CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de un mes de anunciado la apertura  de archivos e instalaciones militares a los integrantes de la Comisión de Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso de la Justicia de las violaciones a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, este lunes las secretarías de Gobernación y de Defensa Nacional informaron sobre el inicio de las investigaciones en documentos castrenses y la preparación para el ingreso a cuarteles de sobrevivientes de los abusos durante la llamada “Guerra Sucia.

En un comunicado conjunto, la Segob y la Sedena recordaron que el 22 de junio en una ceremonia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer el inicio de la colaboración entre la Sedena y los integrantes de la Comisión de la Verdad, en apego al decreto presidencial emitido en octubre del año pasado, por el que el gobierno de la República reconocer su obligación de garantizar el “derecho a la memoria histórica, al acceso a la verdad, la reparación integral del daño y la no repetición”.

Las dependencias explicaron que “el acceso inicial a los archivos de la Sedena se lleva a cabo de manera irrestricta, en observancia al marco jurídico aplicable en materia de Archivos, Transparencia y Protección de Datos Personales, con la colaboración de personal militar dispuesto para la atención de los trabajos de la comisión”.

La dependencias agregaron que por el momento, se ha realizado “un primer reconocimiento de documentación relevante para el cumplimiento” de los objetivos de la comisión, cuyos integrantes previamente diseñaron un plan de trabajo junto con personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, mismo que fue presentado ante las autoridades castrenses para su consideración.

En cuanto a los trabajos de “preparación para la inspección de las instalaciones militares”, en el comunicado conjunto la Segob y la Sedena destacaron que “se realiza a través de la revisión de planimetría, correspondiente al periodo de investigación de la comisión, para contar con un primer balance sobre las permanencias y modificaciones a las instalaciones militares.

En estos trabajaos preparativos se pretende identificar “aquellos  sitios que han sido señalados por diversos testimonios (de sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos) como lugares donde presuntamente fueron identificados trasladados y detenidos”, indicaron las secretarías.

De acuerdo al comunicado conjunto, los trabajos iniciados “constituyen un paso histórico en el camino de la verdad, justicia, reconciliación y memoria, para que nunca más ocurran hechos” como los sucedidos entre 1965 y 1990.

Cabe recordar que el 22 de junio, fecha en que se anunció la apertura de archivos e instalaciones militares, familiares de desaparecidos se inconformaron por el discurso del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien informó que el presidente López Obrador autorizó la inscripción de los nombres de los militares caídos durante la lucha contrainsurgente en el monumento de las Fuerzas Armadas, así como integrar a los sobrevivientes y familiares de los soldados fallecidos durante la “guerra sucia” en los “mecanismos de reconciliación social”.

En esa ocasión, el presidente reivindicó al personal castrense que participó en la política de exterminio de las disidencias durante ese periodo, porque sólo habría seguido órdenes “de más arriba”, de autoridades civiles.