CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El constante desdén del presidente Andrés Manuel López Obrador contra víctimas de violaciones de los derechos humanos ha encontrado eco en la CNDH, organismo que, tras cinco años del gobierno de la 4T, padece una crisis interna entre quienes defienden su carácter autónomo y su presidencia, cada vez más alineada al gobierno federal que impulsa el creciente poder de las Fuerzas Armadas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es uno de los organismos públicos al cual se le exige contrapesos por su naturaleza autónoma. Sin embargo, ahora se ha caracterizado por estar más alineada a los intereses federales. 

Uno de los momentos críticos ocurrió el 23 de octubre último, cuando todos los integrantes del Consejo Consultivo renunciaron por la indiferencia de su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, a la que señalan de apegarse al mandato presidencial por haber sido impuesta en su cargo.

Ante el nombramiento de Piedra, polémico por su injerencia con la autonomía del organismo, además de no contar con experiencia en la protección de los derechos humanos, llegó el segundo Consejo Consultivo.
 
La encomienda de los consejeros es analizar documentos y estudiar las causas. Sin embargo, algunas de sus conclusiones fueron consideradas adversas a la 4 desde un punto de vista político. 

La presidenta de la CNDH desdeñó los procedimientos y mantuvo desde el inicio una relación distante con su Consejo, todos expertos en materia de derechos humanos. Al final, las afrentas generaron burlas por parte de Piedra, además de ignorar toda recomendación del órgano moral dentro de la institución. 

Exconsejeros relataron a Proceso algunos de los choques con su presidenta, situación que los empujó a renunciar a la CNDH.

Gritos y burlas

Bernardo Romero Vázquez, uno de los seis integrantes del Consejo Consultivo que renunció, relató a Proceso Digital que, por ejemplo, leían y se preparaban para aportar en las sesiones, pero al final “no servía de nada porque ni la presidencia, ni Francisco Estrada (secretario ejecutivo), que es el que maneja todo, no escuchaban y todo lo tomaban como un ataque”. 

A cualquiera que emitiera una crítica o señalamiento a las decisiones presidenciales, Piedra Ibarra los convertían en enemigos. “La presidenta lo dijo más de una vez y lo único que ellos esperaban es que les aplaudiéramos y les dijéramos a todo que sí, lo cual no es el trabajo de un consejo”. 

En las sesiones, y por un trabajo en el que no recibían remuneración, “era una constante amenaza, eran muy pesado, muy difícil; nos gritoneaba, es una vergüenza. Yo una vez le dije: ‘Que quede en actas que la presidenta se está riendo de lo que estoy diciendo’, y dice la señora: ‘Sí, me estoy riendo’. Son cosas muy graves”, detalla quien también fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro.

Los consejeros de la CNDH posponían sus trabajos remunerados y desatendían asuntos personales para dedicarle tiempo al análisis de los materiales y hacer propuestas. “Lo mínimo que esperaba es que me escucharan con respeto”, agrega Romero.  

De acuerdo con los testimonios recabados, Piedra Ibarra intentó varias veces bloquear y boicotear el trabajo del Consejo, con una propuesta de reforma que entregó al Senado, con la finalidad de quitarle funciones y castigarlos “cuando le dé la gana”, además de tener un lineamiento para removerlos fácilmente, lo cual no fue necesario porque, en protesta, los seis consejeros dejaron su puesto. 

El experto en materia de derechos humanos aclara: “Tenemos filiaciones diferentes, cada uno de los seis fuimos postulados por partidos distintos; quiere decir que no estamos contra la 4T ni de Morena; estamos contra los abusos y arbitrariedades de la presidenta y de su secretario ejecutivo, y de lo mal que hacen las cosas. Tampoco es un problema personal ni político, como insinuó la señora presidenta alguna vez”.

Aun cuando se aprobaban reformas, competencia del Consejo, la presidenta les aseguraba que no las publicaría, y lo cumplió. 

Una propuesta que ignoró Piedra fue interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Aguas de Querétaro, “que obviamente es inconstitucional”. Además, “les pedí que siguieran el caso de la masacre que ocurrió el Estadio Corregidora y no quisieron”. 

El 24 de junio de 2022 la CNDH publicó un “extrañamiento” al consejero Bernardo Romero y emitió un exhorto al Senado a efecto de clarificar la actuación y reglas de comportamiento de los miembros del Consejo Consultivo; la medida fue por declarar en el programa “Presencia Universitaria”, de la Universidad Autónoma de Querétaro, “la necesidad de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del estado”. 

Tania Espinosa, también exconsejera consultiva y coordinadora del Programa de Leyes para Latinoamérica, en “Mujeres en el Empleo Informal Globalizando y Organizando”, recuerda que una de las advertencias de Piedra fue que ese equipo estaba para dar consejos, pero no tenía la obligación de seguirlos por ser un órgano moral dentro de CNDH. 

En la ruta del desmantelamiento de este consejo, aunque en sus obligaciones estaba aprobar el reglamento y les fuera presentado el presupuesto de la Comisión para emitir observaciones, en los casi dos años de ese equipo “nunca tuvimos ese proyecto de presupuesto en nuestras manos para poder hacer lo que establece la ley”.

En la aprobación del reglamento, lo publicado en el Diario Oficial de la Federación era distinto a lo que se aprobaba en las sesiones porque eliminaban fragmentos con los que la presidenta no estaba de acuerdo.

Esos elementos deterioraron la relación. Para Adalberto Méndez López, consultor internacional en materia de Derechos Humanos, desde el primer año la relación y el proceso fueron complicados.

“Creo que muchos consejeros, yo mismo, nos queríamos ir ya el primer año, pero la verdad es que, ante un órgano que se ve que está cooptado por el oficialismo -y esa es una consideración personal-, lo correcto era quedarse a hacer un contrapeso. En este país todo el mundo renuncia a la primera y nadie se queda a dar la batalla. Hay que renunciar cuando ya uno no tiene más que hacer”, asegura.

El exconsejero añade que “ya no éramos contrapeso porque la presidenta empezó a utilizar tácticas violatorias de la ley, que era validar quórums con interpretaciones a conveniencia, contraviniendo la ley”, pero consideró que históricamente el Consejo Consultivo lo han conformado integrantes cómodos para el titular en turno. 

Tania Espinosa relata otro acto violatorio que considera absurdo: “Ella decidió sesionar sin quórum y en una de las ocasiones con solamente un consejero de seis, lo cual es indebido”. Pero más adelante, al votar una acta en otra sesión, ya con el resto de consejeros, votaron tres en contra y dos en favor (el de la presidenta y el único consejero), pero Piedra la dio por aprobada y al ser cuestionada respondió: “`No importa porque como solamente asistimos nosotros dos, solamente nosotros dos tenemos que votar”. Concluyeron, dice Esepinosa, que “nuestra presencia no importaba, nuestros votos no importaban y la ley tampoco importaba”.  

Choque por la Guardia Nacional

Uno de los temas que marcaron el distanciamiento total del Consejo Consultivo y la presidencia de la CNDH fueron sus posiciones ante la iniciativa presidencial de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, con una recomendación aprobada por los consejeros y que la presidencia utilizó, a juzgar por los especialistas, con fines políticos apegados al oficialismo. 

“El presidente anuncia que va a presentar esta iniciativa para incorporar la Guardia Nacional al Ejército; se tiene sesión con ella (con Piedra), se le dan todos los argumentos, se le alerta que esto es regresivo, violatorio al marco constitucional, que incumple con estándares de derechos humanos; ella dijo que escuchó y que tomará su decisión, repitiendo que ‘no les tengo que obedecer, y yo decidiré lo que lo que vamos a hacer’”, relata Espinosa. 

En los siguientes días Piedra publicó un comunicado de 16 páginas, a nombre de la CNDH, donde afirmó que no presentará acción de inconstitucionalidad por considerar que el Ejército es la vía de pacificación para el país. 

“En esas páginas encontramos argumentos políticos, y la CNDH no es un órgano político, no es la Cámara de Diputados, de Senadores; es un organismo jurídico que tiene como mandato proteger los derechos humanos”, explica. 

Puntos de presión

Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el poder que en este sexenio se ha dado al Ejército “es inédito, surge de más de diez cambios legales profundos que vamos a tardar en revertir y genera hoy un escenario muy preocupante para los derechos humanos”, por esa razón, el balance negativo “quedó marcado con la profundización de la militarización”.

Coincidió en que “para la historia va a quedar ese comunicado farragoso de 15 cuartillas (...)  Su silencio constante en estos casos ha sido una expresión de su pérdida de autonomía”, asegura.

El otro momento álgido fue un comunicado de la CNDH contra el Instituto Nacional Electoral (INE), relacionado con el archivo 46/2022, en el que “recomienda la transformación del INE y reivindica el derecho del pueblo a la democracia. 

“Lo que en realidad sucedió es que el Consejo aprobó una recomendación general que hace un recuento histórico de hechos entre los años 50 y 60 sobre la reprensión del PRI en diferentes movimientos sociales... ¡En esos años ni siquiera existía el INE!”, aclaró Tania Espinosa, quien también fue directora general del Centro Jurídico para los Derechos Humanos. 

La Constitución establece que la CNDH no tiene facultades en asuntos electorales, “se comunica de manera manipulada porque no era una recomendación para el INE, no se habla de todo el otro contenido importantísimo (que incluía a la Sedena) porque en realidad la importancia de esa recomendación es que no se repitan los hechos de los años 50 y 60, para que en efecto haya democracia en el país”.

Ese objetivo “se anula en el momento que se comunica como una recomendación con tintes políticos, en un momento en el que el presidente está atacando constantemente al INE y básicamente lo que se deja saber desde la CNDH es que se unen a ese ataque del presidente”.

Para el filósofo y encargado del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro, Bernardo Romero, la CNDH “está del lado del poder; hay que aclarar que no está del lado del gobierno federal; está del lado de los gobiernos, no importa de qué filiación política, pueden estar en favor del gobierno de Morena o del PAN. En Querétaro gobierna el PAN y hay una obvia colusión entre la Comisión Nacional y el gobierno del estado a través de la Defensoría Estatal de Derechos Humanos”. 

Los exconsejeros coinciden en que la mala gestión de Piedra Ibarra no significa que antes la CNDH tuviera mejor dirección.

Adalberto Méndez expone: “Sí creo que la CNDH lleva un proceso gradual de descomposición. Raúl González Pérez no hizo una buena gestión, Raúl Plascencia tampoco, y así nos podemos ir... El problema con la actual titular no es que los anteriores hayan sido mejores, es que ella es peor”. 

Para Romero, “no es que Rosario Piedra sea la única que haya hecho una mala gestión”; y recuerda “el caso de la señora Ernestina, una indígena violada y asesinada por soldados en Veracruz, cuando José Luis Soberanes era el presidente de la CNDH,     quien dijo que se trató de una “muerte natural”, para proteger al Ejército. 

El caso fue revelado en febrero de 2007 por Proceso, por la entonces corresponsal Regina Martínez, asesinada en abril de 2012. Hace tres años el presidente López Obrador se comprometió a esclarecer ese crimen, sin que a la fecha haya avances más allá de la versión oficial de que se trató de un robo y crimen pasional.
Como parte del destino de la CNDH, Romero espera que la renuncia del Consejo llame la atención de los senadores para revisar la cantidad de contradicciones con la Constitución. También  pide analizar la función de quien preside la CNDH y de los consejeros para que sea un contrapeso y no comparsa.

Tania Espinosa alerta que “hay que tener el radar bien prendido y sintonizado” en torno a la posibilidad de reelección de Rosario Piedra, que debería ser “completamente inviable” por el antecedente de que le han renunciado dos de sus consejos; “sin embargo, en un país como México todo es posible” y de llegar otra persona llama a que se haga escrutinio público para que el Senado cumpla con los requisitos de independencia y autonomía. 

También sugiere una revisión a la institución con acompañamiento de la sociedad civil, que sea estructural, temática y financiera, sobre todo cuando tienen amplio presupuesto con resultados “dudosos”; así como una consulta con víctimas para redefinir la actuación de la Comisión que trabaja para ellas.

El exconsejero Méndez destaca el necesario debate para reformar a la CNDH, pero no cuando el poder legislativo esté cooptado por el oficialismo, de lo contrario su destino será avanzar hacia una institución decorativa.