliadas.

85 casos de violencia sexual.

13 de violencia reproductiva. 

En la descripción del informe, Pérez Ricart resaltó que durante el periodo de análisis, de 1965 a 1990, la violencia de Estado se presentó de distintas formas en todas las entidades del país, situación que, dijo, ha continuado hasta nuestros días por lo que el informe Fue el Estado formuló propuestas para emprender una “desmilitarización gradual de la seguridad pública”, realizar cambios en materia de seguridad ciudadana, que dé acceso a los archivos de la Sedena y el Cisen, así como que se cree un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones y del esclarecimiento de los casos expuestos, así como explorar la creación de otras comisiones de la verdad que indague sobre las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas de 1990 a la fecha.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, cerró la exposición con el reconocimiento a los familiares de víctimas y a sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos, quienes participaron con sus testimonios en la elaboración del informe porque “la grandeza de sus historias es la fuerza de estos volúmenes”. 

El defensor de derechos humanos resaltó que México tiene una gran deuda con las víctimas del pasado, como Tita Radilla, que en 50 años “no han visto verdad ni justicia” por parte del Estado. Peor aún, denunció: 

La CEAV pretende castigar a las víctimas que protestan.

Barrera hizo un conmovedor recuento de algunos familiares de víctimas y sobrevivientes de la violencia de Estado que fueron entrevistadas por los comisionados durante los recorridos por 23 estados del país. 

Memorioso, Barrera recordó pasajes dolorosos contados por sobrevivientes y familiares, marcados por la violencia sobre todo de parte del Ejército mexicano en campañas emprendidas en el combate contrainsurgente en Guerrero, en las que pueblos de la Costa Grande fueron desaparecidos, ya sea por haber sido bombardeados o las casas de campesinos quemadas, mientras que sus habitantes se vieron forzados a desplazarse. 

Pero también contó anécdotas de la esperanza que representaba para muchísimas personas que se vieron orilladas a tomar las armas ante la represión del Estado, que en medio de la persecución encontraron la ternura de una pareja para toda la vida. 

“Estas historias están en estas páginas, no sólo son palabras, son letras, historia, sangre, vida, dolor y esperanza.

“Por eso honramos su memoria. No quiero dejar pasar a Tita Radilla, que lleva 50 años buscando a Rosendo. Honramos su lucha y esperamos que este informe sea tomado en sus manos por el gobierno, la justicia debe llegar, las voces de las víctimas tienen que estar en el centro de la nueva política del país”, alentó Abel Barrera Hernández.