CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal federal ordenó cerrar definitivamente la acusación de lavado de dinero por 720 millones de dólares supuestamente desviados de la Fundación Mary Street Jenkins.

El Décimo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) estaba impedida para reabrir la investigación del caso y solicitar la vinculación a proceso de Juan Carlos Jenkins de Landa y el abogado Carlos Román Hernández por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“A pesar de que la propia fiscalía decidió, por sí y ante sí, determinar un no ejercicio de la acción penal, bajo su exclusiva facultad investigativa, ésta encontró un límite en la firmeza jurídica que revistió el sentido de esa determinación, la cual se insiste, fue producto de la decisión de la propia autoridad ministerial, por lo que es inexorable que como órgano técnico, en lugar de aceptar como finiquitada o concluida toda atribución persecutoria conferida en esa indagatoria, impulsara de propia autoridad su revocación y reactivación vía dictamen, reflejando un total desprecio al estado derecho, el cual como representante social, tenía el deber y obligación de respetar, por virtud de la institución a la que se pertenece y simboliza”, señalaron los magistrados.

“De ahí que resulte innegable que la potestad ministerial responsable, se encontraba legalmente impedida para emitir un dictamen a través del cual pudiera revocar un no ejercicio de la acción penal firme y reactivar una investigación que ya estaba resuelta y concluida de forma definitiva, pues es notorio que ese proceder no tuvo ningún sustento jurídico que legitimara tal efecto”.

En consecuencia, el Tribunal Colegiado ordenó a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) archivar la carpeta de investigación para que sea revocada la vinculación a proceso dictada contra Jenkins de Landa y Román Hernández.

De igual manera, quedarán anuladas las órdenes de aprehensión por lavado de dinero emitidas contra Roberto, María Elodia, Margarita Jenkins de Landa; Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins; Juan Guillermo Eustace Jenkins; y los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.

La reapertura del caso fue ordenada en un acuerdo dictado el 12 de junio de 2020 por el entonces Subprocurador de Delitos Federales de la FGR, Juan Ramos López, y quien fue mano derecha del titular de la institución, Alejandro Gertz Manero.

Para reabrir la investigación, Ramos señaló que fue informado de que el denunciante, Guillermo Jenkins, buscaba ser reconocido como víctima u ofendido en el caso que había sido cerrado por falta de elementos desde el tres de mayo de 2018.

Como el denunciante no se opuso al no ejercicio de la acción penal dictado por la entonces PGR, la decisión había quedado firme, por lo que la FGR no podía revocarla.

“Sin prejuzgar o analizar los hechos que motivaron esa investigación, la plasmada situación preexistente a favor de los peticionarios, fue arbitrariamente revocada por la autoridad responsable, con la posterior emisión del dictamen de doce de junio de dos mil veinte”, precisó el Colegiado.

“La responsable fundó su actuar en los artículos 253, 255 y 258, contrario sensu, del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, la normativa invocada en el citado dictamen, de ningún modo, ni siquiera a contrario sensu, permite o faculta a una autoridad ministerial o incluso judicial, para revocar o dejar sin efectos el dictado de un no ejercicio de la acción penal dotado de firmeza jurídica, amén que a la postre, esa determinación resulta análoga a una sentencia definitiva con carácter de inmutable”.

En abril de 2014, la Fundación Mary Street Jenkins donó 720 millones de dólares a la Fundación Bienestar para la Filantropía, que posteriormente se dio de baja en México y trasladó su operación a Barbados.

En 2015, los abogados de la familia abrieron en Panamá la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano que fue designada como beneficiaria del dinero.

Desde la donación del patrimonio, Guillermo Jenkins de Landa, denunció el supuesto desvío de los recursos de la fundación de su familia y en 2017 llevó su reclamo a la PGR, pero en mayo de 2018 la institución decretó el no ejercicio de la acción penal.

Para el 12 de junio de 2020, cuando el Subprocurador Ramos López, hoy fallecido, reabrió la carpeta de investigación, realizó diversas diligencias para obtener detalles sobre los portafolios de inversiones de la Fundación Jenkins en Estados Unidos por 228 millones de dólares.