CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó analizar si las autoridades incumplieron la sentencia que ordenó crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.

Este martes, por unanimidad de votos los ministros de la Primera Sala de la Corte revocaron un acuerdo dictado desde el año 2018 por el entonces presidente del Máximo Tribunal, Luis María Aguilar Morales, en el que reasumió su competencia para resolver un incidente de inejecución de sentencia iniciado por el hoy extinto Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas.

Este incidente fue iniciado luego de que el Tribunal Unitario declaró que la Fiscalía General de la República, el Poder Legislativo y otras autoridades no están imposibilitadas para cumplir con las sentencias de amparo en las que fue concedida la protección constitucional a ocho supuestos responsables de la desaparición de los 43 normalistas.

Aguilar Morales había turnado el asunto al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quien realizó diversas consideraciones para justificar el inicio del incidente de inejecución de sentencia que, según los padres de los 43 normalistas, no están fundamentadas en la doctina emitida por la propia Corte y en la Ley de Amparo.

Por eso, los papás de los normalistas tramitaron un recurso de reclamación contra el inicio del incidente al considerar que no es la Corte quien debe conocer del asunto sino el Tribunal Colegiado que asumió las funciones del Unitario que se extinguió con la última reforma al Poder Judicial.

Los padres de los 43 señalaron específicamente que no le corresponde a la Corte vigilar el cumplimiento de las sentencias de amparo concedidas a los ocho indiciados e imputados en el asunto, entre ellos Gildardo López Astudillo “El Gil”, identificado como líder de los Guerreros Unidos, grupo relacionado con la desaparición de los 43.

Para los papás de los estudiantes, el Tribunal Colegaido de Circuito es el competente para hacer esta vigilancia antes de que el caso llegue a la Corte.

En la sesión de este miércoles, la ministra Loretta Ortiz Ahlf presentó sus proyectos en los que le dio la razón a los padres de los normalistas.

Al obtener los votos de sus compañeros, el expediente será enviado de regreso al tribunal Colegiado para que determine si hubo o no incumplimientos en las sentencias de amparo que además ordenan a la FGR abrir diversas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 e incluso indagar si los supuestos responsables fueron torturados.