CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de México busca que Estados Unidos envíe a nuestro país al juez de barandilla de Iguala, Guerrero, José Ulises Bernabé, a quien, “llámese Departamento de Justicia, DEA o cómo se le llame”, le otorgaron asilo al argumentar que era víctima de persecución política por el caso Ayotzinapa.

Este juez, expuso, podría contar con información valiosa para conocer qué hicieron con los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 y quiénes perpetraron el crimen, pero permanece asilado por una sentencia del 7 de enero del 2020 en Estados Unidos, de la cual ni la Fiscalía General de la República tenía conocimiento.

“Cuando llevaron a cabo este juicio pues debieron pedir información, porque este señor ya tenía orden de aprehensión y ya había ficha roja de Interpol, y no consultaron a la fiscalía de México. Y cuando la fiscalía de México pedía información no le mandaban nada”, por lo que México no tuvo representación en dicho juicio, dijo.

Detalló que la persecución política podría ser para torturarlo y obligarlo, “porque supuestamente él había declarado en contra de los militares, pero no que los militares hayan detenido a los jóvenes o que los militares hayan desaparecido a los jóvenes, no, sino que los militares fueron a buscar a los jóvenes y no los encontraron porque, según él, los jóvenes nunca estuvieron ahí, y sí estuvieron”.

El juez de barandilla, dio por hecho, podría informar “¿a quién se los entregó? ¿o quién le ordenó que se los entregara a la policía sin tenerlos detenidos, y se los llevan? Esa es una versión. Y que regresan las patrullas llenas de lodo, pero ya sin los jóvenes, y que además los que se los llevan policías desaparecen porque el mismo jefe de la policía les está hablando por un tiempo de casi dos horas y no contestan”.

Y planteó el cuestionamiento que hay en general: “¿Fueron las autoridades locales y la delincuencia, que operaba en ese entonces en Iguala y en toda la región? O ¿Fue el gobierno federal y el Ejército? Así han llevado las cosas”.

En otro momento el presidente admitió: “Y también pudo haber de parte del Ejército, o para ser más precisos, de parte de los soldados, omisión. Si estuvieron y sabían de que a los jóvenes los habían detenido, ¿por qué no actuaron? Sí, todo eso”.

El libro de Anabel Hernández

El tema surgió durante la conferencia en Palacio Nacional, pues mientras acusaba a la periodista Anabel Hernández de participar en la campaña en su contra, recordó un fragmento que leyó.

“En el libro sobre Ayotzinapa lo mismo, Anabel dice, palabras más, palabras menos, que los jóvenes detienen a un autobús de los que estaban obteniendo para trasladarse preparando una movilización hacia el 2 de octubre, venían para acá (…) Pero que en uno de esos autobuses había droga, heroína, que iban a llevar a Estados Unidos, que trasladaban heroína desde Iguala -esto Anabel- a Chicago, Estados Unidos, y pone información de la DEA”.

Recuerda que el informante de la periodista le comenta que “el capo de capos decide escarmentar a los jóvenes y él ordena al Ejército que se haga cargo de los jóvenes. Y que su informante le confirma que fueron trasladados al batallón y que fue el Ejército. Incluso el capítulo de su libro se llama ‘Fue el ejército’, lo que estamos escuchando constantemente en las consignas, cuando no hay ninguna prueba”, dijo.

Enseguida revela que Hernández participó como testigo para que se le otorgaran el asilo al juez Bernabé.

Este juez, agrega, aseguró que los jóvenes nunca estuvieron en los separos del juzgado donde él estaba, por lo que en Estados Unidos “se avientan un juicio de valor para justificar por qué lo asilaban”.

Hizo una pausa para, de nuevo, salir en defensa de la Sedena, al indicar que “la intención desde Estados Unidos, en particular de la DEA, es vengarse del Ejército”, declaración que ha hecho en otras ocasiones.

Incluso refirió el caso del exsecretario Salvador Cienfuegos, que al ser aprehendido en el país vecino primero lo celebró porque saldrían a la luz los manejos de autoridades en otros gobiernos y terminó por solicitar al gobierno estadunidense, valiéndose de una petición diplomática, que lo regresara a México.

Continuó con la interpretación de un fragmento del juicio: “No pueden las autoridades locales, ni las policías municipales, ni la delincuencia que operaba en la región, llevar a cabo un operativo para desaparecer a 43 jóvenes porque no tendrían capacidad de hacerlo. Esto —pero así lo afirman— sólo pudo realizarlo el gobierno federal y la Policía Federal’”.

Afirmó que esta resolución se dio sin pruebas, pero le otorgan el asilo, “siendo testigo la señora Anabel” y afirmó que si no fuera Hernández quien lo publica, “yo diría ‘pues a lo mejor lo de Iguala tiene algún sustento’, pero después de lo que me hizo a mí…”

El presidente sostiene que antes de 2016 nadie apuntó al Ejército y de nuevo se lanzó contra organismos internacionales como la CIDH, y contra organizaciones civiles como el Centro ProDH: “En este tiempo una organización que era muy buena, la de Agustín Pro, la echaron a perder por completo por esta influencia conservadora de Álvarez Icaza y demás”.

Al llegar al punto del asilo que dio Estados Unidos, el presidente reveló que su gobierno impugna el proceso y piden la revisión de todo.

–¿El asilo que se le dio a este juez de barandilla se construyó con base en mentiras en Estados Unidos?, –se le preguntó.

–Sí. Vamos a que se reciban pruebas, porque la señora Anabel no ofrece ni una sola prueba, la única prueba que ofrece es que entrevista a este señor y dice que los muchachos no estuvieron en el juzgado, en los separos, que incluso llega un grupo de militares a ver si estaban y no los encuentran. Y, sí, llegaron los militares y no estaban, pero tenemos testimonios del jefe de la policía donde el juez le dice que sí habían estado. Sí, declaración.

–¿Existe algún documento que avale que los jóvenes estuvieron ahí (donde estaba el juez Bernabé)? ¿Alguna acta de ingreso?

–No, no, no, documento no, porque los tuvieron y en vez de mantenerlos se los llevaron, la policía.

“Todavía me faltan tres meses”

El Ejecutivo federal admitió que en las reuniones con las madres y padres de los normalistas desaparecidos, acompañados por su defensa legal, le reclamaron:

“‘Ya, a ver, usted ya no cumplió. Ya lo que queremos es que nos ponga en comunicación con la presidenta electa’ para que continúen con lo mismo. Lo que les dije: ‘Sí yo les voy a poner en comunicación con la presidenta y la presidenta electa es muy sensible y quiere también saber sobre el paradero de los jóvenes, y va a haber justicia y todo, pero espérenme que todavía me faltan tres meses, espérenme”.

Dijo que les entregará uno y hasta tres informes, en Palacio Nacional, para dejar su administración. El primero se los dará en los primeros días de julio.

El presidente también reiteró que la reforma a la ley de amnistía no es “para que el presidente pueda sacar al que desee y que se convierta en un tirano, un dictador. ‘Tú eres mi amigo, tú eres mi familiar, tú eres mi socio, tú eres mi cómplice, vámonos, para afuera’. No, es para estos casos, éste en especial y otros”.