CIUDAD DE MÉXICO (Apro).– El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS) confirmó que su solución para regular la llegada de solicitantes de asilo a su frontera implica una negociación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que México acepte la devolución “en caliente” a su territorio de las personas que traten de ingresar sin documentos a Estados Unidos, especialmente los nacionales de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.

“El gobierno de Estados Unidos está actualmente en una consulta cercana con el gobierno de México, así como de otros socios extranjeros, para aceptar el regreso de nacionales de terceros países bajo el Título 8, incluyendo nacionales de Venezuela, después del retiro del Título 42”, señaló el DHS en su propuesta para la nueva medida fronteriza, que dio a conocer hoy.

El Título 8 es la norma que se aplicaba antes de la implementación del Título 42; bajo esta medida, las personas detenidas en su intento de cruzar sin documentos a Estados Unidos son –supuestamente– entrevistadas por agentes fronterizos, quienes las pueden deportar de manera inmediata en caso de considerar que no tienen una razón de miedo creíble.

Este documento oficial confirma la información que dio a conocer el "Washington Post" el pasado 9 de enero, según la cual los gobiernos de Estados Unidos y México están negociando en secreto para instaurar un nuevo proceso a través del cual se expulsarían “en caliente” a México a miles de solicitantes de asilo extranjeros.

Los rumores sobre una nueva medida migratoria ya despertaron alarmas entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el 'think tank' Oficina de Washington para América Latina (WOLA), que advirtió sobre la preparación de dos “nuevas medidas radicales para limitar el asilo en la frontera”, y señaló que ambas “se parecen a las políticas que la administración de (Donald Trump) había intentado aplicar”.

En el documento que dio a conocer hoy, el DHS planteó el temor de que la eliminación del Título 42, en mayo próximo, genere un enorme flujo migratorio hacia su frontera sur, lo que conllevaría un “aumento dramático” de las detenciones fronterizas.

Desde su aplicación, en marzo de 2020, el Título 42 ha sido utilizado por las autoridades de Estados Unidos para devolver a México a más de 2.5 millones de personas migrantes, utilizando a la pandemia de covid-19 como pretexto para hacerlo de manera automática. El gobierno mexicano, por su parte, ha aceptado la devolución de personas a su territorio, incluso en los casos de que no sean mexicanas.

“La regla propuesta busca desincentivar el aumento proyecto de la migración irregular y en su lugar incentivar a los migrantes a tomar caminos seguros, ordenados y legales hacia Estados Unidos, o a buscar protección en terceros países en la región”, planteó el DHS.

La nueva medida diseñada por el DHS establece el lanzamiento de una aplicación móvil, que agilizará los trámites para las personas que deseen solicitar asilo y les permitirá agendar citas con las autoridades correspondientes, bajo la condición de acudir a ellas en avión.

En contraste, el nuevo acuerdo implicaría un castigo para las personas que ingresan sin documentos a Estados Unidos y solicitan asilo una vez en el territorio: estas personas serán detenidas y devueltas a México de manera expedita bajo el Título 8, pues serán sujetas a una “presunción de inelegibilidad al asilo”. El Título 8 implica sanciones cada vez más graves en nuevos intentos de cruzar de manera irregular al territorio de Estados Unidos.

La medida se inspira en las nuevas modalidades de asilo para las personas de Venezuela, que fueron instauradas ante el disparo del flujo migratorio de naciones de este país sudamericano en la región. Los nacionales de Venezuela pueden aplicar al asilo en Estados Unidos siempre y cuando cuenten con una empresa patrocinadora en Estados Unidos, y que no hayan entrado sin documentos a Panamá, México o Estados Unidos.

Todas estas reglas, sin embargo, dependen de la “decisión” y de la “disposición” del gobierno de López Obrador a aceptar en su territorio a las personas devueltas por el gobierno de Estados Unidos bajo el Título 42 o el Título 8.