CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó por 119 votos para reformar el artículo 73 de la Carta Magna para facultar al Congreso de la Unión, a fin de que expida una ley general que permita prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio.  

La reforma propone unificar criterios en todos los estados, que se homologue tipos penales y las punibilidades; además define estándares de investigación con perspectiva de género y que fortalezca la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios. 

Todo esto para que se garantice que en cualquier lugar de México las mujeres tengan el mismo derecho a la justicia y que el lugar donde ocurre el delito no determine la calidad de la investigación ni la posibilidad de la sanción. La reforma fue enviada a la Cámara de Diputados.  

Grupos parlamentarios a favor 

La senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, afirmó que su partido apoyará la reforma porque está convencida que la misma conducta que constituya abuso sexual puede calificarse como atentado al pudor o simplemente no encontrarse tipificada en otro estado. 

“Subo a esta tribuna a nombre del grupo parlamentario del PRI para expresar nuestro voto a favor de esta reforma. 

“Pero antes que con una agenda subo porque estoy convencida, convencida de que en México una mujer no recibe la misma protección en Sinaloa que en la Ciudad de México; porque les recuerdo que Sinaloa ocupa el primer lugar en feminicidios de todo el país. Que la misma conducta que constituya abuso sexual puede calificarse como atentado al pudor o simplemente no encontrarse tipificada en otro estado”, expresó.  

Por su parte, la senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, resaltó que su partido votará a favor porque esta reforma resuelve una de las grandes dificultades radica en las diferencias normativas que existen en las entidades de nuestro país para erradicar ese delito.  

“Por eso, como entidades federativas y como un congreso que representa la Federación, es que los elementos que deben de ser tipificados en el tema penal, criterios que abarcan en un tema diverso para acreditar las razones de género, agravantes y sanciones con diseños distintos, así como criterios de investigación desiguales, son las diferencias que provocan consecuencias graves. 

“Las consecuencias pueden ser que debilitan la eficacia del Sistema Judicial Penal en una justicia; genera respuestas desiguales frente a hechos semejantes; abre en ciertos casos espacios a vicios institucionales. Al igual también hay vacíos que alimentan escenarios de impunidad. Por eso, esta reforma constitucional resulta pertinente, necesaria y justa”, expresó.