CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum incorporar estándares internacionales de derechos humanos en el llamado “Plan Integral para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario”, anunciado como parte de su proyecto de seguridad, en su campaña presidencial.

Con motivo del Día Internacional de Nelson Mandela, que recuerda los derechos de las personas privadas de la libertad, la ONU-DH llamó al Estado mexicano “especialmente a las autoridades electas, federales y estatales, a diseñar una política penitenciaria que garantice condiciones dignas de detención”.

Al alentar la incorporación de las Reglas Nelson Mandela, recomendadas por la ONU, en su plan penitenciario “podría significar un parteaguas en favor de un sector históricamente olvidado”, y que en su mayoría corresponde a la población más pobre del país.

En un comunicado, la ONU-DH resaltó que organismos nacionales e internacionales han alertado sobre “las inadecuadas condiciones de detención, el hacinamiento, los problemas de autogobierno y corrupción, los esquemas rígidos de aislamiento administrativo y las deficiencias en las políticas de reinserción, son algunos de los retos que han sido señalados por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, en buena parte derivada del “abuso de la prisión preventiva y la existencia misma de la prisión preventiva oficiosa”.

El organismo apuntó que “particularmente preocupantes son las condiciones de las mujeres privadas de la libertad (…)  la insobervancia de los derechos humanos”,  que han sido detectadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Defensoría Pública en la prisión federal para mujeres en Morelos, donde 15 mujeres han muerto en los últimos tres años “algunas de ellas aparentemente por suicidio”.

Recordó que en México los centros penitenciarios “albergan principalmente a personas en situación de pobreza y marginación, quienes enfrentan una mayor vulnerabilidad debido a las difíciles condiciones de detención en las prisiones”, situación que justifica aún más su llamado.

Tras reconocer que, en la pasada revisión del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Estado mexicano aceptó recomendaciones relacionadas con la situación de personas privadas de libertad, de ahí la importancia de que México se mantenga abierto “al escrutinio y cooperación internacional”.

Al recordar que en el mes de septiembre próximo el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria presentará su informe de misión y el Subcomité para la Prevención de la Tortura ya ha anunciado una visita al país en el primer semestre de 2023, la oficina en México de la ONU-DH insistió en la conveniencia de que el gobierno de Claudia Sheinbaum “atienda lo dispuesto en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela; observe lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y vele por la implementación efectiva de las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”.

La ONU-DH reiteró su disposición para continuar brindando asistencia y cooperación técnica al Estado mexicano, particularmente a las autoridades electas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos”.