CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) desmintió al gobierno federal tras las acusaciones por presuntos manejos irregulares, lanzadas ayer durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, señaló la existencia de una carpeta de investigación penal federal en contra de la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, por desacato a una orden judicial.

Ayer, durante la conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, Álvarez-Buylla y otros funcionarios presentaron un informe sobre presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos a través de fideicomisos, motivando una cascada de desmentidos, al que se sumó hoy el del FCCyT.

En sus referencias, la directora del Conacyt señaló a diversas entidades como beneficiarias de fondos federales, en el caso del FCCyT, subrayando su carácter de asociación civil.

Sin embargo, la personalidad jurídica como asociación civil del FCCyT era de naturaleza legal, instituida por el Estatuto Orgánico del propio Conacyt desde 2002, declaradamente para garantizar su autonomía.

De hecho, la Ley de Ciencia y Tecnología vigente establece que el Conacyt debe ser la vía para la asignación de recursos al FCCyT, un aspecto que fue retomado hoy por dicha asociación en la réplica a la funcionaria.

Aun peor, Álvarez-Buylla alegó la construcción de un edificio sede para el FCCyT, sin reparo en que el inmueble fue adquirido con recursos autogenerados y con opinión favorable del Conacyt.

Esos y otros aspectos, estableció el FCCyT, son avalados por un juez federal, a partir de un juicio de amparo que está en revisión y se espera sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El conflicto entre Álvarez-Buylla y el FCCyT no es nuevo, y en la comunicación emitida se establece que la funcionaria ha intentado desconocer el carácter autónomo de dicha asociación.

El comunicado también hace referencia a los señalamientos que hizo la funcionaria a Julia Tagüeña Praga, quien presidió el FCCyT, desmentidos con el argumento de que su desempeño tuvo carácter honorario y las asignaciones de recursos fueron conforme a las decisiones de un comité técnico.

El presidente López Obrador encargó a ocho funcionarios un informe sobre los fideicomisos para evidenciar la presunta corrupción que en éstos se desarrollaba y como parte de su propuesta de extinguirlos.

Luego de la aprobación en el Senado, ocurrida la madrugada del miércoles 21, la conferencia de prensa matutina incluyó los diferentes casos en los que se incluyeron esquemas de recursos que nada tenía que ver con fideicomisos, o bien que, existiendo esa figura jurídica, los señalamientos han sido desmentidos porque, a juicio de los aludidos, no hay indicios de se haya incurrido en ilegalidad.