JUCHITÁN, Oax. (apro).- Las agresiones contra comunidades y defensores del territorio, de los derechos humanos y medioambientalistas se incrementaron a partir de la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), reveló un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Al concluir su recorrido por cuatro comunidades en resistencia al Corredor Interoceánico, una Misión de Observación, que contó con la participación de 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, detalló que entre octubre de 2022 y julio de 2023 se registraron 31 eventos de agresión.

Abundó que los eventos se refieren principalmente a agresiones contra personas indígenas mixes y zapotecos, de los cuales en 21 casos se trató de intimidación, hostigamiento o amenazas.

Además, 11 fueron casos de violencia física y psicológica o desalojos forzosos; tres homicidios de personas defensoras; 43 casos de denuncias penales contra autoridades locales y defensores comunitarios del territorio, y dos casos de difamación en medios públicos de gran alcance.

Durante su recorrido de tres días, la Misión Civil de Observación registró violaciones de derechos humanos, enmarcadas en el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo, en contra de integrantes de pueblos y comunidades indígenas, la mayoría de las cuales involucran a la Marina y a la Guardia Nacional.

El recorrido de la Misión Civil

La Misión Civil de Observación se inició el martes 25 y concluyó este jueves 27, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y tuvo por objetivo documentar violaciones a derechos humanos y agresiones contra personas y comunidades defensoras, en el contexto del megaproyecto denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Durante el recorrido visitaron a personas y comunidades afectadas en la zona norte de la región, en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo; la conflictividad originada por el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla; y los desalojos y despojos encabezados por Anastasio Gutiérrez y su hermano en Santa Cruz Tagolaba.

Además, atestiguaron la criminalización contra la resistencia de comuneros de Puente Madera opositores a la instalación de un parque industrial en su territorio.

Las personas y organizaciones participantes en la Misión concluyeron que en la ejecución del CIIT se están cometiendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de esas zonas y de quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas.

Se refirieron en específico al derecho a la información, ya que las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a la construcción del megaproyecto y a las afectaciones de éste en sus territorios.

Igualmente consideraron violentados los derechos a la participación, a la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural, debido a que no se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada, de acuerdo con lo que establecen los estándares nacionales e internacionales.

También ha habido afectaciones a los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad personal y a la libertad de expresión, entre otras razones, debido a las agresiones físicas, hostigamientos y criminalización que están viviendo, sobre todo quienes están liderando la lucha por la naturaleza, la tierra y el territorio.

Derechos violentados

En la conferencia de prensa que se realizó este jueves 27 de julio, en Juchitán, Oaxaca, las organizaciones nacionales e internacionales expresaron su preocupación frente a los eventos de agresión registrados en el marco de la construcción del megaproyecto del Corredor Interoceánico.

Indicaron que en este año ha habido un aumento en las agresiones y aumenta el riesgo para la integridad de las personas defensoras que resisten ante ese megaproyecto.

Durante la Misión, las personas participantes atestiguaron incidentes de seguridad, como la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas.

El informe de la Misión insistió en que no se han realizado consultas orientadas a obtener el consentimiento de las comunidades ayuuk afectadas por el CIIT.

Violencia oficial

En contraposición, dijeron, se han registrado intervenciones violentas de la Marina y de la Guardia Nacional, como desalojos violentos, detenciones arbitrarias y criminalización contra personas defensoras en Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como amenazas y tentativas de despojo de casas contra pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.

En Santa María Mixtequilla también se documentó la intimidación de la Guardia Nacional a la Asamblea Comunitaria y diversos casos de represión contra personas que han mostrado resistencia al “Polo de Desarrollo” que se pretende construir.

De igual forma se documentaron ataques en la zona de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, donde se produjeron eventos de agresiones físicas, despojo, ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados en contra de comuneros, derivados de la especulación que provoca la ubicación del Corredor Interoceánico en un punto estratégico.

La comunidad binniza de Puente Madera ha sufrido una campaña de criminalización y difamación, así como una serie de agresiones, como las detenciones arbitrarias y la fabricación de delitos en contra de 17 defensoras y defensores opositores a la imposición del “Polo de Desarrollo” de San Blas Atempa, Oaxaca.

Integrantes de la misión alertaron además de la existencia de ataques e impactos diferenciados en mujeres indígenas defensoras que enfrentan agresiones, calumnias y difamación basadas en estereotipos de género y con cargas de sexualidad, lo que impacta también en su liderazgo, su rol comunitario y familiar.

Principales agresores

Entre las autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos señaladas durante la misión destacan la Guardia Nacional, la Marina, la Sedena, la Policía Estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, autoridades municipales y la Procuraduría Agraria. Fueron señalados también diversas empresas, grupos armados y caciques locales.

De acuerdo con el informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México que presentó el CEMDA, más allá del megaproyecto del CIIT, en general, Oaxaca ocupó el primer lugar en número de eventos de agresión entre 2019 y 2022

En un recuento de 2012 al 2018, Oaxaca se ubica como la entidad con mayores registros de ataques o eventos de agresión documentados.

Preocupaciones pendientes

Tras concluir su recorrido e investigación en torno al proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Misión de Observación señaló su profunda preocupación por el contexto de riesgo para quienes ejercen su legítimo derecho a la defensa del territorio y reafirmó que dará seguimiento a las violaciones documentadas.

Finalmente lanzó un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales competentes para que reconozcan y respeten los derechos humanos y colectivos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio, a la participación, al consentimiento previo, libre e informado, y la vida de los pueblos indígenas, bajo el estándar más alto de protección.

También demandó garantizar el derecho de acceso a la justicia y detener toda forma de amenaza y agresión contra los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza.

Exhortó a que se emprendan las acciones necesarias para garantizar un entorno seguro en el marco del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, para que puedan realizar su labor.

Y exigió que se provea a los pueblos indígenas de la información necesaria, suficiente, completa y culturalmente adecuada sobre el megaproyecto y todos sus componentes, como el gasoducto y los polos de desarrollo, para que puedan ejercer su derecho a la libre determinación.

Entre las organizaciones que participaron se encuentran CEMDA, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Front Line Defenders, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Servicios para una Educación Alternativa, Servicios y Asesoría para la Paz AC (Serapaz) y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Asimismo, Brigada Humanitaria de Paz Marabunta Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos (Red TDT) y Artículo 19 México.