CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una solicitud de información al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) a admitir que su entonces directora, María Elena Álvarez-Buylla Roces, hizo acusaciones de corrupción contra académicos e instituciones sin pruebas, además de que vulneró sus datos personales ante miles de espectadores desde la conferencia “mañanera” en Palacio Nacional.

Pese a ello, la Secretaría de la Función Pública (SFP) no la sancionó como lo prevé la ley. Peor aún: no sólo no investigó el caso, sino que archivó el expediente y dio por concluido el asunto. El “carpetazo” oficial.

Éste es sólo uno de los ejemplos de cómo, aun con la existencia del INAI, la Función Pública, entonces a cargo de Roberto Salcedo Aquino, no cumplía con su obligación legal de sancionar a funcionarios que violan la ley.

Ahora, tras la aprobación de los legisladores de la desaparición de ese instituto autónomo (y otros seis), como lo propuso el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y lo avaló la actual mandataria federal Claudia Sheinbaum Pardo, será la misma SFP, con su nuevo nombre, “Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, a cargo de Raquel Buenrostro, la que asumirá la recepción y procesamiento de solicitudes de información de la ciudadanía.

La acusación desde la “mañanera”

Todo comenzó el 3 de mayo de 2023, cuando la entonces directora general del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, acudió a la conferencia “mañanera” y, frente al todavía presidente López Obrador, presentó una gráfica sobre una supuesta red usada para el “desvío” de recursos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Ante miles de seguidores del mensaje presidencial, aseguró: “No solamente hubo desvío a favor de intereses económicos, sino también a favor de intereses creados políticos. Aquí presentamos una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época neoliberal, desviando sus funciones, que deberían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales, en economía y formar recursos”.

La científica agregó: “Y bueno, sin entrar a detalle, podrán ver ahí nombres destacados de personas, como María Amparo Casar, el propio director general, el primero fue, bueno, el anterior, a Sergio López Ayllón; el propio exdirector general del Conacyt. Y estas organizaciones de las cuales acabamos de oír, como México Evalúa, Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, aparece también ahí el TEC de Monterrey, y una habilitación de transferencias de talento a instituciones, como el INAI, el INE, en fin, inclusive, un vínculo muy estrecho con la Suprema Corte de Justicia (sic), ahí aparecen también nombres destacados”.

Álvarez-Buylla dijo que, como resultado de esa red, “México bajó 16 lugares... en resultados de innovación, México disminuyó a nivel global, esto implica también a todas estas empresas que recibieron todos estos recursos. Es decir, fue un fracaso rotundo”.

De inmediato, una persona ciudadana realizó una solicitud de información al Conahcyt, a través del INAI (registrado con el folio 330010923000361) para obtener toda la información relacionada con la acusación de la funcionaria contra el CIDE, las personas que mencionó y las otras que aparecieron en la gráfica presentada.

La misma solicitud de información hizo al CIDE (folio 330004923000162), el cual le respondió con la “inexistencia” de dicha información. La Presidencia de la República (folio 3310001230001024) le contestó que esa solicitud era de “notoria incompetencia”, aunque la acusación fue hecha desde la conferencia presidencial, frente al tabasqueño, en vivo y en televisión nacional.

Casi al mismo tiempo, las personas acusadas por la directora del Consejo comenzaron a recibir mensajes de odio y amenazas en sus redes. El hecho se sumó a la polémica que surgió dos años atrás, entre integrantes de la comunidad del CIDE y el Conahcyt, por el nombramiento ilegal de José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro a finales de 2021, lo que derivó en un paro en el plantel Santa Fe. 

De acuerdo con documentos de seguimiento al caso, a cuyas copias Proceso tuvo acceso, el Conahcyt no le dio a la persona solicitante la información requerida, pues, según la Unidad de Articulación Sectorial y Regional, tras “la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos físicos y electrónicos (...) no se localizó expediente o información respecto de lo solicitado”.

El 1 de junio, la persona solicitante promovió un recurso de revisión ante el INAI (folio RRA 8209/23) debido a que el Conahcyt “omitió” turnar la solicitud a la Dirección General y a la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo; es decir, no pidió la información a Álvarez-Buylla. También lo señaló por “la falta de la fundamentación y motivación en su respuesta”.

El INAI le dio la razón y ordenó al área de transparencia del Conahcyt buscar la información solicitada o declarar su inexistencia. Sin embargo, el Consejo reiteró su respuesta inicial: que no poseía expediente o información sobre las redes que acusó su directora y que no tenía “conocimiento de su elaboración o integración”. Y, pese a la instrucción del INAI, volvió a omitir la consulta a su Dirección General y al Jurídico.

Entonces el INAI revocó la respuesta del Consejo y le reiteró la instrucción de hacer una “búsqueda exhaustiva” de la información solicitada o “declararla inexistente”.

Luego de meses de espera y correos electrónicos de ida y vuelta, el 4 de octubre del 2023, el Consejo dirigido por Álvarez-Buylla se vio obligado a declarar, en su Comité de Transparencia, la “inexistencia” de la información solicitada.

Según el acta CT/X/23, determinó “confirmar la inexistencia de alguna expresión documental que dé cuenta de algún expediente que contenga presuntas redes de intereses creados alrededor del CIDE, del presunto desvío de funciones y CPI neoliberales, toda vez que dicha información no obra en los archivos de la Dirección General, de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la Coordinación de Comunicación”.En el Acta Circunstanciada, la Dirección General del Conahcyt confirmó la inexistencia de la información, pues dijo que no existe en los archivos de su área administrativa ni en otras áreas de la institución.

Entonces, la persona solicitante alegó que Álvarez-Buylla, “presentó un informe falso —basado en información existente— al presidente de la República y al pueblo de México, en la conferencia matutina del 3 de mayo de 2023, en Palacio Nacional, toda vez que declaró la inexistencia del expediente acerca de la información que presentó”.

Por si fuera poco, añadió que la información falsa que emitió la directora “lo habría hecho, precisamente, con el apoyo del personal de la oficina de la Presidencia de la República encargado de dichas conferencias”, en referencia al entonces vocero, Jesús Ramírez, quien se mantiene en el equipo de primera mano de la presidenta Sheinbaum.

Denuncia ante la SFP... “carpetazo”

Al día siguiente de obtener esa respuesta —el 5 de octubre—, la persona interesada interpuso una denuncia ante el Sistema de Denuncias Ciudadanas (Sidec) de la SFP contra Álvarez-Buylla por “abuso de funciones” y presuntas “faltas administrativas atribuibles a servidores públicos adscritos al Conahcyt”. Su argumento fue que cometió supuestas violaciones a las siguientes leyes:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley General de Responsabilidades Administrativas
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
• Código de Ética de la Administración Pública Federal
• Ley General de Transparencia
• Ley Federal de Transparencia
• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
• Código de Conducta del Conacyt

Entonces, quedó abierto el expediente 291091/2023/PPC/CONACYT/DE25 en el que Álvarez-Buylla fue acusada de “no haber documentado el ejercicio de sus actos de autoridad”, así como por “haber dado tratamiento a datos personales en contravención a los principios y deberes establecidos en dicha ley de manera intencional”, en referencia a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, entre otros argumentos.

Incluso fue señalada de actuar “con dolo” y “negligencia” en sus actos de autoridad. Primero al hacer las declaraciones falsas y luego, negar la existencia de la información para sustentarlas.

La respuesta de la Función Pública avizoró el llamado “carpetazo”, por lo que el 2 de noviembre siguiente la persona denunciante le amplió la información y agregó testimonios de algunas personas afectadas por los dichos de Álvarez-Buylla.

Dijo un afectado:

A partir de esa exhibición pública, personas que no me conocen asumieron en redes sociales que soy una persona corrupta y despreciable, expresando comentarios que me dañaron emocionalmente y amedrentaron. A raíz de sus declaraciones sufrí ansiedad, insomnio y temor por mi integridad y por mi seguridad.

Y agregó: “También me ocasionó un daño al violar mi derecho a la protección de mis datos personales… a través de un esquema engañoso y fraudulento, toda vez que se hizo con información inexistente”.

Otra persona afectada aseguró que “el abuso de autoridad” de Álvarez-Buylla dañó “gravemente” su prestigio académico construido en décadas, le generó cancelación de conferencias que ya tenía programadas y afectó su tranquilidad familiar y emocional.

Caso en la CNDH, pendiente

La persona denunciante también llevó el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde sigue pendiente la resolución.

Un semestre después de la denuncia, el 30 de abril de 2024, aún en la administración de López Obrador, el Órgano Interno de Control de la SFP en el Conahcyt determinó “archivar el expediente” y, prácticamente, cerrar el caso en la impunidad.

El argumento: “al no encontrarse elementos suficientes para atribuir una presenta (sic) irregularidad a cargo de algún servidor pública (sic) adscrito al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (sic), por ende, se considera que lo procedente es archivar el presente expediente como tal y definitivamente concluido”. 

En el oficio 38100/L02000/0510/2024, emitido el pasado 8 de mayo, Leticia Estrada Martínez, titular del área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control del Conahcyt, dependiente de la Función Pública, avisó a la persona denunciante sobre “el carpetazo” de la denuncia, lo que significó que María Elena Álvarez-Buylla —quien el 2 de octubre pasado regresó a su laboratorio de investigación— no será sancionada y seguirá en la impunidad.

No obstante, al día siguiente, la persona solicitante interpuso un amparo ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX para que la Función Pública reabra el caso bajo la sospecha, otra vez, de irregularidades, entre ellas, que no se hicieron los actos de investigación correspondientes para deslindar las responsabilidades de Álvarez-Buylla.