CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  “Lo que yo quisiera es encontrar una habitación de cuatro por cuatro metros, con una silla de metal desnuda, al fondo un escritorio solo y oxidado, todo salpicado de sangre”; “En verdad, lo que yo quisiera saber es el nombre del militar que me torturó y que lastimó también, con una botella rota, los genitales de una niña de 16 años presa junto conmigo”; “A mí me gustaría confrontar, maldecir a los militares; sin embargo, reconozco que hay que tener entereza, reprimir nuestros deseos más profundos y proceder con respeto, con inteligencia”; “Estoy seguro de que la verdad nos hará libres; por eso sé que esta visita nos aliviará de un peso que hemos llevado a cuestas por décadas”.

El denominador común en el deseo de las víctimas sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos y de sus familiares, antes de entrar al Campo Militar Número 1 y durante las jornadas de inspección que se llevaron a cabo del 19 al 23 de septiembre pasado, no era otro que el de colaborar con la verdad, ayudar a que la verdad de lo ocurrido durante el período de la llamada Guerra Sucia se conociera a cabalidad.

“No somos optimistas –decían–, las instalaciones ya no están. Quizá no encontremos nada, pero, de todos modos, tenemos que reivindicar nuestra historia, palpar también el sitio en el que vieron por última vez a nuestros familiares. Queremos arrancarnos del corazón esa braza ardiente, esa tortura que nos colocó el gobierno autoritario y que nos quema desde entonces. Nos mueve la esperanza de saber el destino de quienes nos faltan todavía: ¿dónde están? ¿qué pasó? ¿quiénes fueron? Tal vez, que pidan perdón por lo que hicieron”.

Esa visita de inspección fue conducida por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 (CVJ). A pesar de ser una comisión presidencial, de contar con un mandato acotado en el tiempo y de no considerar el doloroso presente de nuestro país, esta entidad –nuestra Comisión–, quiere ser, en realidad, un proyecto con pretensiones fundacionales. Su pretensión es proyectarse al pasado, para esclarecer lo ocurrido durante la Guerra Sucia, pero también al futuro. Pretende investigar y exponer graves violaciones a los derechos humanos del pasado con miras a sentar las bases para realizar ahora una reforma profunda de la seguridad pública y de la procuración y administración de justicia en el país, y establecer así una nueva cultura de derechos humanos.

Con todas sus actuaciones, con la revisión de los archivos militares y civiles, con el ingreso a distintas instalaciones castrenses, con la recolección de testimonios de víctimas y perpetradores, pretendemos dar con la verdad de los hechos del pasado. Pero entendemos esa verdad como reconocimiento de los perpetradores y del régimen que los alentó y protegió, como explicación plausible de lo ocurrido, como desenmascaramiento de los relatos oficiales ideologizados que de ella se han hecho. Esto porque nuestro objetivo primordial, en el fondo, es el restablecimiento de la dignidad humana y cívica de esas múltiples y diversas víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, así como la realización de la justicia integral, involucrada en el (re)-establecimiento de un respeto moral igualitario para todas las personas, como bases para una nueva cultura de derechos y para una democracia básica.

La CVJ no forma parte del funcionamiento “normal” de nuestra democracia. Es un mecanismo extraordinario de verdad y justicia en este contexto nacional de democracia limitada e iliberal en el que nos debatimos, expresión de la determinación democrática y de voluntad política de víctimas y sobrevivientes, acompañada por una parte del Estado.

Nuestra función “fundante” –decía la Comisión de la Verdad de Sudáfrica– está orientada hacia la verdad del pasado para enfrentarlo como sociedad, pero se encuentra preferentemente dirigida a establecer un nuevo orden moral y político, sin impunidad, pactos de silencio ni crímenes perpetrados por autoridades. Si miramos al pasado, lo hacemos como proyecto de fundación histórica. Tratamos con el pasado con el objeto, también, de despejar el camino para un comienzo renovado.

Las personas que conformamos el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la CVJ somos conscientes del carácter público y democrático que ha de tener esta Comisión, tanto en su modo de operar, pero también como un ejercicio deliberado de educación política.

Hemos dado amplia difusión al ingreso al Campo Militar Número 1 como prenda de que sabemos que debemos priorizar el proceso de esclarecimiento y construcción de la verdad, por encima del producto que se espera (un informe final). Además, consideramos que es difícil que podamos presentar “verdades” no reveladas anteriormente, aunque pueda haber algunas sorpresas, sobre todo en relación con las diversas comunidades de víctimas que fueron violentadas. Pero, en todo caso, hemos de mostrarlas desde el costo humano que significan y han significado como atrocidades cometidas, de suerte que la verdad sea presentada no como un dato, sino como una catástrofe.

Por supuesto, sabemos que no hay una absoluta separación entre proceso y producto, ni es posible la “objetividad” en nuestras indagaciones y resultados. Por eso, la CVJ ha de declarar en cada momento el significado y la interpretación que hace de la verdad de los hechos y de la justicia debida. Es inevitable que la CVJ cree un marco comprensivo, integral, de esa verdad, que al mismo tiempo sea acogedor y generoso para quienes han sido violentados.

La CVJ tiene que generar una verdad incluyente, que no sólo dé cuenta de las atrocidades cometidas, sino que ayude a explicar el conflicto y los factores de su persistencia. Es decir, su tarea es, no sólo producir un informe, también contribuir a un proceso de asimilación de esa verdad que es mucho más amplio y se proyecta ahora y en el tiempo por venir.

En cierto sentido, los hechos ocurridos son ya conocidos. El problema está en que estas violaciones han sido negadas o justificadas y persisten en el tiempo presente. El punto no es tanto una falta de conocimiento como de rechazo de los implicados a reconocer la existencia de estas atrocidades políticas, su índole injustificable y su papel en ellas. Esta es, por cierto, una cuestión política.

Negar es una demostración de poder político. Para las víctimas es una duplicación de la violación básica, una negación reiterada de su dignidad humana y ciudadana. A los agresores les sirve para definir su poder: no sólo están en posición de cometer atrocidades, sino que además pueden hacerlo con impunidad.

Por todo esto, esta CVJ deberá insistir en los procesos de reconocimiento público. Sólo esto puede restaurar en forma pública la dignidad de víctimas y sobrevivientes mediante el reconocimiento de la verdad de lo que les ha sido infligido. Que los perpetradores reconozcan de forma pública esas violaciones lanza el mensaje de que ellos y ellas también están sujetos a normas básicas de responsabilidad.

En síntesis: la CVJ, por sus pretensiones y metodología, ha de ser un interlocutor para la sociedad en general y, en particular, para las víctimas y sobrevivientes. Su intervención constante debe abrir un espacio de conversación amplio que convoque a grupos humanos a enfrentar su pasado para desmontar los fundamentos de las violencias del presente, y construir así un futuro más justo, democrático e incluyente. Que esto se logre es el esfuerzo al que convocamos a toda la sociedad.  l

*Comisionado experto del Mecanismo ?de Esclarecimiento Histórico de la CVJ.