CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La resistencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador “no sólo de reconocer la continuidad” de la crisis de derechos humanos en el país “sino incluso de negarla del todo, arguyendo que en México ya no se violan derechos humanos, ha exacerbado la situación y generado retrocesos en la garantía y protección de determinadas poblaciones y derechos”, evalúan cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil integradas en el Colectivo EPUmx, en el informe sombra entregado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El Informe sombra o alternativo es una herramienta de monitoreo y vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

El informe general y 17 bloques temáticos fe entregado previo al Examen Periódico Universal (EPU) sobre México que el consejo, compuesto por representantes de los Estados miembros de la ONU, realiza este viernes en Ginebra, Suiza.

A seis años de la última revisión a México, cuyos representantes presentaron resultados del gobierno de Enrique Peña Nieto, en este cuarto ciclo del EPU, dedicado a la revisión del cumplimiento de convenciones internacionales firmadas por el país en materia de derechos humanos, las organizaciones que integran el Colectivo EPUmx, alertan de que la postura de negación del gobierno de López Obrador no sólo afecta “el diseño de políticas públicas y programas orientados a la prevención y erradicación de los abusos”, sino que se ha exacerbado “la resistencia al escrutinio internacional, los mensajes de deslegitimación a la observancia de la comunidad internacional -incluyendo la de las Naciones Unidas- y a las labores de observación de la sociedad civil organizada”.

Entre los temas de preocupación, las organizaciones sociales destacan que durante el gobierno de López Obrador se han perpetuado “situaciones de riesgo para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión”, en buena parte debido que el presidente, de manera constante, dirige “mensajes de deslegitimación contra organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y medios de comunicación e, incluso, operadoras de justicia y organismos internacionales”.

Advierten que el impacto del recrudecimiento del entorno “hostil y violento” se refleja en las propias cifras oficiales, pues en los primeros cuatro años de gobierno de López Obrador, de diciembre de 2018 a diciembre de 2022, 107 personas defensoras y 59 periodistas fueron asesinadas, mientras que organizaciones sociales documentaron siete asesinatos de periodistas en los primeros seis meses de 2023.

El informe apunta que “es particularmente alarmante la situación de familiares de personas desaparecidas” dedicadas a labores de búsqueda, al registrarse 10 asesinatos de familiares buscadores, ocurridas entre mayo de 2018 y mayo de 2023, “cuatro de ellas en el último año”.

Las organizaciones alertan de manera particular sobre la situación de personas defensoras del medio ambiente o que defienden la tierra, entre ellas personas indígenas, registrándose 82 asesinatos entre 2019 a 2022, y 409 actos de agresión.

Entre los reportes enviados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el colectivo registra el espionaje realizado por parte del Ejército, durante 2022 y 2023, contra tres personas defensoras y dos periodistas, “todos ocurridos durante la actual administración y periodo en revisión, mediante el uso del malware Pegasus”.

Recuerdan que los hechos fueron negados por el gobierno federal y la Secretaría de la Defensa Nacional “reservó la información sobre los contratos relacionados con Pegasus”, pero documentos oficiales de la Sedena hechos públicos “revelaron la utilización del malware para esos fines, así como las acciones de seguimiento y vigilancia sobre organizaciones, personas defensoras y activistas, evidenciando la estigmatización de la institución sobre estos sectores y su visión alejada de los principios democráticos”.

Lejos del discurso oficial de que no se violan derechos humanos durante esta administración, “la protesta social se violenta y reprime desde el Estado”, mediante reformas a leyes locales y federales para criminalizarla, mientras que “se han documentado múltiples agresiones, detenciones arbitrarias, criminalización, uso excesivo de la fuerza e incluso graves violaciones, como tortura, en diversos eventos de protesta, con impactos diferenciados en casos de personas indígenas protegiendo su territorio, personas migrantes en detención o que se movilizan en caravanas y mujeres en protestas feministas, las cuales han sido significativamente estigmatizadas y criminalizadas”.

Quejas contra militares

De especial preocupación resulta la militarización: “El gobierno ha perpetuado e institucionalizado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y otras de índole civil, que suman más de 240, incluidas la construcción de obras públicas, la implementación de la política migratoria, la gestión de programas sociales y de aduanas y puertos, entre otras”.

En ese sentido, el informe resalta que, a pesar de que la Guardia Nacional surgió en la Constitución “como la entidad civil responsable de la seguridad pública a nivel federal”, en los hechos “se ha consolidado como un órgano castrense por el origen de sus mandos, la composición de sus elementos, su entrenamiento y la inexistencia de controles civiles efectivos sobre su actuación”, y en 2022 el Congreso aprobó reformas secundarias “para adscribir la GN al control administrativo y operativo de la Sedena”.

Aunque las organizaciones reconocieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró anticonstitucional la adscripción de la GN a la Sedena, lo cierto es que validó un acuerdo presidencial “por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública y su participación en labores de control y verificación migratoria”.

En el informe sombra se resalta que lejos de lo declarado constantemente por el presidente López Obrador sobre la abolición de los abusos con su llegada al poder, “persisten las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, entre ellas detenciones arbitrarias y graves violaciones, como ejecuciones extrajudiciales”.

De acuerdo con la información recabada por la organización, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021), 31% de las mujeres que fueron detenidas por elementos de las Fuerzas Armadas, “denunció haber sido pateada o golpeada durante su detención, el 22% fue acosada sexualmente, el 18% fue golpeada con algún objeto, el 10% fue víctima de violación sexual y el 9% recibió lesiones en sus órganos sexuales”.

Reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de 2020 a agosto de 2022, consignan que la GN acumuló mil 163 quejas en su contra, en ese mismo periodo; y contra la Sedena se presentaron mil 078 quejas por violaciones a los derechos humanos. En ese periodo, la CNDH sólo emitió ocho recomendaciones a la Secretaría de Marina, cuatro a la Sedena y tres a la GN.

Frente a los abusos, la Fiscalía General de la República (FGR) “se inhibe de investigar con objetividad y exhaustividad, además de que se ha profundizado la práctica de la ampliación fáctica del fuero militar en investigaciones paralelas relacionadas con estos hechos violatorios de derechos fundamentales, por actos que no tienen una relación con la disciplina militar objetivamente valorada”.

 Aunado a ello, las organizaciones resaltan la militarización de la política migratoria, con el despliegue de 15 mil 494 elementos en las fronteras sur y norte, como en el interior del país para “realizar las tareas de control y verificación migratoria, vigilancia en centros de detención y deportación de personas migrantes, incluso sin coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM)”, sin contar con que 18 de los 32 delegados del INM tienen un perfil militar.

El Colectivo EPUmx alerta de que las ejecuciones por parte de Fuerzas Armadas siguen estando presentes en esta administración, incluso por parte de la Guardia Nacional, que desde su creación en 2019 a 2022 “ha hecho uso de la fuerza con arma de fuego en 402 eventos, en los cuales fallecieron 162 civiles”.

En cuanto a la Sedena, de diciembre de 2018 al 29 de agosto de 2022, la institución “reportó haber abatido a 739 civiles”. A esos datos se agrega la ejecución de una niña de cuatro años edad, el 31 de agosto, y en 2023 en los meses de marzo y junio “agentes militares ejecutaron a diez civiles más”.

El informe alerta que, “como regla general, este tipo de casos de ejecuciones y ataques de las fuerzas de seguridad no son debidamente investigados, juzgados y mucho menos sancionados, aunado a lo anterior, no se investiga la cadena de mando en éstas y otras graves violaciones”.

Algo similar ocurre en el uso de la fuerza por parte de Fuerzas Armadas y policías en contextos de protesta, pues de acuerdo coon cifras oficiales, “del 2018 al 2020 fueron ejecutadas por disparo de arma de fuego 681 personas civiles por agentes de la Sedena y de la Semar”, mientras que en el caso de policías estatales y municipales “en ese mismo periodo los datos oficiales sumaron 557 personas, aunque fuentes de prensa contabilizaron 962”, sostiene el informe.

Quejas por tortura

En cuanto a la tortura cometida por autoridades de todos los niveles, incluidos agentes de seguridad y fiscales, el colectivo alerta que de 2019 a 2022, los organismos de derechos humanos nacional y estatales, recibieron nueve mil 500 quejas por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Al recordar la falta de implementación integral de la Ley General en Materia de Tortura, decretada en 2017, las organizaciones advierten que “las fiscalías son incapaces de investigar adecuadamente este delito, careciendo de recursos y capacidades”, de manera que ocho de cada 10 investigaciones se inician porque juzgados dan vista a las autoridades ministeriales.

“En 2022 se emitieron a nivel federal cuatro sentencias por tortura, sólo el 0.12% de las investigaciones iniciadas por este delito derivó en sentencia, mientras que no hay registros adecuados a nivel local”, señala el informe.

En cuanto a la violencia, el documento puntualiza que en esta administración se ha generalizado, agravándose en algunas zonas, “así como los altos niveles de corrupción y colusión que propician la impunidad”, reflejados en cifras que, de diciembre de 2018 a junio de 2023, datos oficiales registraban más de 158 mil homicidios dolosos, con un promedio de homicidios por día de 85 en el año 2022. En cuanto a feminicidios, el año 2021 registró mil 018 casos, siendo el “máximo histórico”.

Como en otras administraciones, en la de López Obrador se mantiene la narrativa de que la violencia se debe a “enfrentamientos entre grupos delincuenciales”, manteniendo así una impunidad que ronda 91.8% de los delitos denunciados que no son investigados.

La situación se agrava si se considera que en 2021 se reveló que “sólo el 10% de los delitos se denunció ante las autoridades y que en únicamente 67.3% de estas denuncias se inició una carpeta de investigación,  de las cuales en 50.8% no pasó nada o no se resolvió la denuncia”.

El Colectivo EPUmx destaca que en delitos como desaparición forzosa y homicidio doloso, los niveles de impunidad se incrementan a niveles de 98.9% y 96.9%, respectivamente.

Si se revisa el nivel de impunidad por población, los pueblos indígenas siguen “enfrentando obstáculos en el acceso a la justicia, como lo evidencia la ENPOL 2021,  en la que se señala que 62.1% de las personas indígenas entrevistadas indicaron necesitar o que no contaron con servicio de traducción al ser puestas a disposición del Ministerio Público”.

En el plano institucional, la FGR, creada en 2018, “ha sido incapaz de reducir los índices de impunidad y fortalecer el sistema de justica”, así como tampoco ha publicado el Plan Estratégico de Procuración de Justicia “que defina las prioridades de investigación para la eficiencia y eficacia de la persecución penal que ordena la ley”.

Las organizaciones reconocen que el Poder Judicial “ha enfrentado  importantes críticas ante los obstáculos para el acceso a la justicia”, entre ellas la validación del “uso exacerbado de la prisión preventiva oficiosa”, tras el aumento del catálogo de delitos para aplicar esa medida cautelar. De abril de 2020 al mismo mes de 2023, el número de resoluciones de prisión preventiva pasó de 80 mil 405 a 93 mil 571.
 

Personas desaparecidas

En materia de desapariciones, el informe sombra retoma datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza “más 111mil personas desaparecidas, de las cuales más de 40 mil ocurrieron durante esta administración”, aumentando en los últimos años las desapariciones de personas migrantes, mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Si bien se reconoce que la generalización de las desapariciones en el país, está aparejada con la declaratoria de la “guerra contra el narcotráfico” en 2006, las organizaciones alertan que “se observa una diversidad de modalidades y víctimas, y los perpetradores también se han diversificado -con especial énfasis en grupos criminales- con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de agentes del Estado”, extendiéndose la responsabilidad estatal “a la omisión en la búsqueda e investigación”.

A las deficiencias en las investigaciones y búsqueda de personas desaparecidas, “el país enfrenta una crisis forense, con más de 52 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar bajo custodia estatal, a los que se suman aquellos que son encontrados por familias y no tienen un procesamiento adecuado por parte de las autoridades”.

Peor aún, figuras creadas en esta administración en colaboración con las familias como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y centros regionales similares, “no cuentan con capacidades ni el presupuesto necesario para su  adecuada operación”.

“Los casos judicializados por este delito rondan alrededor de 2% y 6% y sólo se han emitido 36 sentencias condenatorias a nivel nacional, ninguna contra un alto mando civil o militar”.

El colectivo resalta el debilitamiento del Estado de derecho, a través del desdibujamiento de órganos autónomos e instituciones que solían cumplir un papel de contrapeso a los poderes establecidos.

Preocupan la falta de independencia de la actual presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “debido a sus vínculos con el partido oficialista”; los obstáculos que ha puesto el Senado para nombrar a tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); y la iniciativa aprobada por el Congreso para restarle facultades al Instituto Nacional Electoral (INE), legislación revertida por la SCJN; además de que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas “no cuenta con la capacidad operativa y administrativa para cumplir su labor”.

Entre el deterioro institucional, el informe sombra advierte el estado de indefensión en que dejó a las víctimas la contrarreforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) impulsada por Alejandro Gertz Manero, y la iniciativa del presidente López Obrador para concentrar 18 instituciones de combate a la corrupción y atención a población vulnerable, que “tendría como consecuencia la pérdida de autonomía de gestión y presupuestal, la reducción de personal y en algunos casos incluso el desmantelamiento absoluto”.

El informe sombra elaborado por 200 organizaciones sociales reunidas en el Colectivo EPUmx abunda en 17 reportes temas como el incumplimiento de México de recomendaciones internacionales; la militarización; niñez y adolescencia; empresas y derechos humanos; derechos de las personas con discapacidad, violencia contra las mujeres; personas privadas de la libertad; personas desaparecidas; impunidad y sistema de justicia penal; tortura y malos tratos; migración; desplazamiento interno forzado; pueblos indígenas; población LGBTTTI+; personas defensoras y periodistas; protesta social y pueblos indígenas.

Las organizaciones acompañaron la información con recomendaciones dirigidas a los Estados miembros la ONU para que, a su vez, hagan sus propias observaciones a México en el EPU.

Entre las organizaciones que participaron en el informe sombra resaltan Amnistía Internacional, Artículo 19, Alianza Mexicana contra el Fracking, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Data Cívica, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Fundación Arcoíris, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Instituto para las Mujeres en Migración, Instituto Mexicano en Derechos Humanos y Democracia, México Unido contra la Delincuencia, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.