Europa
“Cerco a la solidaridad”: el hostigamiento judicial contra defensores de migrantes
Criminalizar sistemáticamente a los migrantes y a quienes los defienden se está volviendo la norma en toda Europa, según alertan las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.
La invasión rusa a Ucrania provocó un éxodo masivo de ciudadanos ucranianos que buscaban sobrevivir en Europa y que ahí fueron recibidos con los brazos abiertos. Esta situación, aplaudida por su humanitarismo, indigna a ciertos activistas que han pasado años luchando infructuosamente por que el continente europeo reciba de igual modo a quienes huyen de diversas guerras de África o Medio Oriente, como revela el informe “Europa: cerco a la solidaridad”.
París (Proceso).— El pasado viernes 13 el tribunal de Mitilene, Lesbos, anuló el juicio por “espionaje” contra 24 trabajadores humanitarios dedicados al rescate de migrantes en el mar Egeo. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y ONG internacionales llevaban meses denunciando la iniquidad de la acusación y los múltiples fallos del procedimiento judicial, entre los cuales destaca la falta de traducción del acta incriminatoria para los inculpados extranjeros.
La justicia griega, que no se da por vencida, insiste en que sigue investigando a los mismos 24 trabajadores humanitarios por “tráfico de migrantes” y “lavado de dinero”, con miras a un segundo juicio.
El fallo del Tribunal de Mitilene y la obstinación judicial griega hubieran probablemente escapado a la atención internacional de no ser por la presencia entre los acusados de Sara Mardini, joven refugiada siria.
Junto con Yusra, su hermana menor, Sara inspiró a la cineasta Sally El Hosaini para realizar la película Las nadadoras, que se estrenó en Netflix el pasado 22 de noviembre. La cinta refleja fielmente la terrible experiencia de las dos chicas.
La vida de Sara y Yusra empieza a tambalearse en 2011 con el inicio de la guerra civil siria. Radicadas con su familia en Daraya, un suburbio de Damasco, ambas sueñan con integrar el equipo sirio de natación para participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Pese a la dramática situación que prevalece en el país, logran entrenar diariamente bajo la autoridad de su padre, coach profesional, pero en 2015, bombas destruyen su casa y la alberca donde se foguean. Las hermanas emprenden el camino del exilio, dejando a sus padres en Siria.
Llegan primero a Turquía, donde contactan a coyotes que las llevan a Esmirna, en la costa del Egeo. Esperan bastante tiempo antes de poder subir de noche a un bote inflable para siete personas en el que los traficantes amontonan a 20. Salvo ellas, nadie sabe nadar. El motor no tarda en descomponerse, empiezan las filtraciones de agua, cunde el pánico. Sara se tira al agua, su hermana la sigue, ambas agarran cuerdas que cuelgan de cada lado de la lancha y empiezan a jalarla nadando. Luchan contra olas y corrientes durante tres horas y media. Finalmente la balsa alcanza tierra firme en Lesbos con todos sus pasajeros vivos.
Mientras la prensa europea reseña su epopeya, Sara y Yusra siguen su arriesgado camino por los Balcanes, pasan clandestinamente por Grecia, Macedonia, Serbia, Hungría y llegan a Berlín, donde obtienen asilo político
Nadadora-activista
Su sueño olímpico se mantiene intacto, pero sólo lo puede realizar Yusra, quien participa en los Juegos de Río en el Equipo Olímpico de Atletas Refugiados, creado a principios de 2016. El año siguiente la joven se convierte en la embajadora de Buena Voluntad más joven del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Sara, por su lado, renuncia al deporte de competencia e inicia estudios en ciencias económicas en Berlín, que interrumpe cuando el Emergency Response Centre International (ERCI), ONG griega de búsqueda y rescate de migrantes varados en el Egeo, solicita su colaboración. La joven vuelve a Lesbos, donde trabaja como socorrista voluntaria de la organización durante casi dos años.
El 21 de agosto de 2018 la policía la detiene en el aeropuerto de Mitilene cuando se apresta a tomar el avión para regresarse a vivir y estudiar en Berlín. Su vida vuela en pedazos. Las autoridades la mantienen encerrada una semana en una estación de policía y luego la trasladan al penal de alta seguridad de Korydallós, en las afueras de Atenas, donde pasa 107 días. Comparten la misma suerte Nassos Karakitsos, exoficial de las fuerzas navales griegas, y Seán Binder, buzo de rescate alemán, ambos integrantes del ERCI. Presionada por una intensa campaña internacional de protesta, la justicia griega acaba por liberar bajo fianza a los tres trabajadores humanitarios.
Vilipendiados en las redes sociales, atacados por partidos y organizaciones de derecha y ultraderecha, objeto de graves amenazas, los tres viven bajo tensión permanente, pendientes de sus juicios.
El primero, por espionaje, acaba de ser anulado. No se sabe cuándo se celebrará el segundo, por tráfico de personas y lavado de dinero, crímenes castigados hasta con 20 años de cárcel en Grecia. El ERCI ya no puede ejercer sus actividades.
El caso de Sara Mardini dista de ser la excepción. “Criminalizar” sistemáticamente a los migrantes y a quienes los defienden se está volviendo la norma en toda Europa, según alertan las instancias nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.
Numerosos son los informes que documentan esa “criminalización” y la “judicialización” que conlleva. Sobresale el que publicaron en noviembre de 2021 la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH): Europa: cerco a la solidaridad.
“Don Patera”
La OMCT y la FIDH hacen particular hincapié en casos emblemáticos de defensores de migrantes sometidos al mismo hostigamiento judicial “cínico y despiadado” que Sara Mardini.
Cada uno merecería ser reseñado. Entre todos destaca el de Mussie Zerai, conocido como Don Patera. Nacido en 1975 en Asmara, Eritrea, llegó a Italia en 1991 para reunirse con su padre, pero fracasó el reencuentro familiar y el joven de 17 años se quedó solo en Roma. Lo salvó el padre Peter, conocido cura que atiende a migrantes. Desde hace tres décadas Zerai sigue su ejemplo, dedicándose a los “más olvidados de los olvidados” primero como seminarista y luego como sacerdote.
Entre 2006 y 2017 Zerai, cuyo número de celular satelital circula entre los migrantes africanos que buscan llegar a Italia, funge de enlace telefónico entre guardacostas de Italia y Malta, barcos de rescate de ONG y migrantes en peligro de muerte en el mar. Esa labor, que cumple legalmente en colaboración estrecha con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y que acabó salvando más de 5 mil vidas, le valió ser nominado al Premio Nobel de la Paz en 2015.
“Eso no impide que se inicie un proceso en su contra”, subrayan los autores de Europa: cerco a la solidaridad. En 2017 la fiscalía de Trapani, Sicilia, notificó al sacerdote que había abierto una investigación judicial en su contra por “complicidad con traficantes de personas para la entrada de migrantes a Europa”. Zerai descubre que todas sus comunicaciones llevan meses siendo interceptadas en forma ilegal y que su expediente tiene alrededor 30 mil fojas.
Explota el escándalo. El Ministerio Público italiano solicita su absolución a los jueces sicilianos. En vano. Los fiscales de Trapani se obstinan durante cuatro años y medio, pero deben capitular por no encontrar pruebas fehacientes de los “crímenes” del religioso y el 26 de mayo de 2022 anuncian oficialmente su decisión de archivar el “caso Mussie Zerai”.
Llama la atención una extraña coincidencia: sólo un mes antes del fallo a favor de Zerai, el 29 de abril, Fabrice Leggeri, director ejecutivo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), renunció a su cargo. Lo llevó a tomar esa decisión una investigación de la Oficina Europea contra el Fraude que, según eurodiputados que pudieron consultarla, denuncia la implicación de Frontex en violentas expulsiones ilegales de migrantes en las fronteras exteriores de la Unión Europea y particularmente en la zona fronteriza marítima entre Turquía y Grecia.
El mismo 29 de abril el Consejo Ejecutivo de Frontex precisó que no abrirá diligencias contra Leggeri.
Eslovenia y Bélgica
Impedir el apoyo a migrantes es también el objetivo de las autoridades de Eslovenia, que no dejan en paz a la abogada Katarina Bervar Sternad, directora del Centro Jurídico-Informativo (PIC). Esa ONG asesora a personas y grupos vulnerables, ayudándoles a conocer y defender sus derechos.
Entre sus labores, el PIC monitorea la situación de los migrantes en Eslovenia y en las zonas fronterizas del país con atención especial a los casos de “devoluciones sumarias” o “devoluciones en caliente”. Así se llaman las expulsiones de inmigrantes irregulares sorprendidos en el momento en que intentan cruzar las fronteras. Son muy frecuentes en esa pequeña nación de la antigua Yugoslavia.
En 2018 Bervar visitó campos de Bosnia y Herzegovina en los que se apiñan centenares de migrantes víctimas de estas expulsiones forzadas por parte de fuerzas policiacas eslovenas y plasma el resultado de su investigación en un informe implacable que causa revuelo en el país.
Unos meses más tarde, oficiales de policía demandaron a la abogada, acusándola de “hostigar” a sus agentes. La fiscalía desestima la acusación, no por absurda sino por “falta de pruebas”. Zmago Jelincic, parlamentario del Partido Nacionalista Esloveno, toma entonces el relevo al lanzar a su vez una acción judicial contra Bervar por tráfico de personas. La directora del PIC aguanta estoicamente densos interrogatorios. Y otra vez se abandona el proceso por “falta de fundamento”.
“Estos procesos agobian”, confiesa a los autores de Europa: cerco a la solidaridad. “He recibido graves amenazas por teléfono. Gasté mucho tiempo y energía en defenderme. Es una presión constante que tiene repercusión en mi vida personal. Además pienso que hay un sesgo de género muy fuerte en todo eso. No creo que el hostigamiento hubiera sido igual con un hombre. Resulta claro que se intenta mandar un mensaje a otras organizaciones. Si se puede atacar al PIC, una de las principales organizaciones de Eslovenia, ¿qué puede pasar con unas más pequeñas con menos recursos y apoyo?”.
En 2017 es con la misma acusación de tráfico de personas que autoridades belgas empiezan a ensañarse contra Anouk van Gestel, quien alberga en su casa a Moha, un menor de edad de origen sudanés, y comete la imprudencia de aludir por teléfono a la posibilidad de que el joven se traslade clandestinamente a Inglaterra. Esa conocida periodista, jefa de redacción de la edición belga del semanario Marie Claire, ignora que la línea telefónica de su interlocutora, también muy activa en redes de solidaridad con migrantes, está interceptada por la policía.
Al alba del 20 de octubre de 2017, siete policías irrumpen en su departamento, lo revuelven todo, confiscan sus celulares y computadoras y la llevan esposada a la delegación de policía de Dendermonde, a 30 kilómetros de Bruselas. Esa misma noche se detiene en forma idéntica a 11 personas más. Tres son anfitriones de migrantes, como la periodista; los demás son migrantes. Exhibidos en los medios como integrantes de una red de traficantes de seres humanos, todos viven una epopeya judicial de suma complejidad, conocida en Bélgica como “Juicio de la Solidaridad”, que dura cuatro años y trastorna sus vidas.
En diciembre de 2018 llega la primera sentencia del tribunal de Bruselas. Los cuatro anfitriones son absueltos. Siete de los migrantes detenidos están condenados a multas y penas de prisión suspendidas al haber cumplido la prisión firme durante el tiempo de cárcel preventiva. Para el octavo migrante –ausente en el juicio– la condena está en firme.
En enero de 2019 el Ministerio Público apela esa decisión y en marzo 2021 se abre un nuevo juicio. Dos meses más tarde –el 26 mayo– la sentencia marca el fin de este largo proceso y confirma la absolución con un importante mensaje: en Bélgica alojar a indocumentados no es un crimen.
A lo largo de todos estos años Van Gesten enfrenta campañas de difamación impulsadas en particular por la derecha y extrema derecha flamencas. En las redes sociales sus detractores multiplican sórdidas alusiones sexuales para denigrar su relación con su joven protegido sudanés. Se multiplican las amenazas de muerte en su contra y contra sus hijas.
Lejos de quebrantarla, esa experiencia difícil la induce a dejar el periodismo para dedicarse exclusivamente a la causa de los migrantes en el marco de distintas estructuras de solidaridad, en particular en Plataforma Ciudadana, influyente ONG belga.
A finales de febrero del año pasado Van Gesten no da crédito cuando ve la velocidad y la eficacia con las que se moviliza la Unión Europea para atender a los ucranianos que huyen de la invasión de su país.
En Bélgica, como en los demás países europeos, son acogidos con los brazos abiertos, reciben de inmediato estatus legal que les permite trabajar, cobrar subsidios y ser atendidos médicamente. Están hospedados en viviendas facilitadas por autoridades regionales y municipales, o albergados por ciudadanos benévolos que en ciertos casos pueden solicitar compensaciones económicas por su solidaridad.
La periodista, por supuesto, aplaude semejante movilización, pero se indigna ante la “descarada política de dos pesos, dos medidas” de la Unión Europea.
El Acnur, Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y todas las demás organizaciones de defensa de los derechos humanos califican de discriminatoria la política de los Estados miembros de la UE que acogieron a 4 millones 800 mil ucranianos en menos de un año y a 1 millón de sirios en 12 años de guerra.
“La respuesta positiva de la UE ante el desplazamiento masivo de ucranianos debido a la invasión de su país por Rusia en febrero de 2022 contrasta notoriamente con el trato abusivo de migrantes y solicitantes de asilo oriundos de otras regiones del mundo. Un año después de la toma del poder de los talibanes, los países de la Unión Europea rechazan cada vez más solicitudes de asilo de migrantes afganos”, insiste HRW.
Múltiples son los ejemplos de esa política de doble estándar que siempre existió, pero que la situación migratoria generada por la guerra en Ucrania evidencia en forma cruda.
A la vez que abren las puertas a los ucranianos, los miembros de la UE multiplican y consolidan acuerdos financieros más y más onerosos con Libia, Turquía, Marruecos, Mauritania, Senegal, Níger y últimamente con Egipto para que las autoridades de esos países impidan que los migrantes alcancen Europa, sin preocuparse en absoluto de sus “tétricos balances” en materia de derechos humanos ni de los sórdidos campos de detención donde acaban sobreviviendo “los indeseables”.
Los gobiernos de Gran Bretaña y Dinamarca, dos Estados que no forman parte de la Unión Europea, acogen sin problemas a los ucranianos y al mismo tiempo pretenden confiar a Ruanda la gestión administrativa de los solicitantes de asilo de África, Asia o Medio Oriente, mediante contratos financieros.
Gracias a esos contratos, presentados por las partes como “convenios de cooperación en materia de asilo”, las autoridades británicas y danesas podrán expulsar por avión a ese pequeño país africano –que no destaca por su respeto de los derechos humanos– a los migrantes indocumentados que se encuentran en su territorio.
El primer avión británico con 130 migrantes de Irán, Irak, Siria y Albania no pudo despegar para Kigali el pasado 14 de junio, tal como lo deseaba el entonces primer ministro Boris Johnson. Lo paró una decisión provisional de urgencia tomada el día anterior por la Corte Europea de Derechos Humanos que investiga la demanda de un solicitante de asilo iraquí amenazado por ese vuelo inaugural de expulsión forzada.
