CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la crisis de derechos humanos que se vive desde hace varios años, México recibió 318 recomendaciones formuladas por 115 países, durante la revisión del cumplimiento de tratados internacionales en la materia, durante el cuarto periodo del Examen Periódico Universal (EPU), llevado a cabo en la sede de Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

Organizaciones que conforman el Colectivo EPUmx alertaron que la representación mexicana “tomó nota”, de 16 recomendaciones, esto es que no las aceptó plenamente, pero que “abordan temas torales en materia de justicia, seguridad, migración y desplazamiento forzado interno que se enfrentan en la agenda actual de discusión pública”, señalaron las organizaciones en un comunicado.

De acuerdo al colectivo los temas que el Estado mexicano se reservó para su análisis tiene que ver con “la eliminación de las figuras de prisión preventiva oficiosa y arraigo; la aprobación de una ley en materia de desplazamiento forzado interno y modificación de la Ley de Migración para eliminar disposiciones que permiten la detención administrativa de personas migrantes; la adopción de medidas para prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad y eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad”.

Las recomendaciones de las que el Estado “tomó nota” implican el “cuestiones relacionadas con la militarización de la seguridad pública, como el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de tareas civiles, el establecimiento de mecanismos civiles para la rendición de cuenta de los agentes militares en este contexto y la investigación de los casos de vigilancia de la población civil por las fuerzas del orden”.

Las organizaciones lamentaron que en su argumentación a la no aceptación plena de estas 16 recomendaciones, el Estado mexicano no se apegase a la realidad, negando situaciones tan elementales como la existencia de la militarización.

“Mientras que, por primera vez en este mecanismo, los Estaos mexicanos emitieron recomendaciones sobre la militarización en el país, en su respuesta México sostuvo afirmaciones que no se sostienen con la realidad nacional y con la documentación e investigación que varias organizaciones de las sociedad civil, al afirmar que la Guardia Nacional (GN) se ha consolidado ‘siempre bajo el mando de una autoridad civil’, mientras que el titular del Ejecutivo presentó nuevamente una iniciativa de reforma para adscribir a la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional y suprimir los candados democráticos de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y en otras áreas de la vida pública”, destacaron las organizaciones agrupadas en el Colectivo EPUmx.

Contra “evidencias contundentes”, en su respuesta a las recomendaciones el Estado mexicano sostuvo que “en México no se espía ni se vigila a nadie”, cuando existen pruebas “sobre actos de vigilancia ilegal por autoridades de investigación y el Ejército incluso durante la actual administración, contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas”.

Consideraron preocupante “el rechazo a las recomendaciones sobre arraigo y prisión preventiva oficiosa”, lo que para las organizaciones de la sociedad civil “da cuenta de la posición que ha tenido la presente administración buscando ampliar esta última figura”.

En cuanto al desplazamiento interno, el colectivo resaltó que al no aceptar recomendaciones sobre el tema como de urgente atención, “contrasta con lo que desde la propia ONU constato la relatora de Desplazamiento Interno tras visitar el país en 2022 y sobre los pendientes de México en este ámbito”.

En su comunicado, las organizaciones reconocieron la disposición del Estado mexicano para aceptar desafíos en las restantes 312 recomendaciones aceptadas, que están relacionadas con temas como “la violencia contra mujeres y niñas; desapariciones forzadas; migración y desplazamiento interno forzado; la igualdad de género; independencia judicial; tortura; combate a la impunidad; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; empresas y derechos humanos; así como para  garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes; pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes; personas LGBTIQ+; personas con discapacidad; personas privadas de la libertad; personas periodistas y defensoras de derechos humanos”.

Al reiterar que “la posición de México dejó a un lado algunas cuestiones más apremiantes en el contexto actual”, las organizaciones de la sociedad civil que integran el Colectivo EPUmx llamaron al Estado mexicano, “y en particular,  a la próxima administración, a considerar seriamente las recomendaciones de las que ha tomado nota en la medida que abordan temas cruciales para abordar la situación que vive el país y asumir las recomendaciones aceptadas como una guía para la adopción de políticas y programas concretos”.

Acotaron que, al asumir los compromisos internacionales, “se tome en cuenta la participación de sectores amplios, incluyendo la sociedad civil y colectivos de víctimas y sus familias”.

Las 300 organizaciones que conforman el Colectivo EPUmx, exhortaron a la comunidad internacional y al cuerpo diplomático a “monitorear las recomendaciones aceptadas por México y dar seguimiento a aquellas que no fueron asumidas, a efecto de que sean parte de los diálogos y consultas bilaterales que sostienen las acciones de cooperación, ratificando que el rol de la comunidad internacional en México ha sido clave para acompañar la labor de la sociedad civil en materia de derechos humanos y sobre todo las denuncias de las víctimas”.

Al señalar que se mantendrán atentas al cumplimiento de las responsabilidades internacionales que se derivan el cuarto ciclo del EPU, las organizaciones reiteraron su “disposición para colaborar con las autoridades para su materialización”.