CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ante la esperada aprobación de la reforma judicial y la postura irrevocable del Ejecutivo federal de que los juzgadores del país sean electos por voto popular, las organizaciones de la sociedad civil han comenzado a preparar propuestas que ayuden a aminorar los efectos negativos que puede tener este esquema.

Las organizaciones participantes esperan que, en el marco de los foros realizados por la Cámara de Diputados, sus propuestas sean recibidas y analizadas por los legisladores durante la elaboración del dictamen final.

“Estamos de acuerdo con el diagnóstico de la iniciativa del presidente que establece que la justicia en el país no siempre es muy eficiente, que hay altos niveles de impunidad y que la justicia puede ser muy distante de la gente y por ello es importante mejorarla, pero no estamos de acuerdo con las soluciones que se proponen.

“La propuesta de elegir a las personas juzgadoras de todos los niveles por voto popular conlleva muchos riesgos y que el Tribunal de Disciplina Judicial, como está planteado, también conlleva muchos riesgos. Entendemos que es importante para la mayoría que ganó las elecciones y por ello, con base en la propuesta del presidente, pensamos en algunos ajustes que se le podrían hacer para intentar mitigar esos riesgos”, explicó en entrevista con Proceso la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Laurence Pantin, quien participa en una de las propuestas junto con otras organizaciones pertenecientes al colectivo #LaJusticiaQueQueremos.

“La reforma no plantea las soluciones a los problemas que se detectaron en el diagnóstico que viene en la exposición de motivos de la iniciativa. No se prevén, por ejemplo, medidas para garantizar la calidad en el acceso a la justicia; la reforma no prevé nada que amplíe el acceso a la justicia, como procedimientos en los que no haya la necesidad de contar con un representante legal o disminuir los costos de algunos trámites, como el juicio de amparo, entre otras”, asegura.

Coincidencias

Al igual de la mayoría de los académicos, políticos e integrantes del PJF, Pantin detalló que las organizaciones participantes de esta propuesta coinciden en que los juzgadores que sean electos por voto popular no necesariamente tendrán los conocimientos ni la capacitación necesaria para ocupar ese tipo de cargos.

“No hay ningún mecanismo que asegure que las personas vayan a tener las calificaciones necesarias para ser juzgador. Esto nos parece preocupante”, comentó.

El pasado 9 de julio, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se exija a los candidatos a juzgador que cuenten con una experiencia mínima de cinco años en el ejercicio profesional.

“No cualquier persona puede ser juzgadora. Éste es uno de los riesgos, porque el problema de una persona que no conoce bien el Derecho, que carece de habilidades para escuchar o juzgar la personalidad de las personas, indica que su trabajo puede llegar a ser sezgado o incluso incorrecto, en el sentido de que si no aplican bien el Derecho esto podría llevar a una situación que puede afectar muchísimo la impartición de justicia y el derecho de las personas a tener un acceso a una justicia efectiva y adecuada”, opinó Pantin.

Después de las elecciones del 2 de junio pasado, en las que Morena obtuvo no sólo la Presidencia de la República sino mayoría parlamentaria, el presidente López Obrador ha enfatizado en que la elección de juzgadores “va porque va”, como advirtió el pasado lunes 8 el diputado morenista y próximo senador Óscar Cantón Zetina, en la clausura del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, organizado por el Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo federal al Congreso, corresponderá al presidente de la República nominar a 10 candidatos, al Poder Legislativo otros 10 y al Poder Judicial otros 10 para que, de esos, la ciudadanía elija a los nueve integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ante esta postura que parece inamovible, la propuesta de organizaciones como la FJEDD es que, para el caso de la elección de los ministros de la Corte, los candidatos sean preseleccionados a través de un proceso meritocrático que incluya un examen teórico-práctico y que un comité técnico revise sus antecedentes para definir quiénes podrían llegar a ser candidatos.

“Es un modo de rescatar la idea del concurso de oposición (actualmente vigente), porque es muy importante que en este caso se realice una convocatoria abierta, es decir, que cualquier persona interesada se pueda postular, porque el Poder Judicial llegó a ser demasiado endogámico, y aunque la carrera judicial es muy buena, se debería mejorar en el sistema actual que los concursos de oposición siempre estén abiertos a personas externas al Poder Judicial, en cualquier nivel”, detalló Pantin.

“Es decir, sí estamos considerando que podría funcionar esta idea del voto popular, con la salvaguarda de armar esta bolsa de candidatos que cumplen con ciertos requisitos básicos para ser preseleccionados”.

Sin embargo, sostuvo que en el caso de los jueces y magistrados de todo el país sería muy problemático eliminar la carrera judicial, por lo que propondrán conservar el procedimiento de designación actualmente vigente, pero que los concursos de oposición sean siempre abiertos para evitar la endogamia que han observado.

“Estamos convencidos de que el voto popular no es la mejor solución, pero entendemos que para el presidente es una cosa no negociable. Tomando esto en cuenta, consideramos que hay cosas que se puedan hacer para mejorar y en particular para el caso de los ministros y quizá también para los magistrados del tribunal electoral.

“Para los otros cargos, es decir, los jueces y magistrados federales y locales, consideramos que es muy importante que no sean nombrados bajo ninguna circunstancia por voto popular y que más bien se haga un esfuerzo para abrir los concursos de todos los niveles a personas externas al poder judicial para que haya más pluralismo dentro de los poderes judiciales”, apuntó Pantin.

En la propuesta del presidente López Obrador se prevé la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para ser sustituido por un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial.

Laurence Pantin añadió que la integración de dicho Tribunal de Disciplina Judicial no debe ser por voto popular, además de que en la iniciativa del Ejecutivo no se delimitan adecuadamente las causales por las cuales puede investigar, sancionar e incluso destituir a los juzgadores, lo que puede provocar una posible “cacería de brujas”.

“Nos parece que es muy importante remover esto de la iniciativa, porque si no esto daría lugar a una posible cacería de brujas (...) nos preocupa que este tribunal, como está planteado en la reforma, no prevé una posibilidad de una segunda instancia, es decir, sus decisiones son finales e inatacables.

“Proponemos que en lugar de que el tribunal sea la primera y única instancia, sea una segunda instancia y que el proceso administrativo, o sea de investigación de responsabilidades administrativas, se quede en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA); que la Contraloría sea el órgano sustanciador y que el pleno del órgano de administración sea la autoridad que resuelva en primera instancia y si se llega a una segunda instancia llegaría al Tribunal de Disciplina Judicial”, refirió.

En el caso del presidente del órgano de administración judicial, Pantin consideró que debe ser designada una persona externa al Poder Judicial para que tenga independencia de los altos mandos en este tipo de instituciones.

Reprochó que la reforma judicial planteada por el Ejecutivo no incluya mecanismos para reforzar a los poderes judiciales locales a fin de evitar que tengan que estar cabildeando presupuestos, sobre todo, de cara a la implementación de reformas como la laboral y ahora la del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que requieren gastos extra para los poderes judiciales locales.

Que la sociedad civil sea la que postule

En tanto, organizaciones como Serapaz y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) enfocaron su propuesta alterna a la elección por voto de los ministros de la Corte y a quienes integrarán a los órganos que sustituyan al CJF.

Jorge Fernández de Souza, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México e integrante de Serapaz, explicó en entrevista para Proceso que ellos proponen que los ministros y consejeros de la Judicatura no sean postulados por los Poderes de la Unión sino por las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil.

“Se dice mucho, con razón, que los ministros, los consejeros y también los jueces y magistrados obedecen, por así decirlo, a dos líneas, a los poderes de la Unión, sobre todo históricamente a los presidentes de la República, y a los grandes despachos, a quienes tienen los poderes económicos, y con esta propuesta se trata de que organizaciones defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil, de los sectores menos favorecidos o que tengan menor acceso a la justicia, participen sobre todo en los grandes temas”, explicó.

De esta manera, añadió, es posible que las organizaciones propongan a personas que vengan de la carrera judicial, como un mecanismo de rescate a este esquema que tiene más de 20 años de estar vigente en los poderes judiciales.

El exmagistrado consideró, al igual que Pantin, que el problema de la justicia en México no está sólo en el PJF sino en los locales también, por lo que debido a que la iniciativa del Ejecutivo federal prevé repetir el esquema planteado para la Federación en los poderes judiciales estatales, las organizaciones buscarían también tener participación en la postulación de los candidatos a jueces y magistrados locales.

Fernández de Souza destacó que el conflicto actual entre el Poder Ejecutivo y el Judicial puede ser una buena oportunidad para modificar el proceso de designación de los ministros de la Corte, en el que desde hace años las organizaciones de la sociedad civil han pugnado por tener mayor participación.

“Esta controversia que ha habido abre las posibilidades para que sectores de la de la sociedad, sectores populares, puedan intervenir, participar, dar una opinión, no que continúe nada más la discusión actual entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, sino que se abra a otros sectores de la sociedad”, comentó.

“Creo que en gran medida los sectores de la sociedad, sobre todo los populares, han estado nada más observando lo que ocurre y no han podido participar”.

El exfuncionario pugnó por evitar que la controversia continúe entre los titulares de los poderes de la Unión para evitar que quienes sustituyan a los actuales juzgadores del país, sobre todo cuando se trata de ministros y consejeros de la Judicatura, sean amigos o allegados a los actuales protagonistas del conflicto, sino que pueda participar la sociedad en general.

“El punto es que no sea una discusión limitada al continuismo o a que ocupen los espacios personas afines al Ejecutivo actual”, apuntó.