CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos días antes de iniciarse las campañas electorales a nivel federal, estatal y municipal, expertos en materia electoral presentaron 11 propuestas para defender los derechos humanos en las redes socio digitales durante el proceso electoral 2023-2024, el más grande de la historia del país.

En la rueda de prensa denominada Recomendaciones electorales 2024. Por plataformas digitales al servicio de la democracia, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, la académica de la Universidad Panamericana, Clara Luz Álvarez, indicó que esas propuestas contribuirán al debate democrático y combatirán la desinformación, además de que ayudarán a que la ciudadanía ejerza su voto de manera libre e informada.

El profesor de la UNAM y director de cine Armando Casas recordó la guerra sucia sin precedente en la elección presidencial de 2006, con el resultado final que ya todos conocen, y agregó que en 2012 hubo intervención de los medios privados para imponer, también, al presidente de la República.

“En este momento estamos en el peor de los mundos. Tenemos una guerra sucia enorme, recargada, peor que nunca, y tenemos una intervención de medios hegemónicos todavía más poderosos que antes: los grandes corporativos que conforman plataformas, y esto cuesta una gran cantidad de recursos y la evidente intromisión extranjera, como no se había visto en otros momentos”, explicó.

Indicó que las fake news funcionan con tres características importantes: el sesgo de confirmación, es decir, que gente se cree lo malo del presidente o de cualquier persona; la verosimilitud que no funciona, y la emocionalidad, es decir, la capacidad de indignar a la gente.

La periodista y colaboradora en DeRaízMedia, Alina Duarte, dijo que no es la primera campaña de guerra sucia en México, pero sí la más agresiva de los últimos tiempos, pero los avances de la tecnología y de las redes sociales han ayudado a impulsar o a denostar a candidatos, a crear o desmentir fake news e incluso han propiciado campañas que atentaron, por ejemplo, contra la exvicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

“En momentos cúspides donde tenemos que hablar de democracia, donde tenemos que hablar de campañas electorales, pues nos bajan nuestras cuentas de X, ya sea el golpe de Estado a Evo Morales, sea cualquier campaña electoral, hay una tendencia a defender los grandes intereses trasnacionales y a Estados Unidos”, dijo.

La representante líder en Creative Commons México, Irene Soria Guzmán, puso como ejemplo la intervención en Facebook sobre el Brexit y descubrió que fue en Gales donde se obtuvo más votación debido a lo leído en Facebook y encontró mensajes dirigidos a personas que podrían ser persuadidas.

Comentó que, a través de estas plataformas, se puede dirigir hasta la intención del voto de las personas, de acuerdo con sus preferencias en redes sociales. Y está relacionado con tecnologías que, en realidad no sabemos cómo funcionan ni conocemos su código de programación.

El exconsejero electoral de la Ciudad de México, Eduardo Huchim, consideró que estamos ante una situación de propaganda negra sin precedente, basada en hechos reales, pero magnificados, como cuando dijeron que se cayó el techo del AIFA, aunque sólo cayó un plafón.

“¿Cómo evitar la influencia negativa de esta propaganda negra en una porción del electorado? ¿Deben sujetarse a una regulación estricta de las redes sociales?, ¿deben estar en completa libertad? No tengo una respuesta, pero sí sé que esto debe debatirse con profundidad”, consideró.

Por su parte, el académico de la FES Acatlán, Gabriel Corona, se refirió a la última reforma electoral que data de 2014, hace 10 años, y que no considero los fenómenos tecnológicos que se están viviendo actualmente, pero se sabe que se tiene un gran problema, y es, precisamente, el INE y sus consejeros, que no quieren salir de su zona de confort y aplican la ley del mínimo esfuerzo, ya sea el tribunal electoral o los Organismos Públicos Locales Electorales, OPLEs.

“Porque, aunque no se pueden hacer modificaciones a la ley electoral, sí hay colaboraciones y la suma de buenas voluntades para este tipo de fenómenos y para contrarrestar los fenómenos negativos, lo que es de la mayor relevancia y urgente necesidad”, consideró.

Las propuestas

Correspondió al especialista en derechos digitales y parte del Área Jurídica del Tlatelolco LAB, Rodrigo Ardissom de Souza, presentar los 11 puntos de su propuesta:

1.- Que el Instituto Nacional Electoral (INE), en colaboración con las principales plataformas digitales, organice al menos dos debates electorales ciudadanos que se transmitan en vivo a través de las plataformas, y que cuenten con la participación de ciudadanos elegidos de manera aleatoria, principalmente entre la población joven.

Asimismo, que el INE establezca protocolos claros y transparentes para la organización de los debates electorales digitales, asegurando la imparcialidad en la selección de los participantes, la moderación del debate y la difusión de la información.

2.- Que, en el ámbito de las campañas político-electorales, se considere fundamental promover la claridad y la transparencia en la difusión de la propaganda electoral, clarificando la proliferación de contrataciones opacas en plataformas digitales, las cuales pueden influir de forma indebida en la voluntad de las y los electores, al no conocerse el origen del financiamiento respectivo.

3.- Que las plataformas digitales respondan con prontitud y diligencia a las solicitudes de las autoridades electorales para ocultar o restringir contenido que viole la normativa electoral, para mantener la integridad del proceso electoral y fomentar un debate público informado y de calidad.

4. Publicar informes de transparencia semanales de estas plataformas digitales y que el INE promueva mayor responsabilidad y claridad en prácticas como la moderación de contenido, la publicidad política pagada y la segmentación de audiencias.

5.- Detectar y combatir los ataques organizados o sistemáticos de desinformación política y de opinión pública.

6.- Restricciones específicas y colaboración en el uso de inteligencia artificial (IA) en campañas electorales para que no se use para difundir información errónea o manipulada.

7.- Promover la rendición de cuentas y auditorías en contextos electorales en plataformas digitales que, preocupadas por la “integridad de las elecciones”, han establecido en sus normas comunitarias reglas en torno a su actuación frente a la publicación de contenidos en contextos electorales, y se han convertido en juez y parte una vez que actúan, sin que las autoridades electorales validen si sus decisiones son apegadas a la normativa electoral y respetuosas de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

8.- Vigilar que se cumpla la veda electoral en las plataformas digitales y se respete plenamente la restricción legal sobre la difusión de propaganda electoral. Esto implica una revisión efectiva sobre los contenidos publicitarios en plataformas digitales para garantizar un proceso electoral equitativo y libre de influencias indebidas.

9. Acceso a la información y educación digital con un mayor cuidado en la promoción de la libre circulación de las ideas a través de la palabra y de la imagen durante las campañas electorales para lograr que la ciudadanía emita su sufragio de manera responsable e informada, todo con base en la oportuna intervención de las autoridades electorales, que constitucionalmente se obligan a garantizar elecciones libres, informadas, periódicas y transparentes.

10. Promover las plataformas electorales de las personas candidatas de manera oficial, accesible y equitativa para todos los públicos en las plataformas digitales, incluyendo las personas con discapacidad.

11. Celebrar convenios entre plataformas digitales y autoridades electorales con miras a fortalecer la transparencia y equidad en los procesos electorales, para promover la colaboración entre las autoridades electorales y las plataformas digitales a través de la celebración de convenios específicos.

Este conjunto de 11 propuestas constituye una propuesta colectiva respaldada por académicos y legisladores, que busca transformarse en una iniciativa de ley para la defensa de los derechos humanos en las redes socio digitales, permitiendo a las personas poner un alto a las enormes asimetrías de poder en la relación entre las redes socio digitales y los usuarios.