CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Para la ministra Lenia Batres Guadarrama, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) concentra un inmenso e injustificado poder que finalmente reside en su presidente, puesto que actualmente ocupa Norma Lucía Piña Hernández, y que se ejerce con opacidad y discrecionalidad.

En entrevista para Proceso, la primera ministra en la historia de la Corte en ser designada directamente por un presidente de la República, consideró que la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) no aborda puntos álgidos como los límites a las facultades interpretativas del Máximo Tribunal o la transparencia en el ejercicio de recursos.

Sin embargo, reconoció estar a favor de la parte medular de la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero.

“Se plantea muy escasamente el tema de la interpretación jurídica, de la facultad de interpretación constitucional que tiene la Suprema Corte, yo creo que debería plantearse muy claramente el alcance de interpretación política y no está vislumbrado en la propia iniciativa, pero creo que es un tema a debate hasta dónde debe sanamente la Suprema Corte interpretar temas constitucionales de alcance netamente político”, explicó.

Para la ministra existen puntos de interpretación constitucional que no deberían corresponder a la Corte sino al Congreso de la Unión por tratarse de temas con alcance político, por lo que consideró que México podría adoptar modelos como el de Canadá, donde el parlamento realiza este tipo de interpretaciones normativas con participación opinativa de su Corte Suprema.

“Hay otros temas que no están planteados, que creo que son muy importantes, uno de ellos tiene que ver con el alcance de lo que se quiere hacer con el Consejo de la Judicatura, que tiene tres enormes facultades, la de administrar al Poder Judicial, que en realidad es la más amplia, inmensa e injustificada que queda a cargo de quien encabece a su vez la propia Suprema Corte, porque está haciéndose cargo de la administración de un aparato para 55 mil personas, o sea es un poder inmenso que se le otorga al Consejo de la Judicatura y, particularmente, a la propia persona titular de la Presidencia de la Suprema Corte”, refirió.

“Son tres poderes muy fuertes que tiene actualmente el Consejo de la Judicatura que no son transparentes, por lo menos tres, podemos decir”.

Tareas del CJF

El CJF se encarga de administrar los nombramientos de los titulares de los juzgados y tribunales federales de todo el país, sus cambios de adscripción y sancionarlos cuando cometen alguna irregularidad, que puede ser de carácter administrativo, o denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR), en caso de incurrir en delitos; así como de gestionar los recursos económicos y materiales del PJF, entre otras funciones.

La ministra Batres criticó que estas facultades son ejercidas con discrecionalidad y poca transparencia y que en los últimos años la capacidad de sancionar a jueces y magistrados, comúnmente señalados por el gobierno federal por supuestamente actuar con base en intereses económicos, se ha debilitado.

“Tiene este poder de sanción que en realidad pues es muy tenue, se está haciendo muy débil en los últimos años, ha venido en decaimiento en lugar de ser más intenso y es poco transparente también”, agregó.

Contó que en la primera semana de febrero participó en una sesión del CJF en la que se percató de que los casos que este órgano analiza son atendidos sin orden.

“Hay una fila inmensa de miles de solicitudes de sanción para jueces y magistrados y se administran de una manera muy arbitraria, o sea, no se asumen conforme ingresan y eso me parece grave”, indicó.

Criticó que en México la inamovilidad de los juzgadores --contenida en la Constitución-- se entienda como que los jueces no pueden ser movidos de su juzgado.

“En México se mueve al juez, el asunto y a lo que se tenga que mover de una manera sumamente arbitraria en función de lo que se quiera obtener y eso sucede en la Suprema Corte y hasta el último juzgado de nuestro país se administran los asuntos, pero la inamovilidad es una característica fundamental de la imparcialidad de la justicia para que no se administren los asuntos”.

Refirió que la propuesta de reforma tampoco abordó la transparencia con la que se maneja el PJF, ni la falta de términos para resolver los casos en la SCJN, lo que genera incertidumbre a los justiciables.

“En general el Poder Judicial es muy oscuro, tanto interna como externamente es oscuro, nadie entiende muchas veces cómo se administran los recursos y cómo y por qué se resuelve de determinadas formas”, dijo.

La propuesta de reforma del presidente López Obrador prevé desmantelar el Pleno de la Corte en el año 2025 para reducir el número de ministros y que sean electos mediante voto popular.

Batres reconoció que, de aprobarse, no tendrá opción más que acatar la orden de dejar su cargo dentro de la Corte, pero confió en que el Máximo Tribunal sea tomado en cuenta en el análisis que realice el Legislativo antes de aprobar las modificaciones.

“Es correcto lo que apruebe el Congreso, por eso digo que es muy importante que opinemos y ojalá haya ese espacio en el propio Congreso para escuchar a los ministros, a los 11, y va a ser correcto lo que el órgano constitucional de este país apruebe, eso es lo correcto, no lo que votemos 11 ministros sino lo que dispongan 500 diputados, diputadas, 128 senadores, senadoras y, por lo menos, 17 congresos de los estados, eso va a ser lo correcto.

“(La Corte) necesita muchas reformas y es correcto que hagan una buena reforma, que involucre todos estos temas sería lo más correcto, porque no es por la forma en la que ingresan los ministros nada más que funciona la Corte sino que funciona con todos estos temas y lo más correcto sería que fuera una reforma completa que abordara estos alcances”.

Accidentada relación con ministros

Batres Guadarrama lleva dos meses trabajando en la Corte. Su llegada se dio en el marco de una intensa confrontación entre el Ejecutivo federal y el Judicial originada desde la elección de Norma Piña como presidenta del Máximo Tribunal y del CJF.

Desde sus primeros días la ministra causó polémica por solicitar la reducción de su salario y su incorporación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para no ser atendida en servicios médicos particulares y por exigir a su equipo que renuncien a sus prestaciones para evitar ganar más que el presidente.

El pasado 1 de febrero protagonizó un desencuentro con tres de sus compañeros en la Segunda Sala durante la discusión que derivó en la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), tema de interés del presidente López Obrador.

Al ser inquirida sobre este ríspido momento la ministra afirmó que no llegó al Máximo Tribunal a hacer amigos y que está consciente de que, al separarse de los criterios mayoritarios en el Pleno, ha generado una sorpresa entre sus compañeros quienes en el tema de la LIE actuaron torpemente para, afirmó, imponer una votación que ella consideró irregular.

“Seguramente que ha implicado una sorpresa que llegue una voz distinta con algunos tipos de cuestionamientos distintos, que es muy probable que no se esperaban y que para mí es muy difícil no hacer porque finalmente tengo esos cuestionamientos pero con todo y eso ha sido un diálogo respetuoso”, refirió.

“Yo no espero ser la amiga de nadie, o sea, no vine a ver a mis cuates ministros y ministras ni a hacer vida social, en lo que los conozco han sido bastante amables, han seguido siendo amables, tengo la impresión de que se obliga aquí la gente a estas normas de cortesía y por eso son muy violentas cuando se rompen y se rompieron ese día, no después, ese día en el que nos trataron así, violando las reglas, no teniendo amabilidad y tratándonos como enemigas en el caso que les interesaba sacar a como diera lugar”, señaló.

Recordó que ese día solicitó posponer la discusión de los amparos contra la LIE, cuyos proyectos fueron realizados por Alberto Pérez Dayán, ministro presidente de la Segunda Sala, y Javier Laynez Potisek, pero que su petición fue rechazada bajo el argumento de que el gobierno federal intentaba hacer una “chicana”.

Esto, debido a que el caso ya había sido pospuesto anteriormente por un impedimento planteado por el gobierno federal respecto a Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales, mismo que fue desestimado por la Primera Sala y para aquel 1 de febrero, la Secretaría de Energía (Sener) planteó otro impedimento contra Laynez Potisek.

“(En la discusión de la LIE) hubo tensiones y torpeza, mi impresión es que suelen respetarse mucho las reglas del procedimiento en el debate y yo creo que parte de la sorpresa de que haya mayor debate del que esperan, pues es esa torpeza, de que se atropellen las reglas de procedimiento, hay una ‘caballerosidad’ entendida al viejo estilo en el que se suele ser muy amable en las cortesías del debate”, comentó.

“Ese tipo de cosas creo que son torpezas. Entre la prisa que es muy probable que hayan acordado ese día o el día anterior de ‘sacamos el asunto porque lo sacamos’, se atropellaron por lo menos tres leyes como si nada y yo creo que esperaban que no se los hiciéramos ver; pero fue un atropello de procedimiento al que, insisto, creo que ni ellos están acostumbrados, entonces lo hacen muy torpemente”.

Ante la solicitud de la Sener, Laynez Potisek se excusó de votar el caso que tenía Pérez Dayán en su ponencia y retiró de la lista el que tenía pendiente bajo el argumento de que ya sentía incomodidad para participar el asunto, lo que generó que se dilucidara con el voto de calidad del presidente de la Sala.

“Fue un jaloneo de violación múltiple de normas de procedimiento de debate”, refirió Batres.

El caso generó que Morena en la Cámara de Diputados solicitara iniciar un juicio político contra el ministro Pérez Dayán.

“Lo que sucedió ese día es gravísimo (…), hubo atropellos de la Ley de Amparo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Reglamento interior porque yo tenía derecho, y lo reconoce así el Reglamento, a solicitar que se alistara el tema para una siguiente sesión por falta de estudio en este caso”, apuntó Batres.

“(Laynez) planteó una solución en realidad frívola porque se asumió impedido y ya no se dio trámite a la recusación del caso donde el ministro Pérez Dayán era el ponente y en el que tenía él se asumió impedido (…) él mismo dice: ‘sí he estado votando 17 veces el tema de la Industria Eléctrica, pero hoy, el día que me toca votar por 18ª vez, me manifiesto impedido por las razones que dice la autoridad que son que tengo un conflicto de interés’, eso es una responsabilidad bastante más grave todavía que un juicio político”.

Relación de Batres con la 4T

Antes de llegar a la Corte, Lenia Batres era consejera adjunta en Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, al mando del presidente López Obrador; es hermana de la diputada de Morena en la CDMX Valentina Batres y del jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres.

Estas relaciones personales y laborales han provocado que desde su postulación para llegar a la Corte sea cuestionada sobre los conflictos de interés que pueda tener como jueza constitucional.

La ministra rechazó tener alguno de estos conflictos de interés porque indicó que ella no ha participado en ninguna votación de las leyes o reformas propuestas por el Ejecutivo federal, ni por su hermana o en los casos que representa el jefe de Gobierno capitalino.

“Las recusaciones, excusas o impedimento suceden por razones específicas pero yo no estoy en ninguno de esos supuestos, no tengo una razón personal en ninguno de los casos, participé en algún momento en la elaboración de diversos instrumentos, pero ninguno de esos existe como tal, es decir, el presidente no expide leyes, pero aun si él las expidiera no son de autoría personal, ni de interés personal. Yo no tengo interés personal en ningún tema legislativo, no gano nada, a eso me refiero”, detalló.

“Las leyes no son producto del Ejecutivo, son producto del Legislativo, los legisladores deciden, los legisladores votan y los legisladores son los que hacen las leyes”.

Añadió que su hermano, Martí Batres, como jefe de Gobierno de la CDMX, tampoco tiene autoría en las leyes de la capital que son sometidas al análisis de la Corte.

Como parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, que se encarga de tramitar recursos ante la SCJN, Batres explicó que no participó en los juicios sino en la elaboración de reglamentos y dirigir la elaboración de iniciativas de ley.

En abril próximo, la Corte iniciará el análisis de las leyes aprobadas en el llamado “viernes negro”, que son de interés del gobierno federal.

El argumento principal de las impugnaciones es que no se respetó el procedimiento legislativo, por ello, la ministra Batres adelantó que para ella no es legítimo declarar inconstitucionalidades por violaciones procedimentales sin que la Corte aborde el fondo de las leyes sometidas a su consideración.