CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (MEH) “ha experimentado serias dificultades” para tener acceso a documentación “proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las fuerzas armadas y de las policías”.

A la falta de transparencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la entrega del fondo documental de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) al Archivo General de la Nación (AGN) se suma la “hipótesis” de una posible sustracción o robo de archivos.

En entrevista con Proceso, el comisionado miembro del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) Carlos Pérez Riart sostiene que, tras la revisión del acervo de información de las agencias de represión y vigilancia política de México del siglo pasado, hay indicios de que “se robaron archivos de la DFS del AGN” o bien se tiene “una hipótesis de trabajo de que fueron sustraídos”.

Pérez Ricart resalta que, por estar considerados en los catálogos del AGN y por el conocimiento que tienen los investigadores del MEH de los archivos de la DFS, se tiene certeza de que “había documentos de la DFS que se habían entregado al AGN y que luego que ya no están, lo que es muy grave”.

Tras recordar que durante 16 años personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), institución que sucedió a la temida DFS, resguardó el material histórico dentro del AGN, Pérez Ricart fue cauteloso: los comisionados “no podemos aseverar que fueron robados por personal del CISEN, que controló las bóvedas entre 2002 y 2019; ellos tuvieron acceso irrestricto a las galerías de esos archivos”.

El comisionado reconoció que los integrantes del MEH tampoco saben cuándo habría ocurrido la sustracción de documentación, y recordó que a partir de 2019 el AGN se encargó de resguardar la documentación sobre la represión política en México del siglo pasado.

Pronunciamiento del MEH

Pérez Ricart y los otros tres comisionados del MEH, Eugenia Allier Montaño, Abel Barrera Hernández y David Fernández Dávalos, firmaron un pronunciamiento para exigir el acceso total a la documentación que resguardan el CNI y el AGN.

En el documento señalan que el CNI, dirigido por el general Audomaro Martínez Zapata, exjefe de seguridad de Andrés Manuel López Obrador durante sus tres campañas presidenciales, incumple al menos cuatro preceptos legales.

De acuerdo con el comunicado, “a 22 meses de su creación, el MEH no ha tenido acceso a la totalidad de los archivos” del extinto CISEN, hoy conocido como CNI, “material crucial para la investigación de las violaciones cometidas en ese periodo”.

Los comisionados exigen “la garantía de transferencia total y de acceso de archivos y expedientes del CNI al Archivo General de la Nación (AGN) que incluya los faltantes de la Dirección Federal de Seguridad (1947-1985), los de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN, 1985-1989) y los del CISEN (1989-1993) que el CNI debe tener aún bajo su poder y que son cruciales para el cumplimiento del mandato del MEH”.

Además de la falta de acceso a la información, los comisionados alertan que el CIN incumple el acuerdo presidencial del 28 de febrero de 2019 que ordena a todas las instituciones la entrega de documentación relacionada con violaciones graves a derechos humanos, y el decreto del 6 de octubre de 2021 por el que se crea la COVEHJ, así como la Ley General de Archivo (LGA) y la Ley General de Transparencia.

Hartazgo ante las negativas

El comisionado Pérez Ricart resalta que la denuncia surge tras el “hartazgo” de no tener acceso total a la información requerida para el esclarecimiento histórico, cuando falta un año para que culmine el mandato de la COVEHJ y que rinda el informe final, por lo que sólo piden “que cumplan con la ley y con la promesa del presidente de la República”.

El también académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) destaca que por el momento no prevén recurrir a instancias legales para obligar al CIN a entregar la información, “eso lo puede resolver una orden presidencial”.

“Vamos a ver cómo responden las autoridades a las que dirigimos este pronunciamiento, en señalar las faltas a los órganos administrativos, y los dirigimos a las autoridades competentes, incluido el presidente de la República y toda aquella institución que sea competente”, puntualiza Carlos Pérez Ricart.