Lo que descubrió al arribar al Conacyt, a decir de su directora, María Elena Álvarez-Buylla, es “una coladera” que se resume en una paradoja: en el pasado se gastó más dinero y el país se volvió menos eficiente en innovación, pues “no se está invirtiendo donde se debe, o hay dispendio, fuga o corrupción”. Con cifras rebate el “golpeteo mediático” ya denunciado por un grupo de artistas, como Francisco Toledo, y de investigadores, como Cristina Barros Valero, la médica Elena Khan y el defensor en derechos humanos Miguel Concha Malo. Y con cifras fundamenta el reto por hacer un país menos dependiente. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Excesos en el gasto público, duplicidades tanto en lo laboral como en las convocatorias para becas, apoyo a empresas trasnacionales y nacionales que no impulsan el desarrollo y la soberanía científica y tecnológica de México, falta de recursos a proyectos de investigadores de instituciones públicas, precariedad laboral y la consabida fuga de cerebros. Tal es la situación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), heredada por años de neoliberalismo y corrupción, según el diagnóstico elaborado en seis meses por su directora María Elena Álvarez-Buylla, egresada de la licenciatura y maestría en ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctorada en la Universidad de California, en Berkeley. La especialista en diversidad biológica, ecología y genética molecular, Premio Universidad Nacional 2010 y Ciudad Capital “Heberto Castillo”, entre otros, atribuye a ese diagnóstico y a la aplicación de nuevas políticas para su corrección, el escándalo y golpeteo mediáticos que la han seguido desde que fue invitada a ocupar el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la etapa de transición. La contratación del joven David Alexir Ledesma como subdirector de Comunicación; la falta de recursos para que un grupo de niños asistiera a una Olimpiada de Matemáticas, cuyos boletos de avión ofreció pagar el cineasta Guillermo del Toro; El Memorándum de Austeridad del gobierno rechazado por integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; la posibilidad de suspender viajes a investigadores; y hasta el comedor de los trabajadores, han sido la nota del día a día que ha debido salir a aclarar la investigadora. El 25 de febrero pasado el pintor Francisco Toledo, la investigadora Cristina Barros Valero, la médica Elena Khan, el defensor de derechos humanos Miguel Concha Malo y el ingeniero agrónomo Antonio Turrent Fernández, entre otros investigadores, expresaron en una carta su apoyo a la científica ante la “campaña de desprestigio en redes sociales sin proporción” que consideran “una respuesta cobarde de los intereses que ha tocado…” (https://derechoshumanos.org.mx/category/medios/otros-medios). Entrevistada por Proceso en sus oficinas del Conacyt, la bióloga afirma que hay una tendencia mundial para que “la ciencia, entrecomillada” y el desarrollo tecnológico sean acotados por los intereses trasnacionales, que permearon incluso las convocatorias para becas de la institución. Su propósito ahora es “generar políticas públicas más comprometidas con hacer de México un país más soberano, independiente, justo y equitativo”, y respetuoso del ambiente, “porque se ha destruido muchísimo como efecto secundario de los intereses de las grandes corporaciones… ahora tendremos criterios claros de restauración ecológica y, obviamente, de solvencia epistemológica, porque cuando se supeditan la ciencia y la tecnología a los intereses corporativos se olvida inclusive el principio fundamental de la ciencia, que es el conocimiento”. Por años, el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (PEI) destinó recursos a empresas trasnacionales, como Bayer, Monsanto, Honeywell, y hasta automovilísticas, como Volkswagen, Ford, Chrysler. En listas que pueden consultarse en internet aparecen igual las empresas Mabe, Acros Whirlpool, Porcelanite Lamosa, Crest, Novartis Farmacéutica, la compañía de helados Milky Mich, la clínica dental Smile Center, una deshidratadora de chiles, una mezcalería, empresas turísticas y hasta una importadora y distribuidora de licores. Según Álvarez-Buylla, se está integrando una base única de información para hacer más transparentes los apoyos (en algunos casos con montos cercanos a los 10 millones de pesos), pues los recursos del Estado entregados a las grandes trasnacionales no benefician “ni siquiera al desarrollo industrial nacional, mucho menos al científico, tecnológico o a la innovación, esos recursos se fugaron y el plusvalor que generaron fue para esos capitales trasnacionales”. Más aún, mientras esas compañías se beneficiaron con dinero público, en los parámetros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México bajó durante esos años varios lugares en términos de eficiencia e innovación: “Hay una paradoja: se gastó más dinero y el país se volvió menos eficiente en inno­vación. Ahí hay una coladera ¿no? No se está invirtiendo donde se debe, o hay dispendio, fuga o corrupción. Debemos estudiar cómo vamos a distribuir ese aporte público y priorizar en términos de lo que es importante para el país, que es el apoyo a la ciencia de frontera y al desarrollo tecnológico de vanguardia.” –¿Por qué se dieron recursos a empresas como Bayer o Monsanto? ¿No deberían ellas apoyar proyectos mexicanos? Incluso con reservas… –Sí, tienen sus propios intereses… Podría frasear de otro modo la pregunta, si estoy en lo correcto: ¿Era legal esto o había corrupción? En la mayoría de los casos era legal porque había un programa de estímulos a la innovación, el famoso PEI que permitía que siempre y cuando hubiera un acuerdo entre ciertos académicos y ciertas empresas, sin ningún lineamiento de articulación, prioridades o una agenda puesta por el Estado, podían competir por los recursos. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, aun en Estados Unidos hay una agenda de prioridades del Estado. Quizá había discrecionalidad en los comités de evaluación, pero dice que no podría afirmarlo, y aunque se hubiera dado, fue legal, “pero es inmoral, es inmoral que un país relativamente en vías de desarrollo, con pocos recursos para hacer investigación, no fije una agenda con prioridades para una ciencia comprometida socio-ambientalmente. Mucho de ese dinero se fue a empresas pequeñitas. Se han encontrado casos, “por lo menos extraños”, de asociaciones civiles que se unían con despachos de expertos en obtener los fondos, empresarios y académicos. Todo eso no es “gratis”, la tendencia mundial es que el desarrollo científico y tecnológico de las naciones esté acotado por los grandes intereses trasnacionales. Ahora se buscará que México sea un país más independiente en ese sentido. Por lo cual informa que pronto van a anunciarse los programas nacionales estratégicos de investigación en materias como salud, agua, basura y otros temas ambientales, y cuestiones sociales como inequidades, violencia: “Lo que estamos haciendo es articular capacidades para asignar los recursos públicos de manera más eficaz y tratar de aportar al Estado un entendimiento profundo y de solución de algunos de estos grandes problemas nacionales, articulados con las instancias competentes, como las secretarías de Salud, de Medio Ambiente, de Energía. Hemos estado haciendo una propuesta proactiva desde Conacyt, que es una entidad muy transversal, para que realmente haya solvencia científica y tecnológica, y un análisis crítico de las problemáticas para fortalecer las políticas públicas.” Reestructuración La bióloga asevera que el presupuesto del Consejo para 2019 es prácticamente igual que en 2018. Muestra una tabla comparativa para indicar que en el ramo 38 sí se redujo en alrededor de 9% respecto al año anterior –cuando se le otorgaron 27 mil 225 millones 900 mil pesos–. Para 2019 el monto es 24 mil 764 millones 719 mil pesos. En otras palabras, 2 mil 461 millones 181 mil pesos menos. Afirma entonces que en el fortalecimiento a las comunidades científicas no hubo recorte, e incluso se ha aumentado el monto de las becas, con lo cual al final del año se habrán entregado 11 mil millones de pesos para la formación de nuevos científicos en nivel posgrado. Los recortes se han aplicado al gasto operativo y se han hecho ahorros, evitando pagar a las empresas citadas y a los despachos. Se han terminado o no renovado contratos relacionados con la renta de automóviles, pues había funcionarios que tenían asignados hasta tres o cuatro, y otros dispendios. Según la directora, Conacyt es una entidad pequeña en términos de personal, con alrededor de 800 trabajadores en diversos niveles y funciones, de base, confianza y operativos. Ahí “sí vamos a defender que no nos recorten”, y comenta al respecto que había funciones sustantivas enajenadas a despachos y ahí se ahorrarán pagos de honorarios y del llamado outsourcing. Otra forma en la cual se buscará fiscalizar y hacer más eficiente el gasto es la reestructuración de 65 fideicomisos existentes dentro del Consejo. 32 de ellos suscritos con los gobiernos de los estados, y otros son sectoriales, como la Secretaría de Salud, de Medio Ambiente, Energía, Comisión Nacional del Agua, Instituto Mexicano del Seguro Social, “algo absurdo porque casi todos los retos del país en ciencia y tecnología son multisectoriales”. Anteriormente, detalla, se lanzaban las convocatorias para apoyos mediante cada fondo o fideicomiso en forma desarticulada, y se encontraron con el mismo proyecto en varios de ellos, lo cual es una duplicidad enorme y una pulverización de los recursos. El reto es no desaparecer estos instrumentos de financiamiento y colaboración con los estados, pero habrá temas donde se puedan hacer convocatorias conjuntas y ahorrar millones de pesos. Ello no significa que no sea importante tener mayor financiamiento: “Si ahorita repartimos dinero al azar, aumentando las convocatorias, habrá más dinero para gastar, pero no significa más resultados ni avance del conocimiento. Uno de los ejes de Conacyt es volver a apoyar la ciencia de frontera en las entidades públicas. Entre 2017 y 2018 las comunidades científicas no recibieron ni un peso, de cinco mil propuestas solamente quedaron 272.” Detalla que se consideraron 780 proyectos como “altamente recomendables”, pero se financiaron sólo 272. Quedaron rezagados 508 y la actual administración recuperará 488 para el presupuesto 2019. Está por lanzarse una nueva convocatoria en apoyo a la ciencia básica o de frontera. Agrega la investigadora que cada Centro Público de Investigación (hay 27 en todo el país) cuenta con su propio fideicomiso, a los cuales se les asignaron 6 mil millones de pesos para su financiamiento. Aprovecha para reiterar que no se desaparecerá ningún centro como se informó en algunos medios luego de que un grupo de más de 3 mil científicos y trabajadores enviaron una carta a López Obrador en respuesta al Memorándum de Austeridad. Cada centro tiene su propio director general y su propia estructura. A cada uno se le pidió que de manera voluntaria entregara una propuesta de ahorro del gasto, no relacionado con el apoyo a la ciencia y la tecnología ni con las condiciones laborales de investigadores y trabajadores, sino con gasto operativo, por ejemplo, reducción de la flotilla de automóviles, para quedarse con lo estrictamente imprescindible. Sólo tres entregaron el ejercicio. En su opinión, los CPI podrían ahorrar, pero ya no depende del Conacyt, sino de cada uno de los directores. Ellos son responsables incluso de cómo se engrosaron sus nóminas. Menciona el caso del Instituto Mora (ver recuadro), donde se ha reportado en medios un recorte de 40% de la planta laboral. A decir de Álvarez-Buylla, se trata de una institución muy buena, con investigadores de primer nivel, pero dice que el recorte no tocó a los investigadores, sino a una plantilla de honorarios, lo cual no justifica: “Seguramente muchos de ellos están haciendo también aportes muy importantes, pero hay una responsabilidad de la administración del Mora sobre cómo creció esta plantilla y cómo podrían restringir algunos otros recursos para no tener que hacer un recorte tan fuerte, en fin. Aquí también hay muchas cuestiones cualitativas que no están en estas campañas mediáticas tan ruidosas y que habría que tomar en cuenta: Es principalmente responsabilidad de la directora del Instituto Mora (Diana Guillén) cómo llegaron a este aumento de plazas, sea de eventuales, por honorarios o de contratación de algunos despachos, y de los gastos que están distribuidos en conceptos que podrían ahorrarse para no tener que despedir a ese porcentaje.” Ella pidió a Guillén en una reunión que aclarara la situación (Proceso la buscó pero hasta el momento del cierre no se reportó), pues “es su responsabilidad y atribución informar qué está pasando en el Instituto Mora; yo no quisiera especular sobre eso, pero puedo asegurar que no hay lineamientos para despidos de investigadores, y cualquier otro trabajador tiene derechos y hay que respetárselos”.?Comenta que están en pláticas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para tratar de conseguir ampliaciones para apoyar a los trabajadores eventuales, que “desgraciadamente les tocó estar en esas plazas”, pero insiste en que son responsabilidades previas a la presente administración, no obstante que en ésta se busca apoyarlos “de la mejor manera posible”. Y enfatiza que no se trata de simular que se está haciendo algo “democrático y descentralizado y seguir con una lógica de mercado, sino establecer una agenda con prioridades claras para ser un país mas soberano e independiente, científica y tecnológicamente, con mayores posibilidades de resolver problemas que incrementen el bienestar social y el cuidado del ambiente”. Se le menciona que además del Mora (adscrito a Conacyt), hay casos como el del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Lombardo Toledano (dependiente de la SEP), donde ya se despidió a la plantilla de investigadores, para señalar que muchos trabajadores eventuales y de honorarios votaron por López Obrador con la esperanza de mejorar su precaria situación laboral y lejos de ello ahora se encuentran sin trabajo. Argumenta que la precariedad laboral es producto de muchos años de neoliberalismo y eso no se resolverá de la noche a la mañana. Reconoce que es un problema serio e insiste en que no hay científicos despedidos, pero sí fuga de cerebros, más de 30 mil académicos ya formados en niveles de posgrado salen del país, no porque quisieran, sino porque no encuentran trabajo. El problema es que se le quiere “achacar el muerto” a López Obrador, cuando lo importante es poner el acento en cómo este nuevo régimen enfrentará ese pasivo laboral, la precariedad acumulada de años de neoliberalismo, la fuga de talentos, los eventuales, los de honorarios y la corrupción que generaron esas estructuras paralelas. No corresponde al Conacyt resolverlo, es atribución de la SHCP, del Trabajo y de Economía, señala. Puntos en las íes Ya en el terreno de las aclaraciones relativas a la austeridad, asegura que desde abril la Sociedad Matemática Mexicana recibió un apoyo por 1 millón 600 mil pesos, para la participación de niños y niñas en la Olimpiada de Matemáticas. Igualmente, considera un error de interpretación el tema de los viajes en el memorándum en el cual López Obrador indicó que sólo podrán ser autorizados por él: “El memo era muy claro: decía que los funcionarios, incluyendo científicos –como yo– que ocupen un puesto de mando o de enlace, que quisieran salir del país, deben pedirle permiso. Los científicos no ocupan puestos de mando, ¿por qué se generó ese pánico, esa distorsión? Creo que fue a propósito para instigar, crear preocupación, cuando obviamente hay viajes por estudio, por investigaciones científicas o porque los estudiantes tienen que irse cuando ya se les aprobó una beca de posgrado.” Aborda finalmente el tema del comedor que ha sido cuestionado. Según algunos medios, tuvo un costo de 15 millones de pesos. Proceso pudo visitarlo: Es amplio, con mobiliario de madera de estilo tradicional mexicano. El menú de ese día era fideo, pescado con ensaladas y de postre yogurt natural con frutillas. ¿Por qué se gastó en él? La directora indica que, como parte de su contrato colectivo de trabajo, los trabajadores de Conacyt tienen una subvención para desayuno y comida, “es un derecho adquirido y debe cumplirse a cabalidad”. En tanto el tema de alimentación y salud es esencial para ella, y decidió comer ahí para conocer el servicio. Vio que “aparentemente” se cumple su derecho, pero de manera muy precaria, con grasas vegetales fritas y refritas, exceso de carbohidratos, ingredientes industriales, como el maíz industrializado que “está contaminado con transgénicos y glifosato, que es cancerígeno y teratógeno, en fin, una dieta diabetógena”. Juzgó impensable, desde el punto de vista ético, seguir simulando que se cumplía un derecho. Amparada en el artículo 4º constitucional que habla del derecho a una alimentación suficiente y de calidad, decidió transformar los contenidos y combinar los saberes científicos y tradicionales con los sabores. Ahora los trabajadores comen lo mismo, pero sin productos como los sazonadores artificiales, colorantes o con exceso de azúcar. Y se contrató a la empresa Pigudi Gastronómico, SA, de CV, el costo fue de 6 millones 996 mil 494 pesos. Los funcionarios pagan el costo real del menú y los trabajadores tienen un subsidio mediante el cual pagan 18 pesos por un desayuno y 23 por la comida. En 2018 se pagó un poco más de 5 millones de pesos por el servicio del comedor, entonces la inversión subió un poco más de 1 millón de pesos. Está convencida de que “no es un lujo”, y de que todos los trabajadores del país deberían tener un derecho así. Esta entrevista se publicó el 9 de junio de 2019 en la edición 2223 de la revista Proceso