CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Departamento del Tesoro del gobierno estadunidense de Donald Trump acusó hoy al defensor de derechos humanos tamaulipeco, Raymundo Ramos Vázquez de ser un “asociado del Cártel del Noreste” y de “llevar falsas quejas contra el Ejército mexicano”, imputaciones que los militares mexicanos sostienen desde hace años contra Ramos, quien ha documentado casos relevantes –y probados-- de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por soldados en Nuevo Laredo. 

En un boletín, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra dos casinos de Tamaulipas, así como contra el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez –quien defendió entre otros a Miguel Ángel Treviño, el líder de los Zetas conocido como “Z-40”--, Eduardo Javier Islas Valdez, “Crosty”, un presunto jefe de la célula de tráfico de personas del Cártel del Noreste, así como contra Raymundo Ramos. 

Al frente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos ha tenido una relación conflictiva con el Ejército, pues ha revelado casos en los que soldados asesinaron a personas inocentes en esta zona fronteriza, marcada por un contexto de violencia extrema desde hace más de una década y media. Hasta la fecha, los casos revelados por Ramos y su equipo no han sido desmentidos con evidencias. 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acusó al activista de apoyar a los grupos delincuenciales, y lo ha espiado durante años con el spyware Pegasus, como lo revelaron?Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTIC, Animal Político y Aristegui Noticias en la investigación #EjércitoEspía. 

De acuerdo con este trabajo periodístico, la Sedena atacó el teléfono de Ramos al poco tiempo de que revelara un caso de ejecución extrajudicial, en el que soldados asesinaron a tres jóvenes secuestrados –que se encontraban en la parte trasera de una camioneta-- y montaron una escena para aparentar que todos los ocupantes del vehículo eran delincuentes. 

En un oficio secreto elaborado por el Centro Militar de Inteligencia (CMI), revelado en la investigación periodística, los mandos de la Sedena acusaron a Ramos de mantener “vínculos con el Cártel del Noreste, aprovechando su calidad como activista de DDHH (para) lucrar con la información del desempeño de las Fuerzas Armadas para sus intereses, obteniendo beneficios económicos y favoreciendo a la delincuencia organizada”. 

La acusación del Departamento del Tesoro hace eco a las de la Sedena: sin presentar pruebas, el gobierno de Trump aseveró que Ramos “encabeza la campaña de desinformación del CDN contra las autoridades mexicanas mientras se presenta como activista de ‘derechos humanos’”, y agregó que el activista “paga a individuos para acudir a protestas” y “protege la reputación de miembros del CDN caídos o arrestados”.