CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Comisión para el Acceso a la Verdad de los abusos cometidos de 1965 a 1990 convocó a comunidades de víctimas, perpetradores, exempleados de las agencias de seguridad del Estado con información sobre las violaciones graves a derechos humanos cometidos durante ese periodo conocido como “guerra sucia”, para contribuir al esclarecimiento histórico de ese periodo.

En conferencia  de prensa, los comisionados Eugenia Allier Montaño, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart señalaron que el objetivo de la convocatoria es recuperar entre 2 mil y 3 mil testimonios de personas que hayan sido víctimas de una política de seguridad en contra de cualquier tipo de disidencia, política, social o cultural, y que hayan sido agredidas por algún órgano de seguridad del Estado.

Al recordar que el 30 de septiembre de 2024 la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH) culmina su mandato, fecha en la que deberá hacer entrega de un informe final al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la sociedad, Pérez Ricart, destacó que el año pasado se logró tener acceso a archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de algunas corporaciones policiacas y del de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que se encuentra en el Archivo General de la Nación.

Agregó que a través del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de la misma CoVEH, lo que se pretende contar con testimonios de personas que estuvieron ligadas a los acontecimientos de la época de análisis, por lo que se espera contar con muchísimas más en este 2023, año en el que los integrantes de la Comisión han programado que sea el año de la “construcción de verdad colectiva y a la consolidación de una nueva narrativa de nuestro pasado reciente”.

Tras insistir en que la información de los archivos es insuficiente para el esclarecimiento histórico, Pérez Ricart puntualizó que se está llamando a víctimas “que tengan que ver no sólo con temas de contrainsurgencia, sino también a familiares de víctimas que hayan sufrido desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, masacres, tortura, desplazamiento forzado, prisión por motivos políticos, que hayan sufrido violencia reproductiva, tortura sexual y ocupación militar”.

Dijo que la convocatoria también está dirigida a quienes atestiguaron estas graves violaciones a derechos humanos, “en el ejercicio de sus labores, o que trabajaron con perpetradores en la policía o el Ejército para que den pistas de lo que pasó”.

En cuanto a las víctimas, insistió en llamar a quienes sufrieron abusos por su militancia político-militar o social, por pertenecer a alguna “disidencia sexogenérica, LGBT+, por ser trabajadora sexual, por ejercer su autonomía y ser reprimida por haber abortado o por colaborar con procedimientos médico abortivos, por pertenecer a expresiones culturales juveniles, es decir, personas que por su militancia, asociación u organización hayan sido violentadas por instituciones del Estado mexicano”.

David Fernández señaló que, con el  apoyo de 49 investigadores, se han recabado 200 testimonios en distintas entidades y que para 2023 se tienen programados al menos otro tanto en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, para registrar el mayor número de declaraciones.

Entre las cifras de víctimas que se ha podido establecer, es que en ese periodo “al menos se registraron entre 800 a mil desapariciones forzadas, unos 800 asesinatos durante la transición del Frente Democrático Nacional al nacimiento del PRD, y gracias a los testimonios, hemos documentado dos masacres, una en la Sierra Norte de Puebla y otra en Hidalgo, de 300 personas cada evento”, dijo.

Fernández Dávalos apuntó que por los testimonios y documentos que la CoVEH, a través del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, ha recabado es que entre los años cincuenta a setenta, lo que prevaleció fue un Estado que tenía agencias de seguridad que actuaban en tres ámbitos; “ofrecer seguridad política, para lo cual aniquilaban o castigaban a las organizaciones político disidentes, político partidarias o político militares; administraban el crimen, lo gestionaban y disciplinaban a las disidencias, las que fueran, las de tipo étnico, racial, sexual, genérica, de delincuentes comunes, etcétera”.

El exrector de la Universidad Iberoamericana resaltó que en esos años se gestó “la estructura de seguridad que tenemos en el país, de ahí que estamos investigando un pasado que explica nuestro presente y vinculado con lo que ocurre en el país, atendemos la esperanza que, una vez descifrado el pasado en sus orígenes, vamos a poder desmontar esa estructura”.

Añadió que entre los avances que ha tenido la CoVEH es el diseño de un proyecto de ley para crear un Centro Nacional de Memoria, cuya sede estaría en Puebla, “para albergar archivos y materiales de las extintas Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), asimismo se está elaborando una ley para dar continuidad a los trabajos de memoria, independientemente quién esté al frete de la administración”.

Eugenia Allier apuntó que la hipótesis de la que parte el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la CoVEH es que “la represión del Estado Mexicano no sólo estuvo dirigida a los movimientos político-militares, sociales, de trabajadores o estudiantiles, sino que se extendió al resto de la población, por lo que apelamos a toda persona que sienta que fue perseguida durante ese periodo y tiene algo que contar respecto a ese pasado”.

La comisionada insistió en que más que el documento final, lo importante de la CoVEH será la construcción de los “diálogos por la verdad, la participación de las víctimas, de los sobrevivientes, porque el informe final no es suficiente para el acceso a la verdad, la memoria y la reparación, sino que es un eslabón más de un proyecto que tiene que continuar para bien del país”.