CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México por los abusos cometidos en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, abre una oportunidad para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador modifique su política de seguridad púbica y “marque una diferencia” respecto al ex presidente Felipe Calderón, sostiene Simón Hernández León, representante legal de las víctimas.

A unos días de que el presidente del tribunal regional, Ricardo Pérez Manrique, diera a conocer el resolutivo, de cumplimiento obligatorio para México, Hernández León reflexiona sobre sus alcances más allá del reconocimiento de que García Rodríguez y Alpízar Ortiz,  fueron víctimas de graves violaciones a derechos humanos, entre ellos faltas al debido proceso, permanecer 17 años en prisión preventiva sin sentencia y tortura para autoinculparse e inculpar a otros en el homicidio de la regidora de Atizapan, María de los Ángeles Tamez, en 2001.

El abogado, coordinador de la Licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica “Minerva Calderón” de la Universidad Iberoamericana en Puebla, considera que la sentencia de la CoIDH sobre el caso García Rodríguez y Alpízar Ortiz, resulta “mucho más profunda y analítica, y estructurada”, sobre las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa,  mismas que ya habían sido abordadas por el tribunal regional en una sentencia previa, la de los hermanos Tzompaxtle Tecpile, en proceso de cumplimiento.

Celebra que en esta ocasión, la Corte regional haya sido más precisa sobre la necesidad de ajustar el marco normativo de México, “incluyendo las disposiciones constitucionales”, a la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que nuestro país es firmante.

“Hoy es claro e inobjetable que México es responsable internacionalmente por tener esas figuras en la Constitución, con este criterio se está diciendo que México y cualquier país de la región sometida a jurisdicción interamericana no deben bajo ninguna circunstancia constitucionalizar figuras que violan derechos humanos”, señala Hernández León.

Para el litigante la sentencia de la CoIDH “abre la discusión en materia de seguridad, porque tenemos 20 años con una política de seguridad que no ha sido efectiva, que ha estado centrada en medidas de excepción, en la militarización en la prisión preventiva y que hoy el Estado debe construir una política diferente”.

Considera que “seguir sosteniendo estas medidas ya resulta  incongruente con un discurso de derechos y con la evidencia empírica, más bien lo que tenemos es un debate de construcción de otras políticas y otros mecanismos de justicia, de justicia transicional, de cooperación internacional, de qué hacemos con los grupos armados y con los enclaves del narcotráfico”.

El abogado resalta que en el plano internacional el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU mantiene abierto un expediente, por el mismo motivo que la CoIDH, que debe responder por la solicitud de medidas provisionales, luego de que el 12 de marzo un Tribunal de Alzada del Estado de México confirmó una sentencia de 35 años de prisión en contra de Daniel García, el 27 de ese mes se le reingresó a prisión y cuatro días después se le liberó.

“Hasta ahora el Estado mexicano no ha dado una explicación lógica sobre por qué se reaprehendió a Daniel cuando Cancillería había dicho que no se le detendría hasta que no se resolviera en segunda instancia el juicio de amparo contra la sentencia de 35 años, proceso que está siendo analizado por un Tribunal Colegiado”, indica el abogado.

Hernández León apunta que precisamente el hecho que se mantenga abierto un proceso ante el Poder Judicial de la Federación, permitirá que la defensa de García Rodríguez solicite la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que permitirá no solamente pronunciarse sobre el caso en particular sin “establecer precedentes o jurisprudencia”, sobre el abordaje de los operadores de justicia ante casos de arraigo o de prisión preventiva oficiosa y los riesgos en materia de violaciones a derechos humanos, detectados por la Corte Interamericana”.

Recuerda que en la sentencia el tribunal regional instruye a los operadores de justicia de país a no operar medidas violatorias a derechos humanos, contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellas el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, ni mucho admitan pruebas sustentadas en actos de tortura.

“Lo que esperamos es que ahí la Suprema Corte haga un pronunciamiento importante sobre los procesos que son sustanciados con prueba bajo tortura, como sucedió con Daniel y Reyes, y que en la sentencia de 35 años no se tomó en cuenta”, apunta Hernández León.

El litigante confía en que la presidencia de Norma Piña al frente de la SCJN “pueda, decididamente y proactivamente, empezar a inaplicar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, en tanto se modifica la Constitución o no, y tomar esta sentencia como una posibilidad para marcar esta división de poderes en México”.

Simón Hernández insiste en que la sentencia de la Corte Interamericana es una oportunidad para que el presidente López Obrador marque una distancia con Felipe Calderón, con quien “se ha venido empatando en su política de seguridad y en su narrativa”.

“Es el momento de marcar distancia y decir ‘no podemos mantener la misma política de guerra contra el narcotráfico’ y replantear a partir de esta sentencia una política de seguridad distinta.

“Esperamos que el presidente tenga estos elementos de contraste y entienda que no es una postura para cuestionar a su gobierno o al proyecto político que encabeza, es algo que hemos venido diciendo con los gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto, y que esperaríamos que un gobierno de izquierda, sensible a la criminalización, al uso político de la administración de justicia, al encarcelamiento de las personas más pobres, hiciera eco de la sentencia de que estas políticas corresponden al imaginario y a otro tipo de gobiernos, no a un gobierno de izquierda”, sentencia Hernández León.