CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La solicitud de autorización presentada por Financiera Sustentable de México (Finsus) para convertirse en institución de banca múltiple exhibe una red de vínculos operativos, financieros y personales con CIBanco, institución señalada por autoridades estadunidenses por presuntas operaciones vinculadas al crimen organizado y al lavado de dinero.  

De acuerdo con información obtenida por Proceso, el expediente entregado por Finsus a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) integrado por más de un centenar de páginas, contiene elementos que contrastan con la postura pública de la empresa, que ha negado vínculos con CIBanco.  

Lo anterior ha sido abordado por varios columnistas en días pasados. 

En el centro de la estructura aparece Norman Hagemeister Rey, propuesto como accionista mayoritario, con el 52.4% del capital, y presidente del Consejo de Administración del nuevo banco.  

Hagemeister fue presidente del Comité Ejecutivo de CIBanco desde 2007, periodo en el que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la institución habría facilitado operaciones financieras para organizaciones como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.  

El 25 de junio de 2025, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) clasificó a CIBanco como “institución financiera extranjera de preocupación primaria en materia de lavado de dinero”.  

Entre los hechos señalados se incluye la apertura de cuentas presuntamente utilizadas para operaciones ilícitas y transferencias a empresas proveedoras de precursores químicos para fentanilo.  

Créditos, domicilios y estructuras compartidas  

La documentación revisada también da cuenta de una relación financiera directa entre Norman Hagemeister y Lusitano FG, empresa que opera comercialmente como Onix Financiera, vinculada al entorno de CIBanco. 

Dicha información fue publicada en días pasados por los columnistas Salvador García Soto y Rogelio Varela,  

Entre 2021 y 2024, dicha entidad le habría otorgado más de 60 créditos personales por un monto superior a 2 mil 500 millones de pesos. A ello se suma una coincidencia operativa: tanto Hagemeister como Lusitano FG y Finsus comparten domicilio en Insurgentes Sur 1458, piso 12, colonia Actipan, en la Ciudad de México.  

El entramado se amplía con la participación de al menos tres directivos de Onix Financiera dentro de la estructura propuesta de Finsus como banco: Ana Laura Carrasco Garrido, Gonzalo del Valle Morales y Mauricio Prieto Staines.  En los documentos entregados a la autoridad, aparecen como directivos o consejeros propuestos, pese a sus vínculos laborales recientes, e incluso vigentes, con Lusitano FG.  

Omisiones en el expediente  

Pese a la densidad de estas relaciones, Lusitano FG no fue reportada como “parte relacionada” en la solicitud presentada ante la CNBV. Especialistas en regulación financiera citados por Varela advierten que dicha omisión no sería menor, pues la Ley de Instituciones de Crédito obliga a transparentar este tipo de vínculos, y su ocultamiento podría constituir una falta grave, incluso de carácter penal conforme al artículo 112 Bis.  

En el expediente, se mencionan otras empresas vinculadas, pero ninguna con el peso financiero ni la cercanía operativa de Lusitano FG respecto de la estructura propuesta del banco.  

Pero, más allá de los informes oficiales, Finsus ha rechazado públicamente cualquier vínculo con CIBanco. En diciembre de 2025, su director general, Carlos Marmolejo, aseguró que no existe relación “operativa, financiera, corporativa ni de gobierno” entre ambas entidades, y sostuvo que Hagemeister dejó su cargo en CIBanco en 2022.  

Además, señaló que Jorge Rangel de Alba, quien fuera dueño controlador de CIBanco y suegro de Hagemeister, dejó de ser accionista de Finsus en enero de 2025.  

La compañía también aseguró que la legisladora morenista Patricia Armendáriz y su familia dejaron de tener participación accionaria desde 2022 y 2023, respectivamente; sin embargo, Proceso no encontró evidencia documental pública que respalde dichos movimientos.  

A la par de Patricia Armendáriz, en el entorno de Finsus aparecen otros perfiles relevantes como Carlos Rafael de la Madrid, Armando Olivares y Federico Martínez, cuyos vínculos empresariales y trayectorias son observados en el contexto de la integración del proyecto bancario.  

De acuerdo con fuentes consultadas por Proceso, Armendáriz mantiene una relación cercana con Norman Hagemeister Rey. Las mismas fuentes señalan que el empresario habría tejido una red de relaciones personales y corporativas en torno a su círculo más próximo para apuntalar la solicitud de licencia bancaria.  

Estas versiones apuntan también a que el pasado de Hagemeister en CIBanco, durante la gestión de su suegro Jorge Rangel de Alba, tendría que formar parte de los elementos a considerar en la evaluación integral del caso.  

La simulación 

Tras el señalamiento emitido el 25 de junio de 2025 por la FinCEN, encabezada por Andrea Gacki, contra CIBanco, la institución enfrentó una presión regulatoria y reputacional que derivó en la desincorporación de activos y una reconfiguración de su operación.  

El señalamiento, que colocó al banco como “institución financiera extranjera de preocupación primaria en materia de lavado de dinero”, marcó un punto de quiebre para su continuidad en el sistema financiero.  

Analistas del sector financiero consultados por este medio advierten que la solicitud de Financiera Sustentable de México para obtener licencia bancaria es vista, en algunos círculos, con escepticismo. Consideran que, más que la creación de una nueva institución podría tratarse de una reconfiguración de estructuras previamente vinculadas a CIBanco, en la que convergen perfiles, relaciones empresariales y circuitos financieros ya conocidos. 

Esta lectura, subrayan, formaría parte de las preocupaciones que autoridades enfocadas en el combate al lavado de dinero, dentro de la administración de Donald Trump, mantienen bajo análisis.  

Más de 20 sanciones en 2025 

A estos elementos se suma el historial regulatorio de Finsus. Entre 2018 y 2025, la CNBV le impuso alrededor de 40 sanciones por más de 15 millones de pesos, cerca de la mitad de ellas en 2025.  

Las observaciones incluyen deficiencias en prevención de lavado de dinero, incumplimientos en la entrega de información a autoridades, fallas en gobierno corporativo y omisiones en la publicación de estados financieros.  

Asimismo, la CNBV detectó debilidades en control interno y administración de riesgos, irregularidades operativas, como la apertura de cuentas sin autorización del regulador, y fallas contables.  

Por su parte, datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indican que la entidad acumula 149 reclamaciones, con un incremento notable entre 2021 y 2023. En un contexto marcado por el endurecimiento de la supervisión financiera tras los señalamientos del gobierno estadounidense a diversas entidades en 2025, la solicitud de Finsus se ha convertido en una prueba para el regulador mexicano.