WASHINGTON (apro).– El juez federal Dennis Saylor, de la Corte en Boston Massachusetts, desechó la demanda civil interpuesta por el gobierno de México en contra de ocho empresas estadunidenses fabricantes de armas, al considerar que la querella está prohibida por leyes federales.

“Desafortunadamente para el gobierno de México, todas sus denuncias o están prohibidas por las leyes federales (estadunidenses) o no tienen sustento por otras razones”, escribió el juez Saylor en su fallo, descrito en unas 40 páginas.

Las ocho empresas demandadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México habían presentado argumentos para desestimar la demanda aludiendo a que las leyes de Estados Unidos los protegían de demandas basadas en argumentos extraterritoriales.

“La Ley sobre Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) de manera inequívoca prohíbe demandas que buscan responsabilizar a las empresas que manufacturan armas por actos que cometen individuos que usan armas para sus propósitos personales”, enfatizó el juez en su fallo en contra del gobierno mexicano.

Saylor incluso reconoce que aunque existen algunas excepciones sobre los argumentos como el de la SRE, “ninguno se aplica aquí”, en referencia a la demanda civil interpuesta por México.

Las ocho armerías demandadas por México son: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A., Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES.M.B.H.; Strum, Ruger & Co.; Witmer Public Safety Group, e Interstate Arms.

Los armeros que obtuvieron la victoria con la decisión de Saylor insistían en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretendía involucrar a la Corte en una disputa diplomática con leyes estadunidenses avaladas por el Congreso federal en Washington.

“Esta Corte no tiene la autoridad para ignorar las leyes aprobadas por el Congreso, ni es su papel dividir posiciones para evitar comandos estatuarios aun cuando la denuncia pueda evocar una respuesta empática”, resaltó el juez Saylor.

El magistrado indicó que aunque comulga con las quejas sobre el sufrimiento del pueblo de México víctima de la violencia en la que están involucradas las armas manufacturadas en Estados Unidos, “es su responsabilidad cumplir con la ley”, por lo que desecha la demanda.

El gobierno mexicano sostiene que su demanda, al ser aceptada y materializada en un juicio contra los armeros, no generará ninguna demanda judicial posterior dentro de los Estados Unidos ni fuera de las jurisdicciones de este país.

La explicación del juez sustenta que la PLCAA da inmunidad ante cualquier demanda de una nación extranjera a los fabricantes de armas de los Estados Unidos, ya que una violación de la ley produciría acciones similares en contra de ellos por diferentes entidades.

Se espera que la Consultoría Jurídica de la cancillería mexicana anuncie a través de sus abogados si apelará a la decisión de Saylor, que de hacerlo según expertos, también sería negada la solicitud con base en la explicación del magistrado sobre las leyes estadunidenses como la PLCAA, que técnicamente dio la victoria a los armeros.