CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La historia de Elisa Zepeda Lagunas y la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, sumó un nuevo capítulo tras la reciente decisión de un Tribunal Colegiado que pone en vilo la justicia para su familia.  

Los hechos que originaron este proceso se remontan al 14 de diciembre de 2014, cuando una asamblea comunitaria derivó en un ataque directo donde asesinaron a su hermano, Manuel Zepeda, y a Gustavo Estrada, además de cometerse agresiones físicas y tentativas de feminicidio contra ella y su madre.  

A casi doce años de distancia, la situación jurídica del caso atraviesa un momento crítico. En entrevista con Proceso, Zepeda abordó las implicaciones de la resolución, que podría derivar en la libertad de Miguel Ángel Peralta, uno de los sentenciados por estos delitos.  

Según la víctima y activista de derechos de las mujeres, el fallo actual omitió un análisis integral de las agresiones y mostró una falta de perspectiva de género en la evaluación de las pruebas. 

“Ha sido un impacto bastante fuerte en lo emocional. Lo que se manifiesta es un escenario de impunidad por parte del colegiado, además de que evidencia un sesgo muy marcado”, explicó.  

De acuerdo con Elisa, la autoridad judicial centró su criterio en aspectos de especificidad cultural, dejando de lado la gravedad de los homicidios y las tentativas de feminicidio documentadas en el expediente. A la par, el caso se ha desarrollado en medio de una confrontación de versiones sobre lo ocurrido en la Sierra Mazateca.  

Detalló que los señalados como responsables —entre ellos el exalcalde Alfredo Bolaños Pacheco y su asesor Jaime Betanzos Fuentes, ambos vinculados al PRI—estructuraron un discurso que los presenta como “presos políticos”.  

Esta narrativa utilizó la identidad indígena para obtener respaldo de organizaciones civiles, lo que, a su juicio, desvirtuó la naturaleza de los delitos cometidos.  

“Han hecho de esta defensa fabricada una forma de vida”, afirmó.  

La violencia ejercida en su contra no estuvo relacionada con el desempeño de un cargo público, pues en 2014 no ocupaba ninguna función gubernamental.  

Ante ello, indicó que el origen de la agresión se vinculó con su labor social y el liderazgo que desempeñaba en favor de los derechos de las mujeres en la región. Su participación política representó un desafío a las estructuras de control que operaban en el municipio en ese momento.  

A la fecha, la presión sobre la hoy diputada local persiste en el ámbito digital. Durante la conversación, describió campañas de difamación y discursos que buscan minar su credibilidad. Estas acciones representan una extensión de la violencia política en su contra que inició desde hace una década, ahora articulada a través de redes sociales, dijo.  

Memoria, resistencia y búsqueda de justicia en Eloxochitlán 

En Eloxochitlán, el clima social refleja la incertidumbre que rodea al proceso legal. Zepeda, quien mantiene un vínculo constante con la comunidad, señaló que entre los habitantes existe temor de que la ausencia de sentencias firmes permita la repetición de actos violentos.  

La comunidad reconoce a los involucrados y observa con reserva las decisiones que emanan de los tribunales en la capital del estado. El Tribunal Colegiado fundamentó su resolución en la necesidad de garantizar los derechos procesales de los acusados bajo un enfoque intercultural.  

No obstante, la activista sostuvo que esta interpretación extralimitó las facultades de los jueces al no equilibrar dicho enfoque con la protección de las víctimas.  

“La pertenencia a un grupo indígena no debe eximir la responsabilidad ante actos de tortura y privación de la vida”, insistió.  

“A mí quisieron matarme, me lesionaron gravemente, y eso no puede tratarse como si fuera algo dudoso”.  

Recordó que los primeros detenidos el día de los hechos fueron localizados mientras transportaban el cuerpo de su hermano en una unidad oficial. Para ella, rescatar estos datos objetivos resulta vital frente a los intentos de transformar los delitos en un conflicto político.  

La ruta legal continuará mediante la revisión de la resolución del colegiado. La defensa de las víctimas busca que se retome el análisis de fondo sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2014. Mientras el proceso sigue su curso, Elisa Zepeda mantiene su exigencia de que se escuche la voz de las víctimas indirectas, como las hijas y la esposa de su hermano, quienes también han padecido las consecuencias del largo proceso judicial.