CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En México se vive una disputa armada entre grupos de la delincuencia organizada por el territorio y las economías locales. Los narcotraficantes han extendido su poder a la imposición de cobros por la explotación de minas, maderas preciosas, productos agrícolas, tráfico de migrantes y otros productos que les generan ganancias millonarias. 

Aterrorizados por el creciente poderío bélico de estos grupos armados irregulares, cientos de miles de mexicanos se han visto obligados a huir de sus casas y esconderse en montañas, cerca de bosques o incluso en zonas urbanas marginadas en busca de seguridad. Es el resultado de una guerra que se inició hace casi ya dos décadas en nombre del combate al narcotráfico y que se ha prolongado con la atomización de los grupos delictivos, sin que por muchos años se reconociera oficialmente la existencia de conflictos armados internos.

Tan solo en 2023 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una organización no gubernamental que forma parte de la Red Internacional de Derechos Humanos, registró más de 40 hechos de desplazamiento por violencia en al menos 11 estados: Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Estado de México. Esto representa un aumento de 160% con relación a 2022, cuando se reportaron 25 eventos.

El gobierno no cuenta con cifras que permitan conocer la magnitud del desplazamiento y los perfiles de las personas desplazadas. Uno de los pocos datos oficiales relacionados con el tema es del Censo de Población y Vivienda de 2020, levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y, según el cual, 251 mil 513 personas se mudaron a otro municipio debido a la violencia criminal y la inseguridad entre 2015 y 2020.

Esta investigación de Proceso y CONNECTAS muestra cómo el desplazamiento, fruto de la violencia de grupos criminales, se ha incrementado en el actual sexenio. Éstos destierran a pobladores para apoderarse de rutas del trasiego de droga o para la trata de migrantes que viajan hacia la frontera con Estados Unidos. Mientras, las familias prefieren salir para evitar el reclutamiento de sus hombres jóvenes para actividades ilícitas o que sus comercios, producción agrícola y negocios deban pagar “cobro de piso” a esos grupos.

Un equipo de reporteros de Proceso viajó a algunas de estas comunidades en seis estados del país. Entrevistaron a personas que permanecen en zonas sitiadas y a otras que sólo vieron la opción de huir y dejarlo todo en pueblos de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas y Chiapas, estados donde la CMDPDH ha documentado desplazamiento forzado durante el actual sexenio.

Hallaron, por ejemplo, que en Guerrero hay familias que sufren un doble desplazamiento. En 2019 salieron de una comunidad del corredor de la Sierra Madre del Sur que pertenece al municipio de Leonardo Bravo, uno de los principales productores de goma de opio en México. Encontraron refugio en las tierras cálidas de Chichihualco. Pero desde 2023 las balaceras, amenazas y presencia de grupos criminales en esta última comunidad cerca de la capital del estado, Chilpancingo, nuevamente los empujan a salir de lo que creyeron una nueva oportunidad de vida.

Lejos de ese lugar, un hombre de Palmas Altas en la Sierra de Jerez, Zacatecas, en el centro-norte de México, se queja lastimosamente: “Aquí se sintió como si se acabara el mundo”, al recordar los truenos de la balacera y el chirriar de las camionetas de los narcos del Cártel Jalisco Nueva Generación la noche del 4 de marzo de 2021. Los criminales expulsaron a los pobladores a punta de metralleta, dejando más de medio pueblo vacío. A la fecha, los vecinos sólo han podido volver de manera intermitente mientras enfrentan graves pérdidas de su patrimonio.

En el norte de México la comunidad de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, muestra casas quemadas o destruidas. Los árboles están como cadáveres tirados a los lados del camino y hasta los templos católicos se encuentran cerrados. 

El silencio envuelve pueblos abandonados por las amenazas de los criminales que, ante la baja del precio de la goma de opio y la marihuana, han tomado la tala de árboles y el control de la minería como su nuevo negocio. Esa zona forma parte del famoso “Triángulo dorado” (región entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango), donde el narcotráfico se ha entronizado desde hace décadas.

En esa región, del lado de Sinaloa, la tierra de Joaquín Chapo Guzmán, hay miles de personasexpulsadas de los territorios históricamente controlados por el Cártel de Sinaloa; fueron forzadas a dejar sus tierras y muchas de ellas llegaron en calidad de invasores a las periferias del estratégico puerto turístico, comercial y pesquero de Mazatlán. Además de sufrir la falta de servicios, son presa de políticos que los engañan con supuestas escrituras de propiedad.

La descomunal batalla que se ha desplegado entre los dos cárteles más poderosos del país, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, también se extendió al sur de México. Atraídos por la posibilidad de traficar con los miles de inmigrantes que ingresan a territorio nacional por Chiapas, y por controlar las zonas de aterrizaje de las cargas aéreas del narcotráfico semiocultas en la selva, ambos grupos expulsan de los municipios a lo largo de las zonas fronteriza y sierra a miles de personas, en una crisis que apenas muestra su rostro.

Mientras tanto, en Michoacán, en el Pacífico sur, los desplazados han encontrado en municipios como Coahuayana, una zona costera bordeada de bosques, la protección de autodefensas y autoridades locales que brindan tierras y trabajo. Otros continúan su recorrido hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, donde piden refugio y asilo político, expulsados por extorsiones, secuestros y asesinatos.

“Después de un desplazamiento, incluso mucho tiempo después, hay amenazas muy graves a la vida e integridad de las personas. Muchas veces los agentes criminales persiguen a las víctimas. Por eso vemos cada vez más personas de Michoacán, Guerrero, ahora de Chiapas también, en la frontera norte porque saben, entienden, que es ahí donde tienen la oportunidad de escapar”, enfatiza Laura Alvarado, oficial de desplazamiento de la CMDPDH. 

Dura realidad

En 2014, durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había advertido, en un informe, que el contexto de violencia generalizada y exacerbada en diversas zonas de México era causante del desplazamiento forzado de miles de personas. Además, denunciaba a las autoridades por minimizar el fenómeno. 

En junio de 2023, transcurridos cuatro años del actual gobierno, la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jiménez-Damary, señaló el recrudecimiento de la violencia, el incremento del desplazamiento forzado como uno de sus efectos, así como la falta de respuesta y acciones de gobierno para responder a la población afectada.

Jiménez-Damary estuvo en el país entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022. En ese tiempo se reunió con autoridades federales, estatales, organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas y académicas, así como con gente desplazada de Oaxaca, Chihuahua, Chiapas y Guerrero.

“Personas desplazadas internas, representantes de Pueblos Indígenas y organizaciones de la sociedad civil describieron casos de desplazamiento interno vinculados a desapariciones, violencia sexual, violencia por razón de género, feminicidios, homicidios, masacres, reclutamiento, trabajo forzado o extorsiones, entre otros”, expuso esta abogada especializada en desplazamientos forzosos y migraciones, basada en lo recogido durante su visita. Mientras esto ocurre, prevalece la “impunidad” y la “ausencia del Estado”, apuntó en el informe.

Sin un registro que muestre la magnitud de este fenómeno cada vez más evidente, pero desatendido por el gobierno federal a lo largo de ya casi tres sexenios, el desplazamiento forzado interno es una dolorosa cotidianidad en numerosas comunidades; esto ha sido particularmente grave en zonas rurales e indígenas, lo mismo en la sierra de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos, que en los límites al sur con Guatemala.

La CMDPDH advierte que, hasta octubre de 2023, había 386 mil personas desplazadas de manera forzada en México. Esta cifra representa casi la mitad de la población de un estado como Colima.

Para esta investigación se solicitó información vía transparencia y se buscó a funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del gobierno federal y de los 32 estados para conocer registros, programas y atención a las personas desplazadas. En la mayoría de los casos, los gobiernos estatales y las fiscalías se declararon incompetentes para informar sobre el desplazamiento forzado.

El serial "Desterrados por el narco: El invisible desplazamiento forzado en México", una colaboración entre Proceso y CONNECTAS, está disponible en este enlace para su consulta.