GINEBRA (apro).– El desplazamiento interno en México tiene un impacto “devastador” para la gran mayoría de las víctimas, pues va inevitablemente acompañado de la “pérdida de medios de subsistencia”, señaló la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jiménez-Damary.

En su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre su visita realizada a México entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022, Jiménez-Damary informó que en su reunión con la entontes secretaría del Trabajo y Previsión Social Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, constató “la ausencia de planes de reinserción laboral para personas desplazadas internas. Este tipo de omisiones profundiza la vulnerabilidad de las víctimas”.

El informe describe que un grupo indígena del estado de Chiapas reubicado en el estado de Campeche manifestó “que la tierra proporcionada por el estado era inadecuada para la siembra y que no contaban con agua potable ni escuelas a proximidad. Ciertas personas desplazadas internas lamentaron que el tipo de tierras y el clima en el que habían sido relocalizadas por el Gobierno fueran distintos a los de su comunidad, lo que ha tenido un impacto sustancialmente negativo en la producción de alimentos”.

El desplazamiento, agrega el informe de 43 páginas, “ha significado la pérdida de identidad social y cultural, en particular, para los Pueblos Indígenas, que tienen un especial apego a sus tierras ancestrales. Familias indígenas desplazadas lamentaron que las nuevas generaciones hayan perdido el vínculo con su territorio, y se hayan debilitado sus usos y costumbres. Mujeres indígenas desplazadas expresaron preocupación por el hecho de que sus hijas e hijos estén perdiendo su lengua materna, y adultos mayores indígenas expresaron su temor a morir lejos de sus comunidades de origen. Las personas indígenas entrevistadas manifestaron que su llegada a zonas urbanas los ha marginalizado, los ha despojado de su identidad social y cultural, y ha causado el debilitamiento de sus instituciones tradicionales”.

Esta situación, remarca el informe, “ha llevado a muchos Pueblos Indígenas desplazados a organizarse para buscar su retorno y la protección de sus derechos humanos. Cuando esto ocurre, se enfrentan con la discriminación y el racismo de los operadores de justicia y con una sistemática dilación del acceso a la justicia. También sufren represalias y agresiones, e incluso asesinatos de líderes indígenas. Ciertas personas indígenas no pueden regresar a sus comunidades debido a que existen órdenes de aprehensión emitidas en el marco de conflictos intracomunitarios”.

La experta escuchó testimonios de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y familiares de desaparecidos “que prefirieron vivir lejos de su familia inmediata por miedo de represalias”.

Además, familiares de personas desaparecidas y asesinadas testificaron que “deben lidiar con el doble dolor de perder a sus familiares y tener que desplazarse, situaciones de múltiple afectación que perjudican en mayor medida su salud mental”.

Víctimas de desplazamiento “aterrorizadas”

Durante su visita, la Relatora Especial escuchó a víctimas del crimen organizado y constató cómo grupos criminales aterrorizan y controlan territorios y poblaciones mediante amenazas, intimidación y violencia. Observó que, “pese a los altos índices de violencia, pocas personas se atreven a denunciar, por miedo a ser objeto de represalias o por falta de confianza en las autoridades, y en particular en el sistema de justicia penal”.

“En los casos en que hubo denuncia, las personas entrevistadas manifestaron que las autoridades competentes cerraron los expedientes de investigación o no concluyeron las investigaciones, incluso en delitos graves como homicidios y desapariciones. A este sentimiento de impunidad se suma la percepción de corrupción en todos los niveles de gobierno”, subrayó.

Según el informe, “los grupos de la delincuencia organizada y los grupos paramilitares actúan principalmente en zonas en las que es patente la ausencia del Estado y prevalece la impunidad. Lo anterior se traduce en una falta de confianza en las autoridades en general, y particularmente en el sistema de justicia criminal. En 2020, la probabilidad de que un delito fuera denunciado y resuelto descendió al 1.04% . Esta situación obstaculiza el acceso a la justicia, perpetúa la inseguridad e impide el retorno de las personas desplazadas internas a sus lugares de origen”.

Durante su visita conoció, entre otras, la situación de desplazamiento interno y despojo de sus tierras de 200 personas indígenas mixe de la comunidad de Tierra Negra, municipio de San Juan Mazatlán, en el estado de Oaxaca. Estos conflictos parecen estar ocasionados por diferencias en temas agrarios, religiosos, presupuestarios y de afiliación política.

Pese a que algunos de estos conflictos están latentes desde hace décadas, como en los Altos de Chiapas, “no parece existir una estrategia gubernamental destinada a su prevención, atención y resolución. Además, muchos actos de violencia quedan en completa impunidad, lo que colocaría a los Pueblos Indígenas en una posición de riesgo de ser víctimas de diversas violaciones de sus derechos humanos”.

No hay cifras oficiales

Criticó que México “no cuenta con cifras nacionales oficiales, ni con información desagregada por edad, género, origen étnico, orientación sexual, discapacidad y diversidad que permita conocer la magnitud del desplazamiento interno y los distintos perfiles de las personas desplazadas internas”.

De acuerdo con los números de la sociedad civil, el total de personas desplazadas internas en México hasta diciembre de 2021 ascendía a 379 mil 322 en episodios de desplazamiento interno masivo causados por violencia.

Indicó que “resulta vital crear registros estatales que identifiquen y atiendan las necesidades de asistencia de las personas desplazadas internas, y que puedan activar rutas de atención interinstitucionales”.

Por otra parte, “los familiares de personas desaparecidas se enfrentan constantemente a amenazas y riesgos de seguridad y de desplazamiento cuando denuncian la desaparición de sus seres queridos. Familias entrevistadas manifestaron vivir agresiones durante las acciones de búsqueda, sufriendo daños a su integridad personal o a su libertad de circulación’’.

Recordó que “los riesgos enfrentados por las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como su desplazamiento a raíz de amenazas, agresiones, criminalización y otros ataques, han sido objeto de preocupaciones por distintos expertos de las Naciones Unidas. Esta violencia tendría un efecto inhibitorio para otras personas que ejercen el mismo rol. Las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas continúan con medidas de protección inadecuadas, e incluso conoció casos de periodistas que fueron asesinados en su nueva ubicación”.

Mencionó “la falta de medidas diferenciadas para la protección de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, así como la ausencia de planes integrales para la reubicación de la familia directa de las personas objeto de medidas de protección”.

La Relatora Especial celebró el reconocimiento del desplazamiento interno por parte del Gobierno Federal en 2019, un primer paso esencial para responder de manera efectiva a las necesidades de las víctimas. “No obstante, no existe un marco jurídico federal que regule una respuesta integral de protección a las personas desplazadas internas, la cual debe contemplar los componentes de prevención, protección, asistencia, atención, reparación integral y soluciones duraderas”.

La Relatora Especial observó, asimismo, que existe legislación vigente que, pese a no establecer una definición de “persona desplazada interna” o proporcionar medidas de respuesta específicas, incluye alguna mención al desplazamiento interno, como la Ley General de Víctimas, la Ley General de Educación y la Ley de Asistencia Social.

En este contexto, “diversas organizaciones manifestaron que la ausencia de un marco normativo específico ha impedido la protección de derechos de las personas desplazadas internas, destacando que algunas autoridades han negado la atención argumentando la inexistencia de una ley que les faculte”.

Por otra parte, antes de su visita, únicamente los estados de Chiapas, Guerrero y Sinaloa contaban con una ley específica en materia de desplazamiento forzado interno y después de su visita, Zacatecas adoptó una ley en dicha materia. Y espera que Michoacán, Sinaloa y Oaxaca hagan lo mismo. 

Exhortó a otras entidades a adoptar la ley general sobre el desplazamiento interno sin más demora y alentar a otras entidades federativas a seguir adoptando leyes específicas sobre la materia. “A nivel federal, estas leyes deben ser efectivamente implementadas y armonizadas con otras piezas legislativas relevantes, incluyendo la Ley General de Víctimas; la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General de Protección Civil, y la Ley General de Cambio Climático.

Urgió al gobierno de López Obrador a “garantizar la incorporación de una definición amplia del término ‘desplazado interno’, que incluya todas las causales y condiciones del contexto, de conformidad con el derecho internacional, principalmente los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos”.

Llamó a “adoptar una estrategia integral para abordar la cuestión de los derechos humanos de las personas desplazadas internas en todos los niveles de gobierno y para coordinar eficazmente el marco legal y de política pública sobre el desplazamiento interno en las secretarías pertinentes y en cooperación con las agencias de las Naciones Unidas y otros socios nacionales e internacionales”.

Recomendó “garantizar consultas con las personas desplazadas internas para asegurar que las medidas legislativas, políticas y programáticas satisfagan sus necesidades sin exponerlas a riesgos adicionales”.

En relación con los Pueblos Indígenas, “se recomienda adoptar una política nacional de prevención de las causas del desplazamiento interno que incluya la perspectiva de los Pueblos Indígenas desplazados. Se recomienda también asegurar la aplicación del enfoque intercultural para la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en todas las etapas del desplazamiento, particularmente en lo relativo a la protección reforzada de sus derechos en relación con la vinculación con sus tierras ancestrales”.

Remarca que “cuando su desplazamiento sea causado por proyectos de desarrollo y la creación de áreas protegidas, es fundamental realizar una consulta con los Pueblos Indígenas concernidos”.