OAXACA, Oax. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Salomón Jara Cruz son responsables del clima de “violencia, persecución, criminalización, amenazas, acoso y hostigamiento” en la comunidad indígena Binizza de Puente Madera, acusaron comuneros de San Blas Atempa, municipio ubicado en el Istmo de Tehuantepec.

Los comuneros, organizados en la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y en la Asamblea Comunitaria de Puente Madera, lanzaron la campaña “criminalización y violencia en la primavera oaxaqueña” en solidaridad con el defensor David Hernández Salazar, quien este martes 15 enfrenta una audiencia intermedia por oponerse al Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Blas Atempa.

El agente comunitario de Puente Madera, David Hernández Salazar, fue detenido el 17 de enero de 2023 acusado de ataques a las vías generales de comunicación y daños en propiedad ajena, como estilan fabricar delitos las autoridades en este tipo de casos, indicaron los organizadores de la campaña.

La APIIDTT agregó que Hernández Salazar fue liberado horas después gracias a la presión que ejerció la comunidad al bloquear la Carretera Panamericana, donde entre los turistas varados se contabilizaron 33 de origen francés.

Este martes 15 de agosto se llevará acabo la audiencia intermedia por las acusaciones fabricadas que se le han impuesto, en lo que la APIIDTT y la Asamblea Comunitaria de Puente Madera consideran que será “un proceso clave para la defensa, libertad y justicia de la comunidad de Puente Madera”.

Recordaron que la comunidad indígena Binniza de Puente Madera, perteneciente al municipio de San Blas Atempa, asentado en el Istmo de Tehuantepec, ganó en junio de 2023 un amparo contra el Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Blas Atempa que impuso el actual gobierno federal como parte de su proyecto Corredor Interoceánico.

Imposición gubernamental

La premura por montar a toda prisa una asamblea comunitaria para el 14 de marzo de 2021, con la finalidad de que en esa reunión se aprobara la construcción del Parque Industrial que forma parte del proyecto de Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Blas Atempa, es el origen de la imposición gubernamental.

Los organizadores de la campaña denuncian que la asamblea fue “amañada” y que las autoridades locales falsificaron firmas correspondientes a más de 80% del padrón de comuneros, además de que incluyeron a personas fallecidas.

La comunidad de Puente Madera, tras desconocer los resultados de la “asamblea amañada”, han intentado por diversas vías detener la construcción del Parque Industrial, pero como respuesta han encontrado la criminalización de su lucha legítima y 17 órdenes de aprehensión contra comuneros, entre ellos el agente comunitario David Hernández Salazar.

“La lucha organizada, jurídica y mediática de la Asamblea Comunitaria de Puente Madera tiene como respuesta de los tres niveles de gobierno una campaña de difamación, persecución y criminalización contra los representantes y habitantes de la comunidad, así como una serie de intimidaciones y amenazas de políticos locales vinculados al crimen organizado”, afirma la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.

Demandas de los comuneros

Los inconformes exigieron a las autoridades federales, estatales y municipales poner un “alto a la persecución política, fabricación de delitos y criminalización por parte de los autores intelectuales de las demandas y ordenes de aprehensión en contra de David Hernández Salazar y 17 habitantes más de la comunidad de Puente Madera”.

Además, pidieron que se realice una investigación y a fondo se castigue a los autores intelectuales y materiales de la vigilancia, hostigamiento y amenazas que sufren los habitantes de esa comunidad indígena.

Igualmente demandaron transparencia e información pública de la ilícita documentación agraria y de los convenios que fabricaron autoridades de los tres niveles de gobierno para imponer el Parque Industrial en tierras de uso común de la localidad de El Pitayal.

Los comuneros indígenas insistieron en que se cancele el Parque Industrial que se edifica en tierras de uso común de San Blas Atempa y lamentaron la omisión de autoridades competentes, así como la “documentación ilícita y leonina”.

Finalmente, responsabilizaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Salomón Jara Cruz del clima de violencia, persecución, criminalización, amenazas, acoso y hostigamientos, así como de cualquier medida de presión, difamación, amenaza y agresión en contra de los habitantes de Puente Madera y de la APIIDTT.

Hicieron extensiva esa responsabilidad al secretario de Administración, Antonino Morales Toledo; el representante de Bienes comunales de San Blas Atempa, Cesar Octavio Morales Toledo; al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y a los líderes del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO) que se han prestado a las maniobras gubernamentales y las han facilitado.