CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Víctimas de torturas y encarcelamiento ilegal en el Campo Militar Número Uno, durante la llamada “guerra sucia”, exigieron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “mayor apertura” y colaboración para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese periodo así como para identificar fosas clandestinas dentro de las instalaciones castrenses.

En conferencia de prensa, para dar a conocer el primer balance de ingreso al Campo Militar Número Uno por parte de integrantes de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso de la Justicia de las graves violaciones a derechos humanos cometidos de 1965 a 1990”, Erasmo Cabañas, quien estuvo encarcelado en ese lugar en dos ocasiones, en 1976 y en 1977 por ser familiar del líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, alertó que la apertura de la Sedena será benéfico para la institución.

“Pedimos a la Sedena que se abra más para apoyar el proceso de esclarecimiento, porque en vez de ensuciarlos (a los militares), van a limpiar su imagen”, dijo el sobreviviente, quien se quejó que durante el ingreso a las instalaciones militares los días 20, 21 y 22 de septiembre, hayan sido guiados por personal militar que no tenía conocimiento histórico de los espacios visitados.

Cabañas recordó que durante su estancia en dos ocasiones en esas instalaciones, advirtió que personal de la “Brigada Blanca llevaba al Campo Militar a personas a torturar, en ocasiones hasta a la muerte, es muy importante que nos den esas bitácoras de ingreso de ‘nuevos huéspedes’, que seguramente existen, y que nos digan dónde están las fosas clandestinas, porque las personas que morían en la tortura, seguramente fueron enterrados en esas instalaciones, queremos saber dónde dejaron los cadáveres”.

Erasmo Cabañas confió en que durante el recorrido pudo reconocer un espacio que ahora es un frontón, el posible sitio donde se encontraba la cárcel clandestina, en un espacio subterráneo, por lo que urgió a la colaboración castrense, ante el reclamo de “esclarecimiento y justicia” de víctimas y sus familiares.

Durante la conferencia, David Fernández Dávalos, integrante de la Comisión de la Verdad, reconoció que en el ingreso al Campo Militar Número Uno, hubo una colaboración “pasiva” de elementos militares que guiaron a 25 víctimas y familiares, así como a personal de la Subsecretaría de Gobernación, expertos y personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

No obstante, reconoció que esta primera visita, sirvió para confirmar las denuncias que desde décadas han hecho sobrevivientes y sus familiares sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidos en instalaciones militares.

“Encontramos indicios creíbles de que el Campo Militar Número Uno fue escenario de crímenes de lesa humanidad, a través del reconocimiento de las víctimas de pisos, zoclos, ventanas, paisajes subterráneos, que llaman a profundizar las investigaciones dentro del Campo Militar y otras instalaciones militares”, dijo el exrector de la Universidad Iberoamericana.

Fernández Dávalos consideró la visita “exitosa” al haberse corroborado el dicho de las víctimas, que durante años han sufrido el “estigma de ser personas desviadas, delincuentes, resentidos o terroristas”, cuando fueron “luchadores sociales”.

El comisionado llamó a dejar de nombrar esa época de la historia del país como “guerra sucia”, porque “no se trató de una guerra sino de una política de aniquilamiento de personas que luchaban por un México mejor, se trató de una política de terrorismo de Estado”.

Asimismo, urgió a “superar la narrativa de que los militares sólo obedecieron órdenes de autoridades civiles, porque los militares tenían márgenes de autonomía e independencia” que les permitieron cometer los abusos.

El secretario técnico de la Comisión, Félix Santana informó que durante los tres días de visita se recorrieron siete instalaciones, y que no será la única ocasión en que las víctimas recorrerán el Campo Militar y otros espacios castrenses, al menos hasta diciembre de este año.

Al señalar que por los planos que han recabado se ha podido constatar que las 300 hectáreas con que cuenta el Campo Militar ha sido “constantemente remodelado”, por lo menos desde 1982 a 2019, el funcionario indicó que también serán revisadas instalaciones militares en Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Chihuahua, sitios donde sobrevivientes y familiares ha declarado haber sido vistos por última vez, decenas de personas que permanecen desaparecidas.

En la conferencia de prensa, también participaron Armando Otto Gaytán, exintegrante del Movimiento Armado Revolucionario (MAR) y quien estuvo preso en Campo Militar; Josefina Martínez y Rojas, viuda de Felipe Martínez Soriano, quien estuvo preso también en esas instalaciones militares, así como el comisionado Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.