CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico acusaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de obstruir el acceso a los archivos militares, vulnerando el derecho a la verdad y a la memoria que tienen las víctimas y que tiene la sociedad entera, y desobedeciendo instrucciones presidenciales.

En nombre de los integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), David Fernández Dávalos advirtió que la Sedena les ha entregado documentación con hojas cambiadas, arrancadas o ubicados en otros lugares, y proporcionó al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el reporte de “una serie de hechos que podrían ser constitutivos de delito en la obstrucción de la consulta de los archivos, su alteración, su mutilación, su ocultamiento”.

La acusación contra la Sedena fue hecha en la reunión en que se presentó el informe de actividades y avances de la Comisión para el Acceso a la Verdad de las Violaciones Graves Cometidas de 1965 a 1990, encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob),

Los miembros del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico destacan que la obstrucción a entregar los archivos y la información “significa desobediencia a la instrucción presidencial”.

Asimismo, elaboraron y entregaron en el evento el reporte “Las formas del silencio, reporte a la sociedad mexicana de la situación que guarda la consulta de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, un caso de obstrucción de la verdad”.

Abierta obstrucción

Fernández Dávalos aseveró que las Fuerzas Armadas pasaron de la“colaboración pasiva” a una política de abierta obstrucción.

“En las últimas semanas estos obstáculos se han multiplicado, han derivado en que el personal militar haya incurrido en prácticas de ocultamiento de información por alteración, mutilación, inutilización total o parcial de expedientes.

“Con esto pensamos que la Sedena está desobedeciendo la instrucción presidencial y está trastocando el marco normativo al sólo permitir el ingreso al archivo mientras se obstaculizan la consulta y la reproducción digital”, manifestó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

El defensor de derechos humanos anunció que, debido a la falta de cooperación del Ejército para acceder a los archivos, se decidió retirar formalmente a su equipo de personas investigadoras que mantuvieron su presencia hasta finales de septiembre, “mientras no se modifiquen las condiciones anteriormente señaladas”.

En el reporte entregado a Encinas, señalan que en un principio la Sedena mostró una disposición inicial a colaborar con las labores de investigación, tanto en su archivo como en las instalaciones militares.

“Abrieron la puerta. Permitieron que la Comisión entrara, brindando las facilidades operativas. El equipo de investigación incluso logró acceder a la estantería del archivo militar, para la elaboración de un inventario topográfico para el que sólo se permitió el avistamiento de las carátulas de algunos expedientes. Sin embargo, en términos sustantivos, su colaboración fue pasiva, sin facilitar las tareas esenciales del MEH.”

La aguja en el pajar

Destaca el reporte que a lo anterior se suman problemas en la gestión archivística que desde un inicio fueron evidentes, como la falta de instrumentos de consulta actualizados o que no incluían en sus descripciones el conjunto documental que se encuentra resguardado en el archivo de concentración; o el hecho de que aún permanece en ese archivo documentación que ya debió haber sido transferida a un archivo histórico.

“Frente a ese mundo de papeles, es probable que se pensara que el equipo de investigación del MEH no encontraría información relevante. Era buscar una aguja en un pajar. Con todo, el trabajo rindió fruto y las personas investigadoras del MEH consiguieron elaborar un inventario topográfico que revela la existencia de documentación de interés para las investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990.”

No obstante, el momento en que el personal militar comenzó a obstruir y dificultar abiertamente el trabajo de localización y revisión de documentos “fue cuando se identificaron y se solicitaron documentos relacionados con campañas de combate al contrabando de enervantes del periodo correspondiente al mandato de la Comisión, así como a movimientos sociales, políticos y sobre el intercambio militar entre México y otros países en el contexto de la Guerra Fría”.

El argumento de la Sedena fue que el MEH sólo podría tener acceso a documentación sobre temas de violencia política.

“Esto ha ocurrido a pesar de las reiteradas explicaciones del grupo de investigación y del Equipo Técnico sobre el hecho de que del mandato de creación de esta Comisión se desprende la necesidad de hacer una revisión de documentación para la recopilación de evidencias sobre la posible comisión de violaciones graves a derechos humanos en otros contextos de violencia distintos al político, en los que también se perpetraron violaciones graves de derechos humanos por parte del Estado y que igualmente caracterizaron aquellos años.”

Impunidad perpetua

Los integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico destacan en su informe:

“En las últimas semanas las negativas a permitir la consulta de documentos se han multiplicado e incluso han derivado en que el personal militar –que no actúa sin indicaciones de su cadena de mando– altere documentación, es decir expedientes, relacionados con violaciones a derechos humanos, como se documenta en la cronología de incidentes que presenta el Anexo de este informe”.

Consideran que estas acciones no sólo vulneran el derecho a la verdad y la memoria que tienen las víctimas y que tiene la sociedad entera, “sino que por parte de la Sedena significa desobediencia a la instrucción presidencial, la cual simuló cumplir al permitir el ingreso al archivo, aunque una vez dentro ha obstaculizado la búsqueda y reproducción de información”.

Agrega: “Más grave aún es que, al persistir en esa postura de negación, la Sedena perpetúa la impunidad de la que han gozado los responsables de violaciones a derechos humanos desde su comisión y hasta el presente”.

Por su parte, en el documento oficial de la Comisión para el Acceso a la Verdad encabezada por Alejandro Encinas, se destacan como avances:

El levantamiento de 831 testimonios de personas en 20 estados del país; el registro documental en 87 acervos; la inspección en seis instalaciones militares, entre las que se encuentra el Campo Militar No. 1; la presentación del Plan Especial de Reparación y Compensación a las víctimas de estos hechos.

También, de manera particular, el hallazgo de siete osamentas en el municipio de Ajuchitlán del Progreso en el estado de Guerrero, las cuales se encuentran en proceso de identificación forense. Instalación de la Comisión, 10 de diciembre de 2021, en ciudad Chihuahua, Chihuahua.

Asegura la comisión que las acciones emprendidas por la presente administración “no buscan comprar silencios ni construir olvidos, como en administraciones anteriores” y argumenta que la política de verdad y memoria se construye con base en investigación social e histórica, con criterios integrales, y su diseño y aplicación se ha coordinado con las organizaciones de víctimas de la represión, y se acompaña de un equipo independiente de investigadoras e investigadores reconocidos nacional e internacionalmente”.

Señala que desde que se planteó la necesidad de construir una política de verdad y memoria, se realizaron diversos encuentros con colectivos y personas sin organización, familiares y sobrevivientes, para construir una estrategia conjunta.

“No sólo se ha establecido esta coordinación con los colectivos, una labor central que ha ocupado a la Secretaría Ejecutiva es establecer la coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal (APF), y otros órdenes de gobierno e instituciones del Estado mexicano, con la finalidad de brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades de cada uno de los mecanismos que componen a la Comisión”, indica el reporte elaborado por la oficina del subsecretario Encinas.